Por Verónica Moyano
Como parte de una nueva estrategia en su política ALD/CFT orientada a cumplir con los estándares internacionales, el congreso de Honduras inició en la última semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de activos que incorpora reformas a la ley sancionada en el año 2010.
La iniciativa tiene lugar en el país centroamericano, para reforzar sus estructuras ALD/CFT en función principalmente, de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera que mantiene a Honduras en la lista de países con deficiencias antilavado.
Cabe recordar que en su último informe sobre Honduras, el GAFI especificó que “es preciso hacer modificaciones vitales a las leyes y reglamentaciones para que Honduras cuente con un régimen de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo más eficaz”.
Por su parte, el Congreso Nacional, a través de un comunicado manifestó: “El propósito de reformas a dicha ley es combatir las actividades de narcotráfico y en general del crimen organizado”.
Según palabras de Mario Pérez, secretario del Congreso Nacional, la adecuación de la legislación en materia antilavado “es una exigencia internacional para que el país no pase a una lista negra de países que posibilitan que haya lavado de activo y movimientos de dinero”.
Al mismo tiempo, siempre orientados en el objetivo de poner barreras contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, el Congreso tratará la Ley de Superintendencia de las Sociedades Mercantiles que se concentra en crear un órgano de control tanto para sociedades mercantiles como asociaciones de capitales no supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Principales aspectos
Si bien el país cuenta con instrumentos jurídicos para la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo, el objetivo de la nueva ley será incluirlos en una sola normativa diseñada bajo los estándares internacionales, cuyas prácticas servirán de guía para una más efectiva aplicación.
Entre las principales modificaciones que incluirá la nueva ley antilavado hondureña que se está discutiendo en el Congreso, se encuentra la inclusión de nuevos delitos a los considerados precedentes de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Otro aspecto fundamental en el que se centrará la nueva ley es en relación a los bienes productos de actividades delictivas, pretendiendo establecer parámetros para la regulación de los bienes cuyo origen legal no puede ser confirmado por los propietarios.
Con la nueva ley se busca dar alcance judicial a aquellos ciudadanos que de manera indirecta se encuentren involucrados en el delito de lavado de activos, donde se prevén penas de entre 15 y 20 años de prisión. Cabe destacar que la ley en vigencia contempla sólo a aquellos involucrados directamente en malversar dinero del narcotráfico, caudales públicos, tráfico de personas, estafas o fraudes.
En este sentido, se buscará asegurar y decomisar los bienes producto de actividades delictivas a terceras personas que pudieran haberlos adquirido.
En el centro de las modificaciones se encuentra la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera como organismo autónomo encargado de monitorear movimientos financieros y creación de empresas para detectar cualquier tipo de transacciones atípicas que pudieran generarse y que merezcan un mayor seguimiento.
Ley de Sociedades Mercantiles
Si bien la creación de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles ha sido contemplada en el artículo 45 de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo de 2010, se ha considerado pertinente la creación del organismo a través de una ley específica que es precisamente la que se está discutiendo en el Congreso hondureño.
El tratamiento de esta nueva ley va en consonancia con la búsqueda de adecuar la legislación hondureña a los estándares internacionales teniendo en cuenta una tendencia mundial donde la actuación de este tipo de organismo cumple una importante función en la detección de anomalías de algunas sociedades mercantiles que pudieran estar siendo utilizadas para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
Un caso emblemático de este tipo de irregularidades fue el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el cual todas las implicadas en las extracciones de dinero a cambio de servicios son sociedades mercantiles que manejaron millones y millones de lempiras, sin estar sujetas a supervisión, que es precisamente la función que vendría a tener el nuevo organismo.
“Entre mayor legislación tengamos que regule estas actividades, más blindaje tiene el Estado que la banca nacional no va a permitir transacciones de dudosa procedencia. Se trata de crear normas jurídicas de obligatorio cumplimiento para los entes regulados”, apuntó Pérez.
Honduras frente al crimen organizado
Según se detalla en el comunicado emitido por el Congreso Nacional, en base a un informe realizado en 2012 por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, “el 20 por ciento del dinero que mueve el crimen organizado en Centroamérica es blanqueado en Honduras, de una cartera de 14 mil millones de dólares, que el crimen organizado moviliza en toda el área de Centroamérica”.
Otro dato que se resalta en el comunicado es el vertido por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, en función de un estudio realizado en Centroamérica, donde se concluyó que Honduras es el segundo país más vulnerable al lavado de dinero, por debajo de Costa Rica.
