Bolivia y otras 10 jurisdicciones deben todavía aplicar serios avances en sus regímenes antilavado de dinero, debido a que no han corregido “la mayoría de los aspectos señalados en el plan de acción acordado con el GAFI”, luego de que fueran incluidos en las listas publicadas en febrero de 2010 por tener débiles sistemas de combate de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo.
El ente multilateral, que tiene sede en Paris, criticó a las naciones por ano mostrar serios avances, a pesar de tener entre 6 meses y más de un año de plazo otorgado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). GAFI anunció que pudiera considerar a estas jurisdicciones “no cumplidoras” si fallan en aplicar mejoras antes del mes de junio próximo. Además, pudiera pedirles a sus miembros que “incrementen el riesgo debido a las deficiencias” que presentan los siguientes países: Angola, Bolivia, Etiopía, Kenya, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Siria, Turquía y Trinidad y Tobago.
Inicialmente, en febrero de 2010, el GAFI incluyó en la lista a 28 países que con cumplían con los estándares del grupo y que había acordado aplicar mejoras; no obstante, la lista ha sido modificada en varias oportunidades.
En el caso de Bolivia, el único país latinoamericano incluido en esta categoría, debe trabajar en hacer frente a estas deficiencias:
· Garantizar la adecuada tipificación como delito de blanqueo de capitales (Recomendación 1).
· Adecuadamente criminalizar la financiación del terrorismo (Recomendación Especial II).
· Establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de activos terroristas (Recomendación Especial III).
· El establecimiento de un pleno funcionamiento y eficaz Unidad de Inteligencia Financiera (Recomendación 26).
En su “Lista Negra” de países de riesgo sustancial de lavado de dinero el organismo mantuvo solo a Korea del Norte e Irán. De esta forma, reafirmó que las instituciones financieras de los 36 miembros que integran al organismo deben tener cuidado cuando manejan transacciones con las dos naciones “blacklisted”.
Argentina, que no fue incluido en la lista, logró un acuerdo con el GAFI la semana pasada, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera aprobara 22 nuevas regulaciones para regular distintos sectores, como respuesta a las advertencias hechas por los técnicos del organismo en el reporte de evaluación mutua de octubre del año pasado. El informe alertaba sobre las posibilidades de que la nación suramericana fuese el segundo miembro del G-20 incluido con posibilidades de ser incluido en la lista gris desde el año pasado.
En diciembre de 2009, en unos cables diplomáticos publicados por Wikileaks.org, un funcionario estadounidense dijo que “algunos contactos de la embajada estadounidense alegan que los líderes argentinos, incluida la presidenta, carecen de un intento honesto y vigoroso de perseguir el lavado de dinero”. El GAFI anunció el plan de acción de Argentina, pero no dio detalles al respecto.
Los que se mantienen “gris”
En el caso de la llamada lista gris, el ente multilateral emitió una actualización del grupo de jurisdicciones “que tienen deficiencias ALD / CFT estratégicas, por las que han acordado un plan de acción con el GAFI”. Estos países han suscrito un acuerdo escrito de alto nivel para corregir las deficiencias, lo cual “es bienvenido”.
Aunque no todo el grupo de naciones ha sido evaluado, el GAFI mantuvo a Ecuador, Honduras, Paraguay y Venezuela, así como a otras 16 naciones, en esta lista.
En el caso de Venezuela, GAFI reconoce que las autoridades han implementado controles en el sector de los “securities”, pero destaca que no posee un “adecuado sistema para criminalizar el terrorismo” y para confiscar bienes relacionados a los grupos terroristas. Además, indicó deficiencias operativas y de efectividad de la unidad de inteligencia financiera.
Por parte de Paraguay, los técnicos del ente destacaron la decisión de prohibir las cuentas anónimas. Los aspectos negativos destacados también se relacionan con el terrorismo, ya que el país necesita aumentar su efectividad en la detección, congelamiento y confiscación de los bienes de los grupos terroristas. También fueron exigidos más controles para combatir el tráfico transfronterizo de efectivo.
En relación a Honduras, señala que en octubre de 2010, “el gobierno hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para enfrentar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde octubre, Honduras ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluyendo la promulgación de legislación que tipifica como delito la financiación del terrorismo. Sin embargo, el GAFI ha determinado que las deficiencias estratégicas ALD / CFT persisten. Honduras debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: (1) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos del terrorismo (Recomendación Especial III), (??2) garantizar el pleno y eficaz funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (Recomendación 26) y (3) la mejora y ampliación de medidas de debida diligencia de los clientes (Recomendación 5). El GAFI insta a Honduras para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción”.
Los señalamientos contra Ecuador –país que el pasado año sostuvo fuertes enfrentamientos con el GAFI por haber sido incluido en la lista negra, de la cual luego fue removido al adoptar un plan de acción- también se relacionan con la identificación el congelamiento de los bienes terroristas, pero además el organismo destaca la necesidad de ser aumentar la efectividad en la confiscación del dinero legitimado y en la supervisión del sistema bancario. GAFI reconoció que el gobierno ha aprobado algunas enmiendas relacionadas al antilavado de dinero y el contra financiamiento del terrorismo.
Críticas al organismo
Que luego de la sesión plenaria del organismo realizada en Paris no se emitiera ningún comentario sobre la inestabilidad de las naciones árabes, incluyendo Túnez, Egipto y Libia, pudiera indicar que las advertencias del GAFI no están siempre en sintonía con los eventos actuales, indicó Simon Charlton, director de servicios de consultoría financiera de Deloitte en Dubai.
“El gran tema que se está moviendo es cómo las instituciones financieras monitorean las cuentas y las transferencias y reaccionan a los eventos del Medio Oriente y el norte de África, y cómo las instituciones financieras de los países que mantienen cuentas de los líderes gubernamentales y sus asociados están siendo vistas por los bancos corresponsales extranjeros”, dijo el consultor.
La revisión de esta lista fue parte de la sesión plenaria del organismos realizada el pasado viernes, cuando también se conversó sobre la necesidad de que la organización revise sus recomendaciones sobre el monitoreo de personas expuestas políticamente (PEP).
La adopción de este cambio crearía una laguna importante que permitiría el pago de sobornos de los dirigentes extranjeros a sus asociados sin un control adecuado, dijo Anthea Lawson, directora de la campaña de lucha contra la cleptocracia de Global Witness en Londres. “Ellos no solo legitiman dinero con esas cuentas, ellos las usan para pagarle a personas”, afirmó.
Otra revisión propuesta a consideración es sobre la revisión de la definición de PEP para incluir a los miembros de la familia y asociados, según informó el Wall Street Journal la semana pasada, citando fuentes oficiales anónimas. Cualquier cambio a las recomendaciones del GAFI será finalizado el mes de octubre.
Las instituciones financieras estadounidenses usualmente siguen proactivamente cualquier revisión que el GAFI hace de las recomendaciones para adaptarlas localmente, ya que son usualmente los mejores estándares, señaló Stoeckert, ex oficial de cumplimiento y ahora es asociado de la firma Booz Allen Hamilton en la ciudad de San Francisco (USA).
