Dpto. de Prensa de Interpol Colombia / Lavadodinero.com
INTERPOL presentó hoy los resultados del análisis forense de ocho pruebas instrumentales, consistentes en otros tantos ordenadores y equipos informáticos decomisados a las FARC, que ha realizado después de que Colombia, uno de sus 186 países miembros, le hiciera llegar una petición de ayuda el pasado mes de marzo.
El Secretario General de esta organización internacional, Ronald Noble, ha comunicado a los altos mandos policiales de Colombia que el equipo de INTERPOL de especialistas en investigación informática forense no descubrió “evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión” en los archivos de usuario de los tres ordenadores portátiles, las tres llaves USB y los dos discos duros externos decomisados con ocasión de una operación antiterrorista y antidroga efectuada por Colombia en un campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008.
“Tras el pormenorizado y exhaustivo análisis forense que hemos realizado de cada una de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, y tras el estudio de todas las evidencias examinadas por nuestros especialistas, INTERPOL concluye que no se produjo ninguna falsificación ni alteración de los datos contenidos en dichas pruebas instrumentales tras su decomiso por las autoridades colombianas, practicado el 1 de marzo de 2008”, declaró Noble.
En otras conclusiones importantes del informe se confirma que los especialistas en investigación informática forense de la policía judicial de Colombia respetaron los principios reconocidos internacionalmente para el manejo de pruebas electrónicas desde el momento en que, el 3 de marzo de 2008, recibieron las pruebas instrumentales.
“En las operaciones policiales que se efectúan en todo el mundo es corriente que las primeras unidades policiales que llegan al lugar de los hechos accedan directamente a las pruebas electrónicas decomisadas en lugar de hacerles copias protegidas contra la escritura. En particular, las unidades antiterroristas consideran que hay que obtener y analizar las pruebas inmediatamente para evitar el próximo atentado. En una de sus tres recomendaciones INTERPOL propone que la policía dedique más tiempo y más recursos a la formación de los funcionarios que primero intervienen en el lugar de los hechos para limitar ese tipo de situaciones, por ejemplo cuando dichos funcionarios deben decidir entre acceder directamente a las pruebas decomisadas o arriesgarse a que se produzca un nuevo atentado”, añadió Noble.
En el informe de INTERPOL también se resalta que el cometido de su peritaje técnico no es en absoluto evaluar la exactitud o las fuentes del contenido de las pruebas instrumentales.
Los especialistas de INTERPOL, sirviéndose de avanzadas herramientas de investigación forense, han determinado que las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas contienen más de 600 gigabytes de datos, entre los que hay 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones electrónicas, 10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeos) y 983 ficheros cifrados.
En palabras sencillas, se puede decir que este volumen de datos corresponde a 39,5 millones de páginas de Microsoft Word y, si todos los datos incautados estuviesen en formato Word, a un ritmo de 100 páginas por día, se tardaría más de 1.000 años en leerlos.
“Se solicitó a INTERPOL asistencia técnica en esta investigación porque, al ser la mayor organización policial del mundo, se encuentra en una situación única para proporcionar a cualquiera de sus 186 países miembros un análisis independiente, objetivo y especializado, lo que ha quedado claramente demostrado con la presente investigación”, indicó Noble.
“En ningún momento ha tenido INTERPOL ningún interés personal en el resultado de las conclusiones, salvo determinar la verdad y darla a conocer. Como consta claramente en el informe publicado hoy, la realización de la investigación informática forense se ha hecho con el respaldo de la Organización de Estados Americanos y ninguno de sus 186 países miembros se ha opuesto a ello”, declaró Noble.
Chávez y el tribunal Penal Internacional
Poco después del comunicado de la INTERPOL, el presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó que el informe del organismo policial internacional es “ridículo” y acusó a Richard Noble de ser un “policía gringo”, corrupto e inmoral.
El mandatario venezolano también afirmó que no se puede tener certeza de que esos computadores y equipos informáticos fueron decomisados en el lugar del ataque donde murió Raúl Reyes.
Aunque algunos analistas consideran que el informe de INTERPOL no es suficiente para acusar al presidente venezolano ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), esta posibilidad no se debe descartar, ya que en la crisis diplomática surgida el pasado mes de marzo el mismo presidente de Colombia, Alvaro Uribe, amenazó a Chávez con iniciar un proceso en su contra por apoyar al grupo terrorista FARC.
El hecho que Chávez esté en ejercicio de la presidencia no le excusaría de un proceso, ya que los dos países, Colombia y Venezuela, firmaron la declaración del Estatuto de Roma con lo que aceptaron ser juzgados y perseguidos por el TPI en caso de cometer algún tipo de crimen contra la humanidad.
El Estatuto de Roma reconoce 2 tipos de crímenes: el de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sólo constituyen crímenes de lesa humanidad, los ataques contra una población civil determinada.
Según declaración dada el pasado mes de marzo por Alfredo Romero, abogado venezolano experto en derecho internacional, “si nos vamos por allí, el terrorismo como tal, el concepto de terrorismo no entra específicamente en lo que son crímenes de lesa humanidad, a no ser que el terrorismo sea parte de un ataque sistemático contra una población determinada y organizada o sustentada o promovida por un organización como las FARC”.
“Habría que ver con mucho detalle esa acción, porque como tal tiene sus complejidades ante el TPI”, advirtió Romero.
Romero aclara que “interponer una denuncia conlleva a una situación muy difícil, porque cuando se trata del Estatuto de Roma hay una cantidad de elementos y patrones de conducta y tipo de crimen que se analizan y que es lo que permite que se lleve a cabo o no un caso”.
En juego la presidencia
Pero, ¿qué pasaría si Chávez es finalmente juzgado y encontrado culpable?, según Romero, “la sentencia del TPI implica la detención y la condena del culpable. Eso es definitivo, no imaginación (…) La Corte Penal Internacional tiene la autoridad y la potestad para condenar y detener incluso a un presidente si se considera que es culpable de crímenes de lesa humanidad”.
Los encargados de proceder a la detención serían el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la INTERPOL, que es el órgano más directo y relacionado con el TPI.
Cabe recordar que el presidente Hugo Chávez ya tiene una denuncia que se encuentra en proceso interpuesta en el 2004 ante el TIP por el mismo abogado venezolano, Alfredo Romero, por el supuesto delito de malversación de fondos públicos.
