Un reciente informe de Transparency International encontró que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas en todo el mundo.
El informe, “Barómetro de la Corrupción Global de 2004”, que fue hecho público el 9 de diciembre, encontró que el 60% de los países encuestados dio a los partidos políticos la más alta calificación en cuanto a la corrupción. Los parlamentos nacionales y las legislaturas se ubicaron en un segundo lugar como las instituciones más corruptas.
“Es hora de utilizar la cooperación internacional para hacer cumplir una política de cero tolerancia para la corrupción política y de poner fin a las prácticas donde los políticos se colocan por encima de la ley –robar de los ciudadanos y esconderse detrás de la inmunidad parlamentaria”, dijo Akere Muna, miembro del directorio de Tranparency International.
Según la encuesta, que entrevistó a más de 50.000 personas de 64 países, Ecuador, seguido por Argentina, India y Perú dieron a los partidos políticos las peores calificaciones. En general, los partidos políticos lograron una calificación de “4” en una escala de “1 a 5”, donde “5” era el más corrupto.
Los escándalos financieros de corrupción, el abuso de los privilegios de la inmunidad y el nepotismo contribuyeron a la falta de confianza del público con los partidos políticos y sus líderes, señala el informe.
La publicación del informe marca el primer año de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. TI urge a los países a ratificar la convención, que facilitará a los países congelar e incautar activos robados por sus políticos y extraditar a los líderes corruptos que buscaron asilo en el exterior. Trece países han firmado hasta el momento la convención –se necesita la firma de 30 países para que la convención entre en vigor.
Según el léxico internacional de lavado de dinero, los líderes políticos e importantes oficiales de los partidos políticos son considerados “personas expuestas políticamente”, o “PEPs”. En Estados Unidos, la Sección 312 de la Ley USA Patriot obliga a las instituciones financieras a conducir una diligencia debida reforzada en las cuentas de “altas figuras políticas”, sus familiares y allegados.
