Por Brian Monroe
Las Bahamas -alguna vez conocidas como un paraíso para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas como destino turístico– no cumple con los estándares antilegitimación de capitales porque, entre otras cosas, no obliga a las instituciones financieras a revisar los programas antilavado de los corresponsales y otros terceros que participan en las transacciones, según indicó el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
En un informe publicado el pasado viernes 28 de diciembre, el grupo regional de vigilancia antilavado calificó a las leyes de las Bahamas -un archipiélago de casi 700 islas, arrecifes y cayos cerca de la costa de la Florida– de “sólidas y amplias”. Sin embargo, el grupo de trabajo identificó varias deficiencias.
Además de señalar la falta de obligaciones de diligencia debida referidas a terceros, el grupo de trabajo regional también urgió a las Bahamas a que refuerce sus regulaciones para obtener y enviar información de las transferencias.
El informe también destacó que las Bahamas no incluyeron a ciertos delitos subyacentes de lavado de dinero requeridos, incluidos el tráfico de armas, el uso de información privilegiada y la manipulación de mercados, falsificación y piratería de productos.
El grupo regional de trabajo recomendó a las autoridades que obliguen a las instituciones financieras a que investiguen los programas antilavado de dinero de los bancos corresponsales, identifiquen los dueños beneficiarios de terceros y apliquen un mayor escrutinio sobre las cuentas si tienen conocimiento de que el cliente es una persona expuesta políticamente.
Además los bancos deben rastrear las transacciones por montos importantes o inusuales. A diferencia de muchos países, las instituciones financieras en Bahamas no están obligadas a presentar reportes sobre las transacciones superiores a determinado monto, como la suma mínima de US$10.000 existente en Estados Unidos.
En respuesta a estas conclusiones, el gobierno de Bahamas ha realizado varias modificaciones, incluyendo la actualización de las directivas sobre el enfoque basado en el riesgo, el fortalecimiento de sus facultades regulatorias para obtener información de las instituciones obligadas y la fijación de un plazo que venció en septiembre de 2006 para que los bancos verifiquen las identidades de los clientes que tenían cuentas desde 2000. El GAFI entregó sus conclusiones al gobierno varios meses antes de hacerlo público.
Si bien Bahamas amplió sus leyes antilavado de dinero para incluir a muchas instituciones financieras no bancarias – agentes de constitución de compañías, agentes de bienes raíces y abogados – actualmente no incluye a los vendedores de metales y piedras preciosas, según las recomendaciones del GAFI, señaló el informe de 285 páginas.
El informe es el resultado de la evaluación realizada entre mayo y junio de 2006. El grupo de trabajo regional también evaluó el régimen antilavado del país en 1997 y 2002. El gobierno de las Bahamas penalizó el lavado de dinero en 2000 mediante la promulgación de la Ley de Fondos Procedentes del Delito. El país ha producido 17 casos de lavado de dinero y siete condenas desde entonces. No ha tenido hasta la fecha casos de financiación del terrorismo.
Esos cambios regulatorios – junto con los tratados de asistencia legal mutual con Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido – ayudaron a que las Bahamas fueran excluidas de la Lista de Países y Territorios No Cooperadores del GAFI en 2001.
Los cambios son vitales para esfuerzos antilavado de dinero globales, indicó el informe, porque las Bahamas “son consideradas generalmente como uno de los principales Centros Financieros Offshore en términos de desarrolló, tamaño y porción del mercado” colocándose dentro de los 10 principales centros offshore del mundo de acuerdo con los activos bancarios y los activos bajo administración.
