Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea.
La decisión del Juez Federal de Distrito William Hoeveler coloca la extradición de Noriega en las manos del Juez William Turnoff, quien tiene programada una audiencia para el martes sobre el pedido presentado por Francia.
Frank Rubino, abogado de Noriega, había argumentado que la designación de su cliente como prisionero de guerra – una designación hecha por Hoeveler poco después del juicio contra Noriega por tráfico de drogas realizado en 1992 – lo protegía frente al pedido de extradición. Rubino pidió que la repatriación de Noriega a Panamá se realizara inmediatamente después de su liberación de la prisión estadounidense, lo que ocurrirá el próximo 9 de septiembre.
Hoeveler dijo en su fallo de 12 páginas que el tribunal nunca pretendió que la condición de Noriega como prisionero de guerra lo “protegiera de todos los futuros procesos judiciales por la comisión de los delitos serios por los que se lo acusa…Pareciera que el procedimiento de extradición debería proceder ininterrumpidamente”.
A continuación indicó que “las actividades ilegales del acusado nunca fueron entendidas por esta corte como limitadas a Estados Unidos, ni a Panamá, y, así, es imaginable que pueda presentarse un pedido de extradición en el futuro”.
Lavando en Francia
Los fiscales franceses dicen que Noriega lavó más de US$3,15 millones a través de bancos en ese país y utilizó parte del dinero para comprar lujosos departamentos. Noriega fue condenado en ausencia por los cargos en 1999.
Hoeveler señaló en su fallo que Noriega ha tenido posturas cambiantes sobre si quería ser devuelto a Panamá. Dijo que sospechaba que Noriega ahora estuviera tratando de volver a Panamá porque “estaría protegido constitucionalmente de la extradición a Francia”.
Hoeveler dijo que la defensa no había “mencionado ningún defecto de la decisión de la corte” y no había ofrecido ninguna prueba de que Francia, igual que Estados Unidos, no fuera a cumplir la Convención de Ginebra en el tratamiento de Noriega.
“Tampoco hay nada en la Convención de Ginebra que diga que está prohibido cumplir un tratado entre partes (Estados Unidos y Francia) referido a la extradición por una ofensa criminal”, escribió Hoeveler.
Algunos observadores que tienen conocimiento sobre Panamá dicen que Noriega quiere regresar allí porque tiene muchos vínculos con el sistema judicial.
Al menos tres asociados a Noriega controlan importantes ramas del gobierno panameño – en las áreas de infraestructura, aduanas y justicia, dijo Ricardo Alba, consultor antilavado de dinero en Panamá.
“Creo que Noriega quiere volver a Panamá porque tiene amigos en el gobierno…y el sistema judicial y político en Panamá es corruptible”, dijo, agregando que Noriega también sabe que el país “no fue muy eficiente al solicitar su extradición a Estados Unidos”.
Rubino dio que él y Noriega están “decepcionados” con el fallo judicial. “Él enfrenta cargos por asesinato, extorsión y secuestro en Panamá”, dijo Rubino. “Es requerido en Francia por comprar un departamento. Y ahora Panamá simplemente dice, ahí lo tienen”.
Rubino dijo que si Noriega elige luchar contra esa decisión, el proceso de apelación podría llevar hasta un año. Si decidiera no hacerlo, podría estar “comiendo crepes” pocas horas después de la decisión del juez de enviarlo a Francia. Calificó a la decisión de Hoeveler como “pura política. No hubo nada jurídico en ella”.
