La Asociación Internacional de Proveedores de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés) reiteró que la isla caribeña se mantienen como una jurisdicción de servicios competitiva y bien regulada, comparables con otras en el mundo.
Mediante un comunicado, el grupo sectorial intenta revertir la mala imagen y el daño reputacional ocasionado por el proceso judicial por fraude financiero adelantado en Estados Unidos contra Allen Stanford and Leroy King, quienes se habían desempeñado como directores de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda (FSRC, por sus siglas en inglés).
“Nosotros aseguramos que los servicios financieros internacionales regulados en nuestro país son manejados con integridad y de forma acorde a los más elevados patrones de la práctica fiduciaria, expresó Verlyn Faustin, director de FISPAA, quien agregó que Antigua y Barbuda “está comprometida con profesionales que no toleran el fraude, la evasión fiscal y otros delitos financieros, y quienes continúan honrando las mejores prácticas con respeto y prudencia de las prácticas bancarias internacionales y los controles auto-regulatorios”.
Por su parte, la FSRC también aprovechó la ocasión para reafirmar “su inequívoco compromiso con la protección de los depósitos y del público, así como con la preservación de la reputación de Antigua y Barbuda como una jurisdicción “offshore”. Continuaremos promoviendo la excelencia y promoviendo esfuerzos para servir mejor al público”, informó la organización.
Mediante el comunicado, FISPAA ratifica su apoyo a las acciones adelantadas por el gobierno de la isla para fortalecer la legislación de los servicios financieros internacionales con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Por su parte, las autoridades han ratificado que cumplen con los estándares internacionales y los procedimientos que permiten el intercambio de información de casos criminales.
La mancha Stanford
Robert Allen Stanford, hombre de negocios de Houston, fue designado por el gobierno de Antigua a fines de la década de los ´90 presidente de un comité de consultores encargado de mejorar las leyes antilavado de dinero (ALD) de la nación isleña de El Caribe, según indicaron ex funcionarios gubernamentales y consultores de cumplimiento.
La Comisión de Bolsas y Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés acusó a Stanford y a tres de sus compañías de servicios financieros, incluido el Stanford International Bank, de Antigua, de dirigir una operación de inversiones fraudulenta que se cree estafó a inversores en unos US$8.000 millones. El FBI está investigando a Stanford por sus vínculos con una operación de lavado de dinero llevada a cabo por un cartel de drogas mexicano, según un informe de ABC News dado a conocer el 18 de febrero.
La relación de Antigua con Stanford, a quien se le notificó una demanda formal en el estado de Virginia, será considerada una mancha para el país, que durante mucho tiempo fue objeto de críticas por entidades vigilantes del ALD, de acuerdo con lo indicado por Chris Mathers, consultor de Toronto y ex agente de la Administración de Control de Narcóticos de los EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
“Antigua tiene algunos problemas importantes por delante”, dijo Mathers. “Esto es un golpe para ellos”.
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