Por Sergio Antequera. 
Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los notarios. Su participación dentro de este sector permite contar con una barrera o vigilante más con respecto al blanqueo de capitales, el fraude fiscal y el financiamiento del terrorismo por parte de diversos individuos en la sociedad, incluyendo figuras públicas y empresarios reconocidos.
España representa un ejemplo acorde de cómo los notarios refuerzan el sistema financiero mediante registros exhaustivos y reportes de posibles accionares ilegales, teniendo como referencia a la Evaluación Mutua realizada a este país en 2014, en la cual el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló: “las medidas que permiten el acceso a la información sobre la titularidad real, en particular, el Índice Único Informatizado (IUIN) del Consejo General del Notariado, son un ejemplo de buenas prácticas en el contexto del ordenamiento jurídico español”.
Desde el 2005, año en que el Consejo General de Notariado creó el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), los notarios de dicho país informaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alrededor de 5.000 operaciones donde hay indicios de lavado de dinero. En que lo que va de año, más de 500 casos de posibles delitos de lavado de dinero han sido entregados al Banco de España. Todo esto responde a la recomendación número 23 de las 40 Recomendaciones del GAFI, la cual expresa que “debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas”.
Los notarios españoles tienen en su haber una serie de herramientas de gran utilidad para diagnosticar y señalar posibles delitos. Tres de estas herramientas representan una enorme fuente de información sustancial:
– El IUIN: acumula más de 100 millones de documentos notariales. Es alimentado por 2.500 notarias de todo el país.
– La Base de Datos de Titular Real (BDTR): contiene información sobre más de 2 millones de titulares reales de sociedad y organizaciones.
– La Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDPRP): concentra a más de 25.000 individuos, de los cuales 14.000 son funcionarios en el sector público y más de 10.000 son sus allegados (tanto personales como comerciales).
La BDPRP y la BDTR suponen una enorme ventaja para detectar entramados de lavado derivados de poderes públicos, un mal común en la actualidad.
Al realizar un profundo análisis de los regímenes antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/ CFT), los notarios se perfilan como un eslabón de gran relevancia con un potencial de ayuda astronómico, siempre y cuando cuenten con la capacitación y las herramientas adecuadas. En España, los notarios tienen potestad para realizar 230 tipos de operaciones distintas, como poderes, compraventas de inmuebles, constitución de sociedades, préstamos hipotecarios, etc.
Algunas deficiencias
Sin embargo, una de los deficiencias que tiene España y los notarios de este país en relación a la lucha ALD/CFT es que “no hay un gran conocimiento de las herramientas de prevención del blanqueo en los sujetos obligados no financieros -entre los que se cuentan abogados, asesores fiscales, contables, notarios y determinadas profesiones-”, aseguró en junio de 2017 en una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com la abogada María García, presidenta en el capítulo de Cataluña de la Asociación de Sujetos Obligados para la Prevención del Blanqueo de Capitales en España (ASEBLAC).
No solo la falta de conocimiento de las herramientas representa un aspecto a mejorar en parte del sector, pues la Evaluación Mutua realizada a España en 2014 por el GAFI hace mención a los notarios, quienes, en general, “muestran una buena aplicación de las medidas preventivas, aunque las medidas de debida diligencia podrían mejorarse”.
Por otra parte, uno de los desafíos que enfrenta el gremio de los notarios desde hace más de una década corresponde al sector inmobiliario. Según el informe del GAFI titulado “Lavado De Dinero y Financiación Terrorista a Través Del Sector Inmobiliario”, emitido en 2007, el Real Estate supone uno de los tantos vehículos en el cual los criminales más lavan dinero y en donde los notarios tienen un papel clave.
“Los expertos del GAFI han observado en los últimos años que los lavadores de dinero se ven cada vez más obligados a desarrollar esquemas complejos para evitar los controles ALD/CFT. Esto a menudo ha significado buscar la experiencia de profesionales como abogados, asesores fiscales, contadores, asesores financieros, notarios y registradores con el fin de crear las estructuras necesarias para mover los fondos ilícitos inadvertidos. Estos profesionales actúan como Gatekeepers (guardianes) al proporcionar acceso al sistema financiero internacional y, sabiendo o no, también pueden facilitar la ocultación del verdadero origen de los fondos”, explica el documento.
