Por Rachael Lee Coleman y Brian Monroe
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El gobierno de Estados Unidos ha estado realizando una investigación secreta de registros financieros internacionales, que los funcionarios y oficiales argumentan ayudarán a las agencias federales a atrapar a los terroristas y a quienes los financian de una forma en la que las leyes antilavado y antifinanciación del terrorismo no pueden.
Tras los atentados del 11 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. secretamente comenzó a examinar las transacciones internacionales registradas por la red global conocida como SWIFT, para monitorear actividades de sospechosos de terrorismo.
La divulgación del controvertido Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo – dirigido por la Central de Inteligencia y supervisado por el Departamento del Tesoro – deja a la industria financiera preguntándose por qué debe gastar tanto dinero y tiempo para cumplir con pesadas regulaciones si el gobierno puede examinar los registros sin su conocimiento.
“Están en una gran expedición de pesca”, dijo David Landsman, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero. “Pueden hurgar más profundo y encontrar lo que están buscando porque nadie les va a decir que no”.
Funcionarios del Tesoro – que tuvieron acceso a los registros sólo con notificaciones de comparendo muy amplias en lugar de instrucciones judiciales precisas o notificaciones de comparendo para transacciones individuales – reconocieron el programa en la prensa estadounidense el jueves pasado.
“No hemos discutido este programa en público por una razón obvia, el valor del programa se debe a que los terroristas no sabían que existía”, dijo Stuart Levey, subsecretario del Tesoro para inteligencia financiera y terrorismo, el viernes luego que las noticias desataran controversia. Levey supervisa la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la agencia que emitió las notificaciones de comparendo a SWIFT. “No podemos pretender continuar afectando las actividades de los terroristas si nuestros programas más valiosos salen en las portadas de nuestros periódicos”.
El Departamento del Tesoro aseguró a SWIFT – una compañía intermediaria que transmite mensajes de información entre instituciones financieras – que sólo estaba buscando información de ciertos individuos, dijeron ejecutivos de la organización. El consorcio dijo que se vio obligado a equilibrar la “confidencialidad de la información de nuestros usuarios” con la solicitud y que “negoció con el Tesoro el alcance y supervisión” del programa.
SWIFT es un grupo de 2.200 organizaciones vinculadas a 7.800 instituciones financieras en todo el mundo y a un sistema internacional de transferencias de fondos a través de la Reserva Federal.
“El gobierno está evadiendo el proceso de notificaciones de comparendo porque saben que lo que están haciendo es inconstitucional”, dijo Landsman. “Si hubieran sabido lo que estaban buscando, hubieran obtenido notificaciones individuales”.
Temas de privacidad
John Snow, secretario del Tesoro, dijo a los reporteros el viernes que el presidente Bush no necesitaba autorización del Congreso para crear el programa secreto y notificar a SWIFT. El gobierno se apoyó en la autoridad otorgada por una ley aprobada en 1977— International Emergency Economic Powers Act—que le permite al presidente imponer sanciones económicas temporarias cuando se trata de asuntos de seguridad nacional.
Los demócratas sin embargo, dijeron que el programa, creado en 2001, ya dejó de ser provisional.
“No argumentes emergencia temporal y luego operes en secreto durante cinco años”, dijo el diputado demócrata Edward J. Markey.
En una carta al director de la CIA Michael Hayden, Markey dijo que el programa “despierta preocupantes cuestiones” sobre si el gobierno de Bush está cumpliendo con las leyes de privacidad.
Los negocios domésticos e internacionales están de acuerdo. “Esto es inaceptable debido a que siempre debes sopesar el interés público y el derecho del público a la privacidad – debe haber un equilibrio”, dijo Olga Maitland, CEO de la Asociación Internacional de Redes de Transferencia de Dinero con sede en Londres. “Perdieron de vista a las libertades personales de la gente y a sus derechos a realizar una transacción perfectamente legal”.
¿Información duplicada?
Muchos banqueros cuestionan la necesidad de tal programa cuando las agencias de inteligencia de EE.UU. ya cuentan con acceso a grandes cantidades de información de la Ley de Secreto Bancario.
La Ley USA Patriot enmendó la Ley de Secreto Bancario en 2001 para dar a tales agencias, incluyendo la CIA, acceso a informes de actividades en efectivo, informes de transacciones en efectivo y otros documentos que las instituciones financieras presentan para “proteger contra el terrorismo”.
Dos años más tarde, un acuerdo entre la Procuraduría Federal y la Secretaría de Seguridad Interna nombró al FBI para que lidere las investigaciones y operaciones de financiación del terrorismo.
Ahora, los reguladores federales proponen medidas similares para obtener casi idéntica información.
Por ejemplo, la Red de Control de Crímenes Financieros propuso bajar o eliminar el límite de US$3.000 para el reportaje de giros de fondos—domésticos e internacionales. Tal propuesta obligaría a las instituciones financieras verificar las identidades de sus clientes y reportar todos los giros, incluso aquellos de US$2.
Tal iniciativa pondrá a todos los giros al alcance de los investigadores.
El hecho de que el gobierno esté obteniendo en forma secreta información es una bofetada para los bancos, dijo Jeff Dick, vicepresidente de The Bank Brevard, que cuenta con tres sucursales en Florida y maneja US$200 millones en activos.
Dijo que puede ser frustrante saber que todo el trabajo que los bancos están realizando para cumplir con las regulaciones antilavado es en vano cuando el gobierno obviará a los banqueros cuando necesite algo.
El gobierno siente que “puede hacer cualquier cosa que quiera en lo que respecta a la guerra contra el terrorismo”, dijo Dick. No sabe si los investigadores pueden “unir los puntos” entre la información que recogen bajo la Ley de Secreto Bancario y su acuerdo “secreto” con SWIFT.
