El gobierno de Guatemala implementó una nueva regulación antilavado que define controles más rígidos sobre las operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor, según informó la Superintendencia de Bancos de la nación centroamericana.
La normativa establece la obligación de reportar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) las operaciones comerciales en efectivo que impliquen un monto superior a US$10.000. De esta forma, las empresas de ventas de autos, motos, lanchas, tractores, las compañías inmobiliarias, las joyerías y las agencias de viajes se convirtieron en sujetos obligados a reportar.
Según informó el director de la Superintendencia de Bancos, Edgar Barquin, la regulación es parte de una estrategia para aumentar la lucha contra la corrupción, las operaciones irregulares en sectores no financieros y la legitimación de capitales. Barquin también indicó que las instituciones financieras deberán notificar al IVE sobre las operaciones de compra/venta de divisas en efectivo por montos superiores a los US$10.000.
Las autoridades guatemaltecas explicaron que la información recibida por el IVE será incluida en una base de datos, que servirá como herramienta de apoyo para determinar los casos de enriquecimiento ilícito, operaciones de legitimación de dinero procedente del narcotráfico y del crimen organizado.
Los nuevos procedimientos de reportes de transacciones en efectivo fueron implementados por las instituciones financieras reguladas desde el primero de abril, pero el resto de los negocios y comercios lo aplicarán a partir del 15 de mayo próximo.
Estrategia general ALD
Como parte de una estrategia general ALD, las autoridades de Guatemala también implementaron desde el 1 de abril el programa de Personajes Expuestos Políticamente (PEPs), el cual inicialmente fue creado con una lista de 1.200 empleados y funcionarios que trabajan en alguna dependencia pública.
La idea es que este listado sea utilizado para vigilar el flujo de dinero de aquellos funcionarios que manejan fondos públicos, así como de sus familiares y allegados.
Estas medidas vienen a complementar las implementadas el pasado mes de enero, cuando el gobierno de Guatemala aplicó nuevos controles a las empresas de remesas, las cuales deben reportar las operaciones que excedan los 1.500 euros, con el objetivo de minimizar las transacciones asociadas al lavado de dinero mediante los negocios de servicios monetarios (NSMs.).
Las casas de cambio deben informar sobre la identidad y perfil de las personas que envían el dinero, así como de los beneficiarios en Guatemala, cuando se trate de cantidades superiores a esa cantidad.
Las cifras oficiales manejadas por el Banco de Guatemala indican que a finales de noviembre de 2008 habían ingresado al país más de 3.000 millones de euros mediante empresas de envío de dinero. Según datos aportados por otras organizaciones, el 86% de estos envíos se hacen mediante negocios de servicios monetarios, mientras que sólo el 10% utiliza instituciones financieras.
