El gigante bancario de Estados Unidos JPMorgan Chase & Co. (JPM) inició esta semana un proceso de revisión de su unidad de cuentas corresponsales, a la vez que ha paralizado la apertura de nuevas relaciones con bancos extranjeros, a raíz de las deficiencias antilavado de dinero detectadas por los reguladores estadounidenses.
Según indicó el vocero del banco, Brian Marchioby, la unidad de servicios de tesorería no aceptará nuevos clientes y no iniciará nuevos negocios con los clientes existentes que utilizan el banco para procesar transacciones. Esta medida pudiera afectar las operaciones de cientos de instituciones financieras foráneas (IFF), muchas de ellas ubicadas en Latinoamérica.
“Prestar servicios de banca corresponsal a las instituciones financieras ha sido y seguirá siendo una de nuestras fortalezas básicas. Es importante para nosotros hacer una pausa y evaluar nuestro negocio, particularmente en mercados selectos, para asegurar que estamos bien posicionados para cumplir con nuestras responsabilidades para el largo plazo”, explicó Marchioby.
Esta decisión del JPM fue originada por una orden de consentimiento emitida en enero por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés), luego de encontrar que el banco tenía “un sistema inadecuado de los controles internos y las pruebas independientes” para el cumplimiento contra el lavado de dinero. La empresa “falló en la identificación de un volumen significativo de operaciones sospechosas” y en la presentación de reportes de transacciones sospechosas, indicó en su momento el organismo regulador.
Pero los problemas del JPMorgan no han sido solo en suelo estadounidense. Actualmente el banco enfrenta una compleja investigación en Argentina, donde la sucursal del banco es acusada de facilitar la evasión a paraísos fiscales y el lavado de millones de dólares de importantes clientes argentinos. Las autoridades gauchas investigan la fuga de unos U$S 5.000 millones realizada entre los años 2001 y 2008, buscando también establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas y de la evasión fiscal.
El nacimiento de la investigación se remonta al año 2008 cuando un exejecutivo de la filial argentina del banco, Hernán Arbizu, se presentó ante la justicia para denunciar (autoincriminándose) a la entidad por haber facilitado la evasión y el lavado de dinero a sus clientes de banca privada. En su denuncia, Arbizu aportó un listado de 469 empresas y personas físicas de la Argentina involucradas en el delito.
