El juez chileno que investiga la fortuna del ex presidente chileno Augusto Pinochet emitió ayer una resolución en la que solicita su desafuero y en la que estima que la fortuna del ex hombre fuerte de Chile asciende a más de US$17 millones.
La decisión del juez Sergio Muñoz, que indaga la fortuna del ex dictador desde julio del año pasado, tras el descubrimiento de las cuentas secretas que mantenía en el Banco Riggs de Estados Unidos, se fundamenta en actos ilícitos referidos a “declaraciones tributarias maliciosamente incompletas o falsas”.
El juez Sergio Muñoz busca despojar al ex presidente de facto de su inmunidad no sólo por haber participado en la evasión de impuestos, que dieron origen a la causa, sino también por obstrucción a la justicia, destrucción de bienes embargados, realización de exacciones ilegales, y falsificación de instrumentos públicos, como es el caso de los pasaportes, entre otras irregularidades que se consignan en la resolución.
Muñoz también tomó en consideración que esto mismos pasaportes sirvieron para eludir la acción de la justicia española, en el proceso que tramita en ese país el juez Baltasar Garzón, así como también para abrir las cuentas en distintos bancos extranjeros.
Se suma a lo anterior otra falsificación, la del documento que apareció el año pasado con el membrete de la subsecretaría de Guerra, que daba cuenta de los gastos reservados que habría usado Pinochet durante sus primeros viajes después del golpe militar de 1973.
Muñoz elevó la resolución a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el desafuero del ex dictador y poder procesarlo como autor de los hechos descritos.
La situación judicial de Augusto Pinochet se complicó nuevamente tras la resolución del juez Muñoz.
El albacea y la secretaria
El juez Muñoz también sometió el jueves a proceso a Oscar Aitken Lavanchy, ex albacea de Augusto Pinochet Ugarte, y a Mónica Ananías, secretaria personal del ex dictador, en calidad de cómplices de delitos tributarios.
Para el caso de Aitken, el juez Muñoz señala que le cupo una participación en el ocultamiento de la identidad y dinero de Pinochet en distintas empresas de papel formadas en paraísos fiscales. En tanto, con Ananías, Muñoz asegura que le entregó al contador de Pinochet la información para que hiciera las declaraciones de impuestos, ocultando los demás antecedentes como las cuentas e inversiones en el exterior de su jefe.
Esta fue la primera resolución que dicta el juez Muñoz desde que asumió el año pasado el caso Riggs, abierto gracias a la investigación del Senado estadounidense que develó las millonarias cuentas bancarias que Pinochet y su familia mantenían en Estados Unidos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile pidió el procesamiento del ex dictador y de su albacea. Junto al SII, también son querellantes en la causa los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz.
Esta última, señaló al periódico chileno La Nación que la decisión del juez Muñoz ratifica que Mónica Ananías y Oscar Aitken, “son testaferros de Pinochet y es un indicio favorable para elevar los autos (antecedentes del proceso) para desaforarlo, al momento que se añaden estos a los antecedentes que ya existen sobre las evasiones cometidas por el dictador”.
