Muchos de los esquemas más complicados utilizados por el crimen organizado para legitimar dinero suelen involucrar a personas que no saben que están formando parte de una operación delictiva. Esto sucede en parte por la falta de información de la población sobre el lavado de activos y sus alcances.
Algunos expertos afirman que la educación de la sociedad civil en materia antilavado es necesaria para aumentar la efectividad de los esfuerzos adelantados por las autoridades y los sujetos obligados.
Mónica Mendoza, Coordinadora del Proyecto de Asistencia Legal Para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), afirma que si no se educa a la sociedad civil, las personas pensarán que pueden “hacer cualquier tipo de negocios, aún aquellos que están lavando dinero proveniente de delitos graves y se permitirá que permeen las economías lícitas, generando todas esas consecuencias negativas que hemos visto, en especial permitiendo el poderío y crecimiento económico del crimen que amenaza a toda la sociedad”.
Por su parte, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Javier Cruz, señaló a un periódico nacional que la entidad tiene “un interés muy marcado en generar difusión en materia de lavado de activos, generar conocimiento tanto en los sujetos obligados como en el público general, a objeto de que en estas materias que pueden parecer un tanto lejanas, las personas las entiendan en su contexto, vean que es algo de lo que como país debemos hacernos cargo y mejorar las prácticas y el conocimiento del público sobre estas materias”.
La falta de educación colectiva es un problema de origen de la lucha contra la legitimación de capitales, que nació en un ambiente de secretismo corporativo que ha retrasado la popularización del tema. Ha habido una especie de tabú dentro de las empresas reguladas, muchas de las cuales todavía conservan el tema del cumplimiento como algo reservado para la gerencia y un grupo de empleados, según explicó el director ejecutivo de Lavadodinero.com, Juan Alejandro Baptista.
“Es necesario sacar al ALD de la burbuja de secretismo corporativo en la que ha estado. Se debe aprovechar la exposición mediática que hay del tema para utilizarlo en el fortalecimiento de la imagen de las empresas [reguladas] y en la mitigación de los riesgos”, afirmó Baptista en un seminario virtual internacional dictado en diciembre de 2012.
Falla estratégica
La falta de educación antilavado es uno de los grandes vacíos existentes en las estrategias de control implementadas por autoridades y sujetos obligados. Por ejemplo, un empresario mediano por su afán de expandir su mercado puede involucrarse con una entidad o un individuo capitalista sancionado o que está en una “lista negra”. Este empresario, su familia y empresa pudieran sufrir efectos negativos por tales relaciones comerciales, por las que luego puede estar en una situación de conflicto con las autoridades nacionales y extranjeras.
Probablemente este empresario no tenía conocimiento de la reputación de su cliente, no conocía sus responsabilidades legales en materia de antilavado y no tomó en cuenta la verdadera dimensión de tener relaciones de “alto riesgo”. La situación se hubiera podido evitar con información y capacitación en esta materia.
Modelo de educación pública
Una de las naciones más vanguardistas en este tema ha sido Colombia, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Con el apoyo de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), la UIAF ha ejecutado durante los últimos años un programa educativo llamado “Negocios Responsables y Seguros” (NRS), que es una alianza público-privada “para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia”, según indica el portal oficial del programa.
Como parte de este programa, las autoridades han ejecutado dos campañas educativas a través de los medios de comunicación masivos:
• “Vuelva a la Edad del ¿Por Qué?”: para empresarios que busca prevenir la vinculación de los negocios en el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando.
• “Cultura de la legalidad”: para alertar a los empresarios sobre la importancia de no convertirse en patrocinador de la economía ilícita de las organizaciones criminales.
“Los mayores desafíos de NRS han sido mostrar que la lucha contra las ganancias derivadas de los delitos es una tarea de todos e involucrar a diferentes sectores económicos y a la sociedad en general, mostrándoles que con la iniciativa no se busca estigmatizar a ningún sector o hacer señalamientos a las personas”, explicó Mónica Mendoza.
