Por Brian Orsak

Los gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero en un informe publicado el jueves.


El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización con sede en París que emite recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, calificó a los notarios y los secretarios como el “eslabón más débil” en los esfuerzos por limitar el lavado de dinero con bienes raíces, en parte, porque algunas jurisdicciones todavía no aplican obligaciones ALD a esos profesionales.


Además, aún cuando los individuos presenten informes sobre posibles criminales, los lavadores no son detectados, porque algunas jurisdicciones no centralizan correctamente la información o por las diferencias legales existentes entre las jurisdicciones que frustran esos esfuerzos, indicó la organización.


La entidad dijo que estaba manteniendo conversaciones con los profesionales legales con el objetivo de emitir guías adicionales sobre cómo podrían ayudar de una mejor forma a las agencias de control legal a obtener y filtrar la información financiera.


Ejemplos de lavado en el sector


Los mercados de bienes raíces ofrecen a los delincuentes una “extraordinaria variedad de posibilidades” de uso incorrecto, ya que los lavadores pueden utilizar y abusar de préstamos complejos, compañías offshore y cuentas de fideicomisos, o manipular el valor de la propiedad para ocultar las transferencias de dinero, indicó el informe.


Los traficantes de drogas podrían disfrazar sus fondos ilegales creando una compañía y adquiriendo terrenos a través de la cuenta de clientes de un notario, señaló la organización. El dinero proveniente del tráfico de drogas, mezclado con los fondos legítimos del notario, aparecería como procediendo de una fuente válida.


En otro ejemplo de cómo podría abusarse de los bienes raíces, el GAFI indicó que algunos agentes terroristas habían tratado de incluir a un agente de bienes raíces para adquirir propiedades en Bélgica a través de un fideicomiso. La utilización de un fiduciario generó sospechas de que los miembros de la junta del fideicomiso estaban tratando de encubrir al dueño beneficiario de la propiedad, dijo el informe.


Entre las señales de alerta que identificó el GAFI se encuentran las transacciones con bienes raíces en las que participan paraísos fiscales, operaciones llevadas a cabo en representación de menores de edad, pagos realizados en efectivo y operaciones en las que participa un préstamo que tiene garantías en el exterior.


PEPs lavadores de bienes raíces


Si bien el abuso del sector de bienes raíces por parte de los lavadores no es nada nuevo, el informe de tipologías del GAFI se produce en el medio de los esfuerzos para combatir el uso de los bienes raíces por figuras políticas extranjeras para proteger activos robados a sus países de origen, según Richard Gordon, profesor de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, estado de Ohio.


“En muchos casos, tenemos personas expuestas políticamente a las que les gusta invertir en bienes raíces, especialmente de los países de mercados emergentes”, dijo Gordon, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo del Fondo Monetario Internacional. “Ciertamente sucedió en Pakistán, la Ribera Occidental y en España”.


Pero no está claro con qué frecuencia los delincuentes utilizan las propiedades para lavar dinero, señaló, agregando que existen escasas estadísticas sobre el lavado de dinero a través de los bienes raíces. El informe del GAFI no incluyó cifras sobre la frecuencia de este delito.


“Los fondos procedentes de delitos a menudo terminan invertidos en inmuebles al final de la transacción”, afirmó Gordon. “No es una operación de lavado, per se, sino simplemente una inversión final”.


El informe del GAFI se produce luego de una advertencia pronunciada el 1 de mayo por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) sobre que las instituciones financieras tendrían dificultades para detectar el lavado a través de las operaciones de bienes raíces. La oficina señaló que, de un muestreo de reportes de operaciones sospechosas, aproximadamente el 20 % de los reportes relacionados con inmuebles incluían sospechas de estructuración y lavado.