La decisión del juzgado Quinto Penal de Guatemala de enjuiciar al expresidente del congreso, Rubén Darío Morales, por los delitos de lavado de dinero y concusión, ratifica el elevado riesgo que representan las personas expuestas políticamente (PEP) -domésticas y extranjeras- para las instituciones financieras.
Una casa de bolsa, un banco de Miami, una empresa de importaciones / exportaciones y varios familiares del ex diputado estuvieron involucrados en el proceso que le permitió a Morales recibir US$ 78.000 de fondos ilícitos.
“Existen fundamentos suficientes para abrir un juicio contra el sindicado (Morales), consecuentemente se acepta la acusación del Ministerio Público (Fiscalía) por los delitos de concusión y lavado de dinero y otros activos”, declaró la jueza Claudia González.
El diputado Rubén Morales recibió la comisión por haber ordenado que se invirtieran US$ 2 millones de recursos del parlamento en la casa de bolsa Mercado de Futuro. Al mismo tiempo, la justicia guatemalteca adelanta otro juicio contra el también ex presidente del congreso, Eduardo Meyer, sucesor de morales en el cargo, a quien se le acusa de los mismos delitos por haber recibido comisiones ilícitas por ordenar que se invirtieran US$ 10,6 millones de fondos del parlamento en la empresa de valores.
El movimiento de los fondos
El escándalo surgió luego de que se detectara un faltante de dinero en las cuentas bancarias del parlamento. Según datos recaudados por la Fiscalía contra la Corrupción, el político y algunos miembros de su familia recibieron el dinero, que posteriormente fue consolidado en cuentas bancarias del ex diputado y una fue invertido en bienes inmuebles.
Una información publicada por el diario Prensa Libre afirma que la Intendencia de Verificación Especial explicó que la operación de legitimación se inició cuando la empresa Mercado de Futuro ordenó una transferencia por US$ 174.994 desde su cuenta en el Total Bank de Miami. El destinatario de los fondos fue la firma Exportaciones e Importaciones Cafetaleras, S.A., perteneciente a un ex trabajador del congreso llamado Byron Sánchez Corzo.
Posteriormente, fueron adquiridos tres cheques de gerencia, mediante los cuales se inició una operación de estructuración de depósitos en diversas cuentas:
1) Cheque 1: Q350.000 – Depositado en una cuenta en Banrural a nombre de Rubén Morales
2) Cheque 2: Q505.000 – Depositados en una cuenta de la empresa Proyectos y Supervisiones, propiedad de Christian Darío y Jonathan Saúl Morales (hijos del ex parlamentario)
3) Cheque 3: Q200.270 – Depositado a Branda Buezo de Morales (esposa)
El adecuado cumplimiento
Lavadodinero.com pudo conocer que varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) fueron presentados por el personal de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras, cuando se detectaron movimientos irregulares de los fondos en las cuentas relacionadas a Morales y a sus familiares.
Las instituciones bancarias guatemaltecas identificaron apropiadamente a Rubén Morales y le aplicaron el adecuado monitoreo a sus cuentas, así como también a los movimientos realizados por sus familiares, explicó una fuente relacionada al caso, quien pidió mantener su nombre en reserva. “Esto demuestra lo importante de hacer un adecuado seguimiento a los PEP domésticos”, señaló.
En las recién publicadas 40 Recomendaciones ALD / CFT del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se destaca la importancia de identificar, monitorear y aplicar la debida diligencia ampliada a las personas expuestas políticamente.
En la Recomendación 12, el GAFI señala: “Las instituciones financieras deben estar obligadas a tomar medidas razonables para determinar si un cliente o propietario real es un PEP nacional o una persona que es o se le ha confiado una función importante para una organización internacional. En los casos de relaciones comerciales más riesgosas con estas personas, las instituciones financieras deben estar obligadas a aplicar las medidas mencionadas en los párrafos (b), (c) y (d). Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de las familias o asociados cercanos de tales PEP”.
Además, la Recomendación 20 señala que “si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son el producto de una actividad delictiva, o están relacionados con la financiación del terrorismo, se le debe exigir, por ley, a que informen rápidamente de sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”. Eso fue exactamente lo que hicieron los oficiales de cumplimiento de las entidades involucradas, según afirmó la fuente anónima.
