El Gobierno de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional porque privilegia la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia.
Representantes del ejecutivo nacional explicaron que con esta medida conjuntamente con la ley antidrogas vigente desde hace dos décadas, podrían decomisarse propiedades y empresas, incluidos medios de comunicación. El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana dijo al explicar la dura medida que ésta afectaría a “actividades, capacidades organizativas, uso de instrumentos que atenten contra la seguridad del Estado, contra los ciudadanos, contra la unidad nacional”.
De esta forma, el gobierno del presidente Evo Morales reacciona ante el reciente desmantelamiento de un presunto grupo terrorista en el distrito oriental de Santa Cruz, aunque los opositores afirman que es una medida sólo para acabar con quienes defienden la democracia y promueven la independencia de algunas provincias bolivianas que no aceptan la tendencia políticas izquierdista de Morales.
“No es posible que algunos jueces y fiscales puedan perdonar a la gente que quería dividir Bolivia”, dijo Morales confirmando la versión de los líderes regionales que lo enfrentan. “La unidad del país no se debate, por eso emitimos un decreto (de confiscación). Si encontramos por ahí alguna persona, algún empresario financiando estos actos separatistas, divisionistas, vamos a castigar”, dijo el gobernante al inaugurar un seminario internacional sobre transparencia.
Se busca cortar el financiamiento a grupos irregulares, como uno desmantelado en abril en Santa Cruz, acusado de planear el asesinato de Morales y desatar una guerra separatista, explicó.
