Por Carla Valero.
Avance en la lucha antilavado
Según el informe, se observaron avances en la lucha contra el lavado de activos en los últimos años. Los reportes de transacciones sospechosas aumentaron exponencialmente en el 2005, 2006 y 2007, y existe evidencia que la persecución de casos a nivel de la Policía y el Ministerio Público está mejorando.
A nivel de investigaciones y procesos judiciales, Perú ha tomado importantes pasos en la lucha contra el lavado de activos. Se ha observado la voluntad para investigar casos de lavado contra personas que tienen relativa influencia en la sociedad peruana.
No obstante, el reporte también indica que el sistema de justicia reportó graves amenazas contra jueces y fiscales así como reportes de intimidación de testigos. Esto es notable en el contexto de Perú, donde todavía no hay suficientes recursos o un sistema adecuado para la protección de jueces, fiscales u otros testigos, sobre todo en casos contra procesados.
La procuradora Sonia Medina demandó “una política de protección al testigo clave, si no ¿quién se va a animar a colaborar? ¿Cómo vamos obtener más logros? En otros países les cambian de identidad, les dan un trabajo y hasta reciben una pensión. De modo que elaborar una legislación sólo requiere de voluntad y presupuesto”.
Según Ivan Quispe, fiscal de la Unidad Antidrogas de Perú, “el punto principal es el de la capacitación de los jueces que no están preparados para los casos de lavado y la idea de ir hacia una especialización que no se está dando todavía, aunque recientemente se ha creado una instancia judicial especializada en ver casos de crímenes organizados y eso puede significar un avance”.
Casos de lavado significativos
A pesar de las dificultades y los obstáculos, el Ministerio del Interior reportó que en el 2007 la Policía Nacional de Perú investigó 140 casos de lavado y envió 30 de ellos al Ministerio Público para ser procesados.
Estos 30 casos, corresponden a US$ 84 millones o su equivalente en activos sospechosos de ser ilícitos.
El caso contra Fernando Zevallos, quién tuvo a cargo una compañía aérea con unos 25 aviones, y fue sentenciado a veinte años de prisión por delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, representa una fuerte expresión de voluntad del Gobierno de Perú en la lucha contra el lavado de activos.
El estudio considera importante mencionar que:
1) Todavía hay poca evidencia de la misma voluntad para investigar y perseguir muchos casos de lavado en el interior del país.
2) A pesar de la condena en Lima, el Estado no logró decomisar y vender muchos bienes vinculados con el caso Zevallos (principalmente más de 20 aviones cuyo valor fue estimado en unos US$ 50 millones).
Según el reporte, esto no parece ser producto de falta de voluntad, sino un asunto de falta de apreciación de la importancia de orientar las investigaciones y los procesos judiciales hacia la captura de dinero y bienes ilícitos, lo que es esencial en cualquier caso de lavado.
Por otro lado, pese a los avances realizados desde la creación de la UIF hace 5 años, todavía existen pocas condenas en casos de lavado en el país, no más de cinco según las fuentes consultadas por el reporte. A pesar de ello, es importante anotar que en el Perú, los casos de lavado tardan más de tres años en resolverse y posiblemente aumentarán las condenas en el 2008 y los años siguientes.
Según Quispe, “el índice de casos judicializados y sentenciados es bajo en todos los países por la misma forma de desarrollarse que tiene el delito, y las actividades de lavado están bajo cubiertas, desentrañar eso es complicado y más aún establecer quiénes son la gente que está manejando eso desde atrás”.
Dada la situación actual, los grupos involucrados en el crimen organizado deben estar enterados de la poca probabilidad de ser condenados por lavado de activos en el país y podrían tener esto en cuenta para decidir si es viable instalar o mantener en Perú negocios ilegales, sea el tráfico de drogas, trata de seres humanos y la corrupción en gran escala, que implica la circulación de sumas grandes de dinero ilícito.
La polémica pérdida de dominio
A pesar, de la “flexibilidad” de condenas, el Gobierno de Perú hizo un significativo progreso en el 2007, creando un nuevo marco legal “no penal” para facilitar la captura de bienes ilícitos a través de la Ley de Pérdida de Dominio. La nueva ley permite al Estado capturar dinero y bienes ilícitos sin la necesidad de un largo proceso penal.
A pesar de la polémica generada por esta ley, ya que sus detractores argumentaron que atentaba contra el derecho a la privacidad y la propiedad del individuo, se trata de una oportunidad para acelerar la captura de dinero y bienes ilícitos, y debilitar la influencia del crimen organizado y de la corrupción en el país.
Diferentes funcionarios gubernamentales de alto rango, como la Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga, han manifestado su apoyo a esta Ley, ya que permite la rápida captura de dinero y bienes ilícitos, lo que facilita la alimentación de la lucha contra varios delitos y destina la distribución de dinero y bienes capturados a fondos para atender otras necesidades sociales prioritarias (ej., la lucha contra la pobreza, el mejoramiento del acceso a servicios de salud, etc.).
En cuanto a la puesta en marcha de la perdida de dominio, para Quispe, “la ley no se está aplicando como en Colombia, porque si bien es cierto que fue aprobada, hay un debate abierto todavía y no se llega a conocer casos de forma relevante. Tal vez sea necesario ampliar el ámbito de difusión y abrir la posibilidad de contraponer argumentos para llegar una conclusión y ponerla en práctica”.
Sobre los beneficios de su aplicación, para Quispe “es complicado hacer una valoración porque hay que analizar la compatibilidad con nuestro sistema jurídico y ver su flexibilidad. Una vía alternativa podría ser mejorar la gestión de casos de lavado, lo que pasa es que tienden a ser engorrosos, largos y eso se aleja de una medida efectiva sobre bienes inmediatos y quizás potenciando ese aspecto se podría evitar tener que recurrir a la perdida de dominio”.
Freno a la corrupción
El informe precisa que la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia avanzó de manera significativa en el 2007. El Gobierno de Perú elaboró un borrador del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Ética Ciudadana; se espera que el documento sea finalizado e implementado, en coordinación con la sociedad civil, a lo largo del 2008.
Además, el Gobierno creó la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) para facilitar y supervisar la implementación de la política del gobierno contra la corrupción.
No obstante, según el informe, sería clave que la ONA tuviera las facultades y los recursos necesarios para crear políticas anticorrupción e implementarlas. La historia reciente en Perú de crear instituciones nacionales para combatir la corrupción, ha demostrado que tales esfuerzos son de breve duración y se les dota de menos recursos de lo que realmente necesitan para lograr su cometido.
Con respecto a otras instituciones, la Policía Nacional está en proceso de implementar mejores prácticas en la investigación de casos de corrupción, incluyendo el mejor uso de vigilancia electrónica y sistemas avanzados de software para analizar vínculos entre aquellos involucrados en actos de corrupción.
“Más que corrupción, lo que existe son problemas de entrenamiento y capacitación de los magistrados, por eso se están tomando medidas y haciendo reformas tratando de combatir esa debilidad como la creación de la Sala Nacional liderada por Pablo Talavera, un gran profesional y una esperanza de que las cosas van a mejorar”, dijo Quispe.
