Por el Departamento Editorial. 
Con la finalidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Venezuela, el Grupo de Lima destacó la necesidad de que las naciones de la región valoren adecuadamente el riesgo que representan las relaciones comerciales y financieras con entidades públicas pertenecientes venezolanas.
Un comunicado emitido por el grupo, integrado por 14 países de la región, fue difundido luego de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas el domingo 20 de mayo en Venezuela, en las cuales fue reelecto el presidente Nicolás Maduro.
A través de este documento, los integrantes del grupo reiteraron los puntos estipulados en la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 y ratificaron su apoyo a la Asamblea Nacional venezolana.
El comunicado exige a las autoridades de cada país la circulación de boletines o circulares en el sector económico y financiero, que indiquen el riesgo que conlleva llevar acabo operaciones con el gobierno venezolano que no sean aprobadas por la Asamblea Nacional, incluidas transacciones como “convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior”, sin dejar por fuera los bienes militares y de seguridad.
Por otra parte, el comunicado busca fortalecer la lucha contra los delitos financieros, al pedir que se amplie “el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de restricciones financieras”.
El escrito hace referencia a los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y señala contar con análisis de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En este sentido, promueve a los países divulgar y exponer el riesgo que supone Venezuela al sector privado de la región, lo que permitirá una mejor prevención actos ilícitos y diagnóstico de amenazas.
En este sentido, indica que “se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción”.
A su vez, dicta la iniciativa de coordinar acciones para que los entes y organismos internacionales no otorguen préstamos ni financiación al gobierno de Venezuela, debido al hecho inconstitucional que supone que el gobierno adquiera deuda sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se hace una excepción a este caso siempre y cuando el préstamo tenga fines humanitarios y sean analizados previamente los “efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables”.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, acordaron adoptar estos parámetros siempre que su legislación y normativa interna lo permitan.
Estados Unidos reacciona
El gobierno de Estados Unidos también reaccionó ante los resultados electorales venezolanos, emitiendo una nueva Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, en la que fortalece las restricciones comerciales previamente impuestas a Venezuela.
La Orden Ejecutiva prohíbe a los ciudadanos, residentes fiscales y entidades estadounidenses la “compra de cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar; cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela que se haya designado como garantía y la venta, transferencia, asignación o promesa como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación mayor o igual al 50%.
Esta nueva orden viene a fortalecer por tercera vez las medidas implementadas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela el 08 de marzo de 2015, cuando se declaró la emergencia nacional mediante la Orden Ejecutiva 13692.
Documento relacionado
– Orden Ejecutiva de EE.UU. – 21/05/2018
