La industria inmobiliaria se encuentra atenta al juicio de una agente inmobiliaria en el estado de Iowa, Estados Unidos, acusada de lavado de dinero. Este es un caso que puede proveer a los reguladores con más munición para finalmente imponer regulaciones antilavado sobre la industria inmobiliaria.
La fiscalía en Cedar Rapids, Iowa, acusó a la agente inmobiliaria Harriette Cooper en marzo de lavar más de US$40.000 y estructurar transacciones financieras en abril del 2003. Ella se declaró inocente en marzo de seis cargos de lavado de dinero y uno de estructuración y deberá ir a juicio el 22 de mayo.
Cooper, de 52 años de edad, “en su rol de agente inmobiliario”, intercambió dinero proveniente del narcotráfico por seis cheques de cajero de entre US$4.900 y US$10.000 y no completó los reportes de transacciones en efectivo requeridos por la Ley de Secreto Bancario (LSB). Después, utilizó esos cheques de los bancos Commercial Federal Savings y Collins Community Credit Union, ambos en la ciudad de Cedar Rapids, para el primer pago de una casa valorada en US$160.000 en la misma ciudad, según documentos de la corte.
El fiscal asistente Charles Williams dijo que no podía comentar sobre el caso porque la ley del estado le prohíbe discutir casos pendientes.
Bajo la LSB y sus enmiendas por la Ley USA Patriot, el Departamento del Tesoro debe emitir regulaciones para todas las instituciones financieras o declararlas exentas públicamente.
En abril del 2003, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) propuso que se expanda la LSB para cubrir a cualquier persona involucrada en la compra venta de propiedades inmobiliarias, incluyendo a los agentes en incluso abogados. Esto requeriría que los profesionales completen reportes de actividad sospechosa y establezcan programas antilavado, como lo hacen otras instituciones actualmente.
La vocera de FinCEN Anne Marie Kelly dijo que la agencia está tratando de determinar los riesgos de lavado de dinero que presenta la industria y si debería se regulada.
Cooper no es el primer agente inmobiliario que enfrenta cargos de lavado de dinero. En 1991, Ellen Campbell Fremin de Carolina del Norte, fue declarada culpable de lavar dinero proveniente del narcotráfico como parte de la compra venta de un bien inmobiliario. Esa fue la primera vez que un agente inmobiliario fue procesado por lavado de dinero en Estados Unidos. Su condena fue luego revocada y ella se declaró culpable de un cargo menor de no reportar la porción en efectivo de la transacción de US$60.000. Su abogado, James F. Watt, dijo en ese momento que la fiscalía “hizo de Campbell un ejemplo. Como mucho, fue negligente”.
La industria se opone a ser regulada
Los agentes inmobiliarios son reacios a asumir la responsabilidad de supervisar a sus clientes. “Hay muchos casos en que los agentes no saben la fuente de la riqueza”, dijo un agente de Miami y miembro de la Asociación Nacional de Agentes que pidió no ser identificado. “¿Cómo se supone que tenemos que saber?”
En una carta a FinCEN, el abogado Philip Block especializado en temas inmobiliarios, escribió: “No puedo entender la necesidad de estas regulaciones… Los fondos vienen de un banco o prestamista comercial y van a otro, para depósito o para pago de una obligación previa. Esas transacciones deben ser suficiente archivo para contestar cualquiera de sus preocupaciones. En mi caso, no tengo idea de cuál es el origen del dinero. Si está siguiendo sumas grandes, coloque el trabajo sobre los bancos y prestamistas que van a procesar los fondos, no los agentes inmobiliarios y abogados”.
Bob Teig, vocero para la fiscalía en Iowa, no pudo especular si Cooper va a seguir el mismo destino que Fermin. “Si eso pasa o no en última instancia está por verse”, dijo.
