Por Brian Monroe
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La jueza federal de Los Angeles que invalidó partes de la Ley USA Patriot dos años atrás, resolvió el martes que el Presidente Bush violó la Constitución con su decreto ejecutivo del 24 de septiembre de 2001 que bloqueaba los activos de grupos considerados “terroristas globales especialmente designados”.
La Jueza de la Corte del Distrito Federal Audrey Collins rechazó específicamente los artículos del Decreto Ejecutivo 13224 de Bush y prohibió al gobierno el congelamiento de fondos de los grupos Tigres de la Liberación del Tamil Elam en Sri Lanka y de Partiya Karkeran Kurdistan, que representa a los kurdos en Turquía.
Ella dijo, en respuesta a la demanda presentada por el Centro de Derechos Constitucionales con sede en Washington, D.C., que Bush violó la Constitución al no detallar el proceso que usó para realizar la designación. Collins también dijo que no había método para apelar la decisión, ya que no se daban a conocer los argumentos.
El Departamento de Justicia de EE.UU. podría apelar la decisión. El vocero Charles Miller dijo que la jueza “erró” en porciones de las conclusiones de su decisión al encontrar que algunas porciones de la orden ejecutiva eran inconstitucionales.
Si bien la decisión posiblemente no tenga un impacto inmediato en las otras 25 organizaciones nombradas en la orden de Bush del 24 de septiembre, de los cientos de otros grupos en las listas de vigilancia del gobierno, podría pasar si otros presentan demandas legales, dijo Víctor Comras, ex funcionario del Departamento de Estado y actual consultor sobre financiación del terrorismo.
“Esto es definitivamente problemático”, dijo Comras.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (por sus siglas en inglés, OFAC), que supervisa las listas de terroristas especialmente, individuos y otros grupos especialmente designados, conservará los nombres de los dos grupos en su lista de vigilancia, que los bancos utilizan para vigilar que no se realicen transacciones en sus instituciones.
La única forma de eliminar a un grupo de la lista OFAC es a través de un proceso formal en el cual el grupo tiene que demostrar que no ha estado involucrado en actividades ilegales.
En 2004, Collins, quien fue jueza en varios de los casos que surgieron de la espectacular Operación Casablanca, declaró inconstitucional la disposición de la Ley Patriot que convierte en delito el proveer “asesoramiento experto o asistencia” a grupos terroristas “conocidos”.
