Los políticos estadounidenses deberían comenzar a ordenar sus finanzas.
Un mayor número de políticos estadounidenses están enfrentando cargos de corrupción y de lavado de dinero. Además, importantes instituciones de EE.UU. están desarrollando políticas que se aplican tanto a figuras políticas extranjeras como domésticas, una tendencia que marca un giro en el enfoque de la industria sobre el riesgo.
Grandes instituciones financieras—incluyendo Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Citigroup—están examinando a los políticos estadounidenses con más detenimiento de lo que obligan las leyes y regulaciones.
“Las instituciones financieras más grandes y sofisticadas están imponiendo los estándares, y eso me sugiere que se está convirtiendo en una mejor práctica”, dijo Ross Delston, director gerente de a firma de consultoría Kalorama Partners. “¿Si espero que se convierta en norma? Absolutamente. No hay ninguna razón lógica por la cual exista distinción entre figuras políticas domésticas y extranjeras”.
Altas figuras políticas—también llamados personas expuestas políticamente o PEPs—son clientes riesgosos debido a que ganan “sueldos relativamente bajos” y tienen cargos públicos poderosos propensos a la corrupción, señala Delston. “Si ingresan a una institución financiera con una alta suma, es bueno saber la fuente de esa fortuna, sin importar dónde se encuentren”.
La sección 312 de la Ley USA Patriot obliga a las instituciones financieras a crear procedimientos “basados en el riesgo” para identificar todos los clientes y sus activos y evaluar “los factores de riesgo relevantes” para determinar quién debe ser estudiado con más detenimiento.
La regulación obliga implícitamente a los bancos a aplicar la misma “diligencia debida reforzada” sobre las cuentas de actuales y ex figuras políticas, sus familiares y allegados para detectar si los fondos—o parte de los fondos—“cuentan con dinero proveniente de la corrupción extranjera”, que incluye robo, malversación, desfalco de fondos públicos, soborno, extorsión o la conversión de bienes del gobierno.
Si bien las compañías financieras de EE.UU. no están obligadas a prestar la misma atención a las cuentas de figuras políticas domésticas, tienen la obligación de reportar actividades sospechosas y transacciones en efectivo por encima de los US$10.000.
“No hemos dicho ni estamos diciendo que las instituciones financieras no deben abrir los ojos a PEPs domésticos o que deben aceptar el dinero producto de la corrupción doméstica”, señaló Anne Marie Kelly, vocera de la Red de Control de Activos Extranjeros (FinCEN) de EE.UU.
Políticas proactivas
Es una tarea difícil. La mayoría de las compañías verifica los nombres de los clientes en listas gubernamentales e internacionales para determinar organizaciones sospechosas e individuos. Pero las listas armadas por organizaciones tales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros no otorga el estatus de PEPs a los individuos ni identifica a sus allegados y familiares.
“No hay nada que sea o se parezca a un lista oficial de PEPs”, señala Brendan Cohen, director de las operaciones en Norteamérica de World Check, una compañía de base de datos basada en Gran Bretaña. “La identificación del cliente es un proceso que se realiza una sola vez, pero el monitoreo de PEPs es un proceso constante. Si una institución sólo chequea listas gubernamentales, está terriblemente expuesta”.
Esa es una de las razones por las cuales Goldman Sachs desarrolló políticas de lavado de dinero que “no distinguen entre figuras políticas domésticas y extranjeras”, dijo Alistair Cowper, oficial de cumplimiento para Goldman Sachs en las Islas Caimán.
Goldman Sachs “cepilla” todos sus clientes todos los días y los compara con el sistema de base de datos de la corporación para determinar si son figuras políticas, allegados o si simplemente implican alto riesgo. El departamento de cumplimiento antilavado de la compañía descifra los falsos-positivos y envía los perfiles riesgosos a su grupo de inteligencia comercial para evaluación.
“Si detectamos que alguien está políticamente expuesto, lo analizamos muy de cerca para asegurarnos que el dinero que están trayendo no es producto de alguna incorrección política”, señaló Cowper. “Los bancos más grandes pueden ser mas perspicaces”.
Por lo menos una base de datos- World Check, que es una catálogo informático de registros públicos, noticias y listas gubernamentales, provee resúmenes de individuos y vínculos con listas externas y también cataloga como PEPs a los individuos conectados políticamente.
Las instituciones financieras pueden comparar sus clientes frente a su base de datos todos los días o cuando lo necesiten. Los usuarios pueden generar reportes para documentar sus búsquedas.
“Es importante que las instituciones evalúen su monitoreo de PEPs basándose en los estándares por los que serán juzgados”, dijo Cohen. “Es como un ciego guiando a otro ciego. Las instituciones no saben, las compañías de software y otros productos y servicios tampoco saben, y para ser honestos, los examinadores tampoco están seguros de lo que están buscando”.
Dentro de la “compleja estructura política” de Estados Unidos, “incluso los oficiales locales cuentan con el tipo de poder que obliga a una diligencia debida reforzada”, señala Delston. “Ese es un tema importante en un país tan grande como el nuestro” porque son muy difíciles de identificar.
Delitos de corrupción, como se incluyen en los delitos subyacentes al lavado de dinero bajo la ley federal, pueden servir de base para un procesamiento por ese delito. Si una institución financiera coloca a las cuentas de figuras políticas domésticas bajo un monitoreo más preciso, pueden detectar señales de incorrecciones políticas.
Con una supervisión reforzada, las instituciones financieras podrían haber descubierto las fechorías de Jack Abramoff, el otrora poderoso lobista estadounidense que ahora es el blanco de un gran escándalo de corrupción.
Abramoff se declaró culpable en enero de defraudar a cuatro casinos por millones de dólares, evasión fiscal, conspiración para sobornar funcionarios públicos entre otros.
Abramoff acordó entregar evidencia que incriminaba a varios miembros del Congreso, sus equipos de trabajo, funcionarios del gobierno de Bush y a otros lobistas de aceptar sobornos, contribuciones de campañas políticas, lujosos viajes, trabajos para sus esposas/os, entretenimientos y comidas a cambio de votos y favores legislativos. Al día siguiente de su acuerdo con el fiscal, Abramoff se declaró culpable de conspiración y fraude relacionado con la compra en el año 2000 de Casinos SunCruz.
Ese tipo de control y monitoreo podría haber reducido los riesgos asociados con el ex representante Tom DeLay. El congresista republicano, que alguna vez describió a Abramoff como uno de sus “amigos más cercanos y queridos”, fue acusado el año pasado en Texas de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero—cargos fundados en supuestas violaciones a las leyes electorales en 2002.
Durante una demostración online, una búsqueda de Abramoff en World Check produjo resúmenes de Abramoff, DeLay, familiares, allegados y conexiones mutuas, y los incluyó en la categoría de PEPs.
“No hemos visto todas las consecuencias del caso Abramoff”, señala Delston. “No sabemos cuál será el resultado final o qué casos saldrán a luz. ¿Representan estos PEPs domésticos un mayor riesgo para las instituciones domésticas? Mi respuesta enfática es sí. En estos casos me imagino a la policía diciendo que deberían haber sabido”.
La reputación es todo
En un ambiente con regulaciones cada vez más severas, las instituciones financieras pagan caro el precio por proveer servicios a clientes riesgosos, y lo saben.
Los reguladores estadounidenses no dudan en imponer penalidades de carácter civil a compañías que violan la Ley del Secreto Bancario o hacen la vista gorda a actividades ilegales. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha incrementado esos castigos con cargos criminales y confiscaciones.
Estas acciones—y la publicidad que las acompaña—no sólo afectan los bolsillos de las instituciones, sino también sus reputaciones.
“La reputación es todo. Todo lo que hace falta es una manzana podrida y prensa negativa. Ese es el mayor riesgo”, dijo Cowper.
La mejor forma de evitar el riesgo es “simplemente no tomar el cliente”, señala Delston.
La táctica, sin embargo, es más fácil para las instituciones más grandes que no tienen que competir, que para las instituciones más pequeñas que tienen que contar con clientes no precisamente ideales para sobrevivir.
“Pequeñas casas de corretaje con pequeños presupuestos pueden no tener el dinero para un monitoreo antilavado expansivo. Así que tienen que tercerizar estas operaciones a compañías como
Estándares internacionales
A pesar de que el Departamento del Tesoro mencionó el término “alta figura política extranjera” como guía para las instituciones financieras de EE.UU. durante el gobierno de Clinton, la legislación global sobre el término no apareció hasta que el Grupo de Acción Financiera Internacional más tarde exhortó a los países –en sus 40 recomendaciones—a promulgar leyes que obliguen a las instituciones financieras a monitorear cuentas de PEPs extranjeros. Esas recomendaciones no imponen medidas para PEPs domésticos.
La mayoría de los países “toman el camino más fácil” y requieren los estándares mínimos, dijo Delston. “¿Es razonable apuntar solamente a los PEPs extranjeros si se pretende atacar seriamente el lavado de dinero?
México, sin embargo, parece tomarse el tema con seriedad. El gobierno actualizó sus regulaciones antilavado para combatir la corrupción doméstica. Bajo las nuevas leyes antilavado que entraron en vigor este año, las instituciones financieras están obligadas a identificar y monitorear las cuentas de los PEPs locales.
Eso incluye a cualquier persona que ocupe un puesto público, que va desde el presidente hasta los fiscales, legisladores nacionales, provinciales y locales, y compañías estatales.
El Departamento de Finanzas de Canadá sugirió similares medidas el año pasado, pero hasta el momento la legislación no fue introducida formalmente en el Parlamento.
El departamento propuso enmendar la ley antilavado de 2001—Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act—para obligar a la instituciones financieras a realizar diligencia debida cuando existan “motivos razonables para sospechar” que una cuenta pertenece a un
El departamento de finanzas está revisando más de 50 comentarios de instituciones financieras, señaló el vocero del departamento Grez Scott.
La enmienda generó oposición y apoyo por parte de la Asociación Canadiense de Banqueros. En una carta de septiembre de 2005 al Departamento de Finanzas señaló que la propuesta “no es clara” porque muchos términos, tales como “
Sin embargo, también confirmó la necesidad de tales políticas. “Nos parece que la necesidad de identificar PEPs domésticos y extranjeros necesita un estándar más alto de los que provee la Tercera Directiva de la Unión Europea o las regulaciones de EE.UU.”, señala la carta. “Esta propuesta podría ser más fácil de implementar si se emitiera de vez en cuando una lista oficial de PEPs, así como se realiza con nombres de terroristas”.
Tal lista podría ayudar a aquellas instituciones que no pueden los costos que significan precauciones adicionales.
“Si hablamos de hacer algo antes que el resto, la mayoría va a decir que no es necesario hasta que todos lo hagan”, señala Delston. “Dentro de un para de años, todos lo harán. No es un tema que desaparecerá”.
