Por Rachael Lee Coleman
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A medida que más políticos locales enfrentan cargos de corrupción y lavado de dinero, las instituciones más importantes están desarrollando políticas que aplican a las figuras políticas extranjeras y locales, una tendencia que señala un punto de inflexión en el enfoque de la industria frente al riesgo.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Citigroup están entre aquellas instituciones financieras que están verificando a los políticos de EE.UU. más allá de lo que las leyes y regulaciones requieren.
“Las instituciones financieras más grandes y más sofisticadas están imponiendo los estándares, y eso sugiere que se está convirtiendo en una mejor práctica”, dijo Ross Delston, director de administración de la firma de consultoría Kalorama Partners. ¿Si espero que eso se convierta en la norma? Absolutamente. No hay una razón lógica para que exista una diferencia”.
Las figuras políticas prominentes – también llamadas personas expuestas políticamente o PEPs “son clientes riesgosos porque ganan salarios relativamente bajos – y ejercen cargos públicos poderosos propensos a la corrupción”, dijo Delston. “Si ellos vienen a una institución financiera con un patrimonio neto alto, usted querrá saber cuáles son las fuentes de su riqueza”, no importa dónde se encuentren ubicadas.
La Sección 312 de la Ley USA Patriot específicamente obliga a las instituciones a aplicar un “diligencia debida mejorada” sobre las cuentas de las figuras políticas extranjeras prominentes actuales y anteriores, sus familiares y asociados cercanos para detectar si algunos de los fondos “involucra beneficios procedentes de la corrupción extranjera”. Sin embargo, no están obligadas a prestarles tanta atención a las figuras políticas locales.
Políticas proactivas
La mayoría de las compañías verifica los nombres de los clientes en las listas negras gubernamentales compiladas con pocos datos sobre individuos y organizaciones sospechosas, pero los listados no designan a los individuos como PEPs ni identifican a sus asociados o familiares.
“No existe una lista PEP oficial”, dijo Brendan Cohen, director operaciones de América del Norte de World Check, una base de datos del Reino Unido. “El monitoreo de las PEPs es un proceso constante. Si simplemente está revisando listas gubernamentales, usted está expuesto de una forma horrible”.
Temor a la exposición
Esa es una razón por la cual las políticas de Goldman Sach “no distinguen entre figuras políticas extranjeras o locales”, dijo Alistair Cowper, funcionario de cumplimiento en Goldman Sachs en las Islas Caimán.
Goldman Sachs chequea a todos sus clientes en el sistema Regulatory Database Corp. diariamente para establecer si son figuras políticas, asociados cercanos o presentan un riesgo alto de cualquier otra forma. El departamento de cumplimiento antilavado de la compañía descifra los casos en que se presentan determinadas señales, los separa y envía los perfiles riesgosos a su grupo de inteligencia comercial para su evaluación.
“Si detectamos a alguien que está conectado políticamente, revisamos cuidadosamente para asegurarnos que lo que están trayendo a la compañía no son fondos que provengan de incorrecciones políticas”, dijo Cowper.
Al menos una base de datos – el catálogo computarizado de registros públicos, informes de noticias y listas negras gubernamentales de World Check – identifica a los individuos conectados políticamente como PEPs y brinda resúmenes acerca de ellos y nexos con bases de datos externas.
Aún así, no existe una forma infalible para identificar a todas las figuras políticas. “Es como el ciego guiando al ciego”, dijo Cohen. “La institución no sabe, los proveedores no saben, y francamente, los examinadores no tienen muy en claro qué están buscando”.
En Estados Unidos, “incluso los funcionarios locales pueden tener alguna clase de influencia que requiera una diligencia debida mejorada”, dijo Delston. “Este es un tema muy importante en un país tan grande como el nuestro”, porque son más difíciles de identificar.
La corrupción, una “actividad ilegal específica”, bajo la ley federal, puede servir de sustento para los juicios por lavado de dinero. Si las instituciones financieras revisaran las cuentas de las figuras políticas nacionales, podrían detectar signos de incorrección política, porque las redes de la corrupción están conectadas.
Con ese escrutinio, los bancos podrían haber descubierto las fechorías de Jack Abramoff, el alguna vez poderoso lobista que ahora está en el ojo de un escándalo nacional de corrupción, o los riesgos asociados con el congresista republicano Tom DeLay, quien fue condenado el año pasado en Texas por lavado de dinero. Las búsquedas de World Check sobre Abramoff y DeLay señalaron a ambos como PEPs y entregaron resúmenes sobre ambos, sus familiares y asociados.
“No hemos visto todo lo que surgió del caso Abramoff”, dijo Delston. “No sabemos qué otros casos se presentarán”.
“Reputación es todo”
Los reguladores ya no dudan más en imponer acciones de control y sanciones gravosas económicamente a las compañías que infringen la Ley de Secreto Bancario o voltean la mirada frente a las actividades ilegales. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado esos castigos con cargos criminales y confiscaciones onerosas.
Esas acciones – y la publicidad que las acompaña – “se comen los libros financieros de las instituciones financieras” y empañan sus reputaciones.
“No creemos que sea una buena idea hacer negocios con un cliente si no tenemos que hacerlo”, dijo Cowper. “La reputación es todo. Sólo se necesita una manzana podrida y prensa negativa para recibir un golpe. Ése es su mayor riesgo”.
