Por Verónica Moyano
En su esfuerzo por ajustar la política antilavado a un espectro más amplio y diversificado, el gobierno mexicano dio a conocer el 31 de diciembre una serie de modificaciones a la regulación sobre prevención de lavado de dinero destinadas a los intermediarios no bancarios.
La resolución que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tiene como objetivo principal mitigar el riesgo de que los intermediarios no bancarios puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo.
Entre las principales modificaciones se encuentra la referente a la identificación de los clientes. Así es que, a partir de 2016, las casas de cambio estarán obligadas a registrar a todos sus clientes, consignando datos personales como el nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular y número de identificación oficial, entre otros datos que deberán solicitarse a los usuarios independientemente de la operación que realicen.
En el caso de las empresas, los centros cambiarios tendrán que solicitarle su denominación o razón social, el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
La resolución especifica que estos datos deberán estar resguardados en el sistema automatizado con el que cuenta el centro cambiario y que dichos establecimientos tienen 365 días a partir de la publicación del documento para implementar la obligación.
En el mismo sentido, los intermediarios estarán obligados a enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo supervisor y regulador de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, su programa anual de capacitación de su personal en materia de prevención del lavado de dinero.
Otra disposición incluida en la reciente resolución es la obligación de enviar un reporte en 24 horas cuando el centro cambiario tenga las sospechas de que el usuario está haciendo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien dicha obligación ya estaba incluida en las antiguas disposiciones, en la modificación se establece que tal reporte deberá enviarse como una operación inusual.
Críticas desde el sector
Apenas conocida la nueva resolución, las críticas desde el sector no tardaron en aparecer, alegando principalmente, el riesgo que pudiere implicar para los clientes el hecho de que su información personal pueda ser utilizada de manera inconveniente, exponiéndolos a la posibilidad de ser víctimas de crímenes como extorsiones o secuestros.
En este sentido, según la opinión de algunos referentes del sector, los clientes dejarán de utilizar las casas de cambio tradicionales para volcarse al mercado negro de compra/venta de divisas.
Precisamente para evitar que algo así pudiera ocurrir, el gobierno debería asegurar a las personas que su información estará protegida, sostienen desde el sector.
Otra crítica a la nueva resolución, tiene que ver con la carga administrativa y los costos que generará a los centros cambiarios adecuarse a las modificaciones.
Cabe destacar que la medida trató de aplicarse desde 2014, pero fue frenada ante las quejas y amparos de los centros cambiarios.
Caso Ficrea, un antecedente negativo
Terminando el 2014 estalló el escándalo cuando Ficrea, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), que prestaba servicios financieros de ahorro, inversión y crédito principalmente a pequeñas y medianas empresas, fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras descubrir que había desviado más de 2 mil 700 millones de pesos correspondientes a los ahorros de más de seis mil personas en México que habían confiado en la institución.
Mientras que según estiman las autoridades, los afectados por el millonario fraude ascenderían a 6848, la CNBV y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Condusef) recibieron tan sólo 2577 solicitudes de devolución de su dinero.
La situación resulta cuando menos sospechosa para las autoridades teniendo en cuenta que según los registros, algunos de los damnificados que no se han presentado a reclamar habrían invertido hasta 100 millones de pesos o más.
“El que no reclamen, pues es un tanto en función de la manera particular de cómo se encuentre la situación de estos inversionistas, hasta qué punto se pueda transparentar el recurso y justamente en muchas ocasiones el atractivo rendimiento lo que genera es la atracción de capitales donde la procedencia pueda no ser tan transparente”, explicó en declaraciones a la prensa José Luis Cruz, director del instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
A los ojos de los especialistas este tipo de situaciones pudieran sugerir lavado de dineroy, según sostienen, se deben a la laxitud legal con que operan las sociedades de fondo como Ficrea.
“Eso atrae, por un lado, a inversionistas con poca experiencia o a quienes están especulando, o también a quienes por ahí buscan instituciones y sectores poco regulados y poco observados y que en un momento dado eso permite hacer operaciones que no se pueden hacer en otras instituciones en donde la regulación y supervisión es con más fuerza“, expuso Cruz.
