La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés), que en los últimos meses fue criticada por no haber actuado agresivamente ante las violaciones a la Ley de Secreto Bancario por parte de Riggs Bank, está planeando contratar más examinadores para que se enfoquen en el cumplimiento de esta ley y de políticas y prácticas antilavado.
Los examinadores serán contratados en forma temporal y deben contar con experiencia en cuestiones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, políticas y prácticas antliavado y con asuntos relacionados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“Contamos con unos 2.000 examinadores bancarios pero ha crecido la preocupación en cuestiones de lavado de dinero y del secreto bancario”, señaló el vocero de la OCC Kevin Mukri. “No necesitamos experiencia necesitamos más ayuda”.
Los exámenes relacionados con la Ley de Secreto Bancario y cuestiones antilavado de dinero son manejados por lo general por examinadores bancarios que evalúan bancos en cuestiones de cumplimiento y seguridad; pero la agencia está buscando crear un grupo de examinadores calificados para que lleven a cabo exámenes relacionados con cuestiones de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero para suplementar al actual equipo de trabajo. En 2003, la OCC contaba con el equivalente a 40 empleados dedicados a la supervisión de estos dos temas, según el testimonio de John D. Hawke, el ex contralor de la moneda.
La OCC fue muy criticada por su supervisión de Bank Riggs durante una audiencia del congreso en julio. Los miembros del panel criticaron la agencia por no investigar y atacar violaciones de la Ley de Secreto Bancario en el banco y por haber demorado en tomar medidas contra el banco. Riggs Bank pagó una multa de US$25 millones en mayo por no haber presentado informes de actividad sospechosa y por haber ayudado a dos ex dictadores (Pinochet de Chile y Obiang de Guinea Ecuatorial) a mover millones de dólares.
En la audiencia, Dennis S. Schindel, inspector interino del Tesoro, dijo que una auditoría conducida por su oficina en enero de 2000 encontró que la OCC “necesitaba mejorar los exámenes de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario”. Específicamente, la agencia “muy pocas veces refirió violaciones de la Ley de Secreto Bancario a FinCEN [la Red de Control de Crímenes Financieros]” y “no obligó a los examinadores a revisar los informes de actividad sospechosa presentados por los bancos”.
Mukri dijo que la decisión de reunir examinadores especializados no era una reacción directa ante la crítica del manejo del caso Riggs por parte de la OCC. En cambio, dijo, tiene que ver con la nueva atención que los ataques del 11 de septiembre dieron a los temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
