Por el Departamento Editorial. 
Siguiendo los pasos de sus contrapartes estadounidenses, los reguladores europeos parecen haber iniciado un nuevo proceso sancionatorio que contempla elevadas multas contra las entidades que han cometido violaciones a las normas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Esta semana el gigante conglomerado bancario ING Groep acordó pagar una multa de US$ 899,8 millones (€ 775 millones) para resolver una investigación adelantada por la fiscalía de Holanda sobre fallas en el cumplimiento de las normas ALD/CFT.
Las autoridades holandesas catalogaron como “seriamente deficiente” los sistemas de control de la entidad y destacaron las irregularidades ocurridas con el pago de sobornos por la compañía de telecomunicaciones VimpelCom Ltd. a la hija del ex presidente de Uzbekistán, lo cual fue ignorado por ING, cuyo departamento de cumplimiento tuvo serias fallas durante varios años.
Los fiscales afirmaron que ING violó la ley para prevenir el lavado de dinero y financiar el terrorismo “estructuralmente y durante años”, al no impedir el uso de cuentas de clientes para el lavado de dinero en el periodo 2010-2016 y al no cumplir sus deberes de vigilancia. Además, los investigadores descubrieron que el banco ayudó a un cliente de Suriname a lavar dinero a través de terminales de pago electrónico.
Algunas de las deficiencias detectadas en el área de cumplimiento fueron:
– Inadecuada identificación de los beneficiarios finales de las cuentas.
– Fallas considerables en el mantenimiento de registros de clientes.
– No se detectaron ni reportaron las operaciones sospechosas.
“No cumplir con los estándares requeridos es inaceptable y ING asume toda la responsabilidad (…) A pesar de que nuestras políticas y procedimientos en los Países Bajos nos llevaron a terminar las relaciones con miles de clientes, no fue suficiente”, dijo en un comunicado la empresa.
Ya en el año 2016, VimpelCom Ltd. había apagado US$ 795 millones a las autoridades estadounidenses por las mismas deficiencias en el programa de cumplimiento. De esta forma, el costo total para la entidad europea por estas deficiencias ha sido de US$ 1.700 millones.
Indignación danesa
Una gran indignación pública ha generado en Dinamarca -el segundo país menos corrupto del mundo según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional- la supuesta participación del Danske Bank, que presuntamente permitió el lavado de US$ 30.000 millones procedentes de la corrupción pública en Rusia, Azerbaiyán y Moldavia en solo. El dinero habría sido movilizado a través de su sucursal en Estonia en un período de un año.
Producto del daño reputacional ocasionado por el escándalo, el valor de las acciones del banco cayó 7% en solo un día. La entidad prometió US$ 230 millones en donaciones para compensar el desagrado público, mientras que los investigadores de Dinamarca y Estonia siguen con el proceso que pudiera generar enormes sanciones. No se descarta que las autoridades de Estados Unidos también inicien sus propias investigaciones, lo que pudiera generar mayores pérdidas y multas para la entidad.
Otros bancos del viejo continente ya han enfrentado elevadas sanciones, pero mayormente de las autoridades de Estados Unidos. En febrero de 2018, el banco ABLV de Letonia fue catalogado por el Departamento del Tesoro como una entidad de “lavado de dinero institucionalizado”, lo que ocasionó el cierre de sus operaciones al poco tiempo. En el año 2014, el prestamista francés BNP Paribas SA pagó US$ 8.970 millones por mantener relaciones comerciales con clientes de países sancionados y otras irregularidades. Otro de los casos relevantes, fue el del británico HSBC Holdings PLC, que pagó en 2012 US$ 1.900 millones por facilitar transacciones que permitieron a los carteles de drogas mexicanos legitimar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Durante los últimos 10 años, las autoridades europeas han impuesto a las entidades financieras multas por US$ 1.700 millones, mientras que en Estados Unidos se han colectado unos US$ 23.520 millones por deficiencias en materia de cumplimiento. 
