Desde su creación en 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha sido un organismo intergubernamental creado para elaborar políticas nacionales e internacionales orientadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su sede es en Francia y cuenta con 35 miembros.
En 1990 el organismo desarrolló las recomendaciones antilavado de dinero, las cuales fueron revisadas en 1996 y en 2003, cuando se emitieron definitivamente las 40 Recomendaciones ALD. Mientras que las 9 Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo fueron elaboradas en 2001 y revisadas en 2004. Estas 40 + 9 Recomendaciones han sido la principal referencia para reguladores, instituciones financieras y sujetos obligados en general, convirtiendo al GAFI en el centro de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en el mundo.
En su reunión del 2004, los miembros acordaron extender la existencia del grupo hasta el 2012, mediante un mandato de 8 años que fue ratificado en abril de 2008. Sin embargo, la publicación de su más reciente “lista negra” ha generado una fuerte oposición en Latinoamérica, que pudiera cuestionar su influencia y permanencia en la región.
La “lista” de la discordia
En una situación sin precedentes, los jefes de estado y de gobierno reunidos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en México, manifestaron su rechazo a la inclusión de Ecuador en la “lista negra” de 8 naciones que presentan graves deficiencias en su estructura ALD y CFT emitida por el GAFI el pasado jueves 18 de febrero.
Los mandatarios de 33 naciones respaldaron las quejas del presidente de Ecuador, Rafael Correa, al indicar mediante la resolución “su preocupación por la decisión adoptada por el GAFI”. El organismo le recomendó a sus afiliados considerar el riesgo relacionado a estas jurisdicciones. El GAFI también emitió un segundo listado –lista gris- de 20 naciones que presentan deficiencias, pero que han mostrado un compromiso serio para mejorar sus estructuras ALD y CFT. En este grupo fueron incluidas Bolivia y Paraguay.
“Mi postura es no poner la más mínima atención a lo que diga o deje de decir el GAFI. Mi deseo es crear una instancia general que luche contra el crimen organizado y que responda ante nuestros pueblos”, expresó el primer mandatario ecuatoriano haciendo una clara alusión a la necesidad de crear un organismo alterno al GAFI, lo que pudiera reducir la influencia del organismo en la región y que, incluso, pudiera generar que Ecuador se retire del organismo, tal como lo declaró a medios locales el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño.
Además de los motivos políticos, la inclusión de Ecuador en el listado traerá consecuencias al sistema financiero. “El estar incluidos en la lista negra, significa que subirá el indicador de riesgo país, lo que provocará que las instituciones financieras internacionales disminuyan sus inversiones de riesgo en el país. Por otra parte, sin duda significará una mayor carga de cumplimiento para el sistema financiero ecuatoriano”, explicó John Saavedra, oficial de cumplimiento de Vazcorp Sociedad Financiera.
Saavedra señaló que Ecuador “ha adoptado las medidas pertinentes de acuerdo a los estándares internacionales. La Superintendencia de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera, han realizado importantes avances, se han expedido las resoluciones apropiadas. El sistema financiero ecuatoriano tiene programas de cumplimiento muy efectivos (…) El GAFI ha reconocido los avances del Ecuador en términos generales, pero quizá ha observado que no existe un compromiso claro, al más alto nivel”.
Adicionalmente, un técnico del GAFI –que pidió no ser identificado- explicó que un elemento importante que motivó la inclusión del país suramericano en la lista, fue “la carta que Ecuador había presentado en un grupo de trabajo, en la que dice que no tiene ningún interés en el tema ALD”.
Organismo vertical
Los asistentes a la Cumbre de la Unidad emitieron fuertes críticas contra el organismo, al expresar su preocupación “por las deficiencias en los procedimientos del GAFI, en particular por sus procedimientos en la toma de decisiones”.
Esta no es la primera vez que el GAFI recibe críticas de este tipo. Ya en el año 2008, “los grupos sectoriales de la industria financiera dijeron que el GAFI aplica un proceso vertical de elaboración de políticas”, según indicó Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com (Washington, D.C.) a Lavadodinero.com (GAFI trabajará con el sector privado para fijar estándares ALD).
El GAFI decidió solicitar más opiniones al sector privado para elaborar políticas que serían aplicadas en los sistemas financieros mundiales. En ese entonces, el organismo anunció que conversaría con las instituciones financieras y otras entidades comerciales privadas en reuniones sectoriales y foros consultivos a medida que elabore sus políticas para combatir las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo.
Problema en tierras gauchas
Los problemas para el GAFI pudieran incrementarse, especialmente con Argentina, luego de que se conozca públicamente el informe sobre la evaluación mutua realizada a este país por los técnicos del organismo multilateral en diciembre de 2009. Para el venidero mes de abril está previsto que el gobierno de Argentina reciba el informe preliminar del GAFI, aunque la presentación del informe final será en la reunión plenaria del GAFI en octubre de este año.
Extraoficialmente fuentes del GAFI le confirmaron a Lavadodinero.com que la estructura antilavado y contra el financiamiento del terrorismo de Argentina recibirá duras críticas, especialmente por los problemas presentados en la Unidad de Información Financiera (UIF), donde presuntamente han sido removidos sus directores y parte del personal técnico por razones ajenas a su desempeño ALD y CFT. “Todos los cambios en la UIF local son por razones totalmente políticas, todo dirigido contra el diario Clarín y para tratar de evitar la fuga de capitales”, afirmó un funcionario público que pidió no ser mencionado.
Otro de los problemas encontrados por los técnicos es la falta de condenas de parte del sistema judicial en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Estas diferencias entre Argentina y el GAFI se remontan a diciembre de 2008, cuando el entonces presidente del organismo, Gustavo Rodrigues, expresó su preocupación por los “potenciales riesgos” que involucraba el proceso de repatriación y blanqueo de capitales, que fue posteriormente aplicado durante el 2009. “Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su economía, especialmente en este período de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero”, indicó Rodrigues en una carta enviada al gobierno de Argentina.
