A escasas semanas de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino fortalece sus esfuerzos de revisión y mejora de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), para intentar reducir el impacto negativo de las deficiencias detectadas anteriormente por el organismo internacional.
“Luchar contra el lavado de dinero es preponderante para el Estado argentino“, fue la afirmación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en una reunión realizada entre el 11 y 12 de enero, con el representante del FBI, Gregory Coleman, quien condujo en los años 90 una investigación acerca de la manipulación de instrumentos financieros contra Jordan Belfort, directivo de inversiones Stratton Oakmonts.
Hace un mes un tribunal argentino condenó a dos años de prisión a tres integrantes de una familia de una provincia argentina por lavado de dinero, lo cual se constituyó la primera medida en su estilo, luego de 10 años de haber entrado en vigor una ley que impone cárcel, multas y decomisos por este tipo de delito.
El 14 de diciembre del año pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto presidencial 1936/2010, amplió las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para confiarle la coordinación, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema argentino en materia de combate al blanqueo de activos y la financiación del terrorismo. Además, el decreto le asignó a la UIF la representación nacional ante los organismos internacionales.
A finales de diciembre pasado, la Cámara Federal respaldó las labores de la Unidad de Información Financiera, al autorizar el levantamiento del secreto fiscal en un proceso que se adelanta contra un accionista del Grupo Clarín. “No debemos olvidar el carácter del organismo solicitante. La UIF actúa en una doble función de filtro. Por un lado, porque se posiciona como intermediaria entre el sistema financiero, bancario y de negocios y las agencias judicial y policial. Por el otro, pues descarta aquellas operaciones que carecen de entidad para ser calificadas de sospechosas”, indicó entonces la Cámara.
Seminario de la nación
En la apertura del Seminario “Esfuerzos del Argentina en el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, realizado en el Banco de la Nación, Alak destacó algunos aspectos:
· La decisión de concentrar en la Unidad de Información Financiera (UIF) la coordinación del sistema interno y la representación ante organismos internacionales, garantiza coherencia y eficiencia en las políticas de Estado destinadas a la lucha contra el lavado de dinero.
· En la lucha contra el lavado de dinero existen responsabilidades por parte de los tres poderes del Estado, (…) desde el gobierno ya se envió al Congreso un proyecto de ley, que entre otros puntos propone la tipificación autónoma del lavado de activos.
· Ante el Poder Judicial, el Estado se ha presentado como querellante, con el fin de impulsar las investigaciones en curso, y no sólo para castigar a quienes cometen delitos, sino también con miras a lograr el decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos.
· El gobierno argentino resolvió ampliar la capacidad instrumental para fortalecer la lucha contra el lavado, en una decisión destinada a reordenar el sistema contra el reciclaje de fondos provenientes de delitos.
Blanco de críticas
Durante el último lustro Argentina ha sido blanco de fuertes críticas por su “debilidad” ante la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio un veredicto poco halagador sobre las políticas antilavado emprendidas por el gobierno argentino, luego de evaluaciones realizadas durante el 2009 y dadas a conocer a mediados del año pasado, en un informe de 189 páginas.
De acuerdo con Luis Urrutia Corral, titular del GAFI en declaraciones ofrecidas al diario El Clarín (18 de diciembre de 2010), el alto gobierno del país austral confirmó el compromiso de atender las deficiencias en ALD / CFT que fueron señaladas en un amplio reporte de evaluación.
Aunado a las evaluaciones que daban cuenta de la inexistencia de condenas judiciales, la debilidad de la Unidad de Información Financiera y la poca observación a la economía informal, se sumó a final del año pasado las filtraciones de Wikileaks, en donde muy ampliamente la representación diplomática estadounidense mostraba sus “dudas” sobre el interés del gobierno argentino en enfrentar el lavado de dinero.
