Por Colby Adams y Brian Monroe.
Ciertos fiscales estatales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estudian si los narcotraficantes están actuando como subagentes de bancos mexicanos que pagan en nombre de empresas remesadoras de los Estados Unidos.
Las consultas apuntan a determinar si los bancos examinaron en forma adecuada a los subagentes que trabajan en su nombre por posibles vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, dijo en una entrevista Cameron Holmes, fiscal de la Oficina del Procurador General de Arizona. Holmes se negó a comentar si estas consultas se habían elevado al nivel de una investigación formal.
Pero ciertas preocupaciones han llevado a los investigadores a discutir el asunto con los funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV), que regula el cumplimiento de los bancos mexicanos de las normas antilavado de dinero (ALD), mencionó. Las consultas involucran a agentes institucionales que trabajan con Western Union y otras empresas de servicios monetarios de Estados Unidos (MSB), comentó.
“Es una preocupación para fiscales y reguladores de Estados Unidos“, dijo Holmes, y añadió que las autoridades de [Estado de] Arizona han estado intentando utilizar facultades otorgadas por la Corte, en virtud del acuerdo de 2010 con Western Union, para estudiar las operaciones de las empresas remesadoras en México.
“Este es un agujero de miles de millones de dólares en el sistema antilavado en las remesas, del que me enteré en el último año y me dejó perplejo”, afirmó Holmes, quien también actúa como director de la Alianza Antilavado de Dinero de la Frontera Sudoeste (SWBAMLA) pr sus iniciales en inglés), una coalición de oficinas generales de fiscales estatales.
Los voceros de prensa de los fiscales generales de California y Texas se negaron a comentar si sus oficinas estaban investigando los negocios de México. El vocero de Western Union, Tom Fitzgerald, informó que no podía comentar sobre el tema, excepto mencionar que la empresa remesadora tiene “una buena relación de trabajo y cooperación con la policía”.
Por su parte, un vocero de MoneyGram mencionó que la compañía no ha sido informada sobre ninguna consulta o investigación formal.
El punto débil: “beneficiarios inexistentes”
La vulnerabilidad al lavado de dinero de los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) existe, entre otras razones, debido a la cadena de partes involucradas en el envío de divisas entre los países vecinos.
Una persona en los Estados Unidos le entrega dinero en efectivo a una empresa remesadora que ha contratado a un banco mexicano para que actúe como su agente y pague el dinero en México. Los bancos, frecuentemente dependen de sus propios agentes o subagentes de la empresa de envío en los Estados Unidos para que pague el envío en su nombre. Los subagentes a menudo son pequeños negocios, como tiendas de comestibles y gasolineras.
Pero mientras que a las remesadoras en los Estados Unidos se les exige por ley mantener registros sobre las personas con las que trabajan y asegurarse de que sus agentes cuenten con programas de debida diligencia, estas empresas no están obligadas a controlar los programas ALD de los subagentes que trabajan con sus contrapartes mexicanas.
“Western Union no sabe quiénes son [los subagentes] y no sabe dónde están”, dijo Holmes. “Todos lo que saben es que son personas que se conectan a un computador del banco, por ejemplo el sistema de Banamex o de algún otro banco grande”.
En algunos casos, los subagentes pueden no estar entregando el dinero a nadie, dijo Holmes. “[El agente del cartel en México] nunca vio al beneficiario, ya que el beneficiario realmente no existe”, explicó y agregó que “todo lo que [el subagente] hace es tener la información que se corresponde con el dinero en efectivo pagado en Los Angeles, Chicago, Nueva York”.
Una presentación de Western Union disponible en el sitio web de World Bank afirma que la empresa “lleva a cabo revisiones de todos sus agentes… al momento de la renovación del contrato o cuando se produce un cambio de control”, e intenta “obtener [un] alto nivel de información sobre sus sub-agentes, cuando existan.
“Un gran riesgo”
La posibilidad de que cárteles de la droga exploten el sistema de sub-agentes en México es “realmente preocupante”, dijo un ex oficial de cumplimiento de una gran empresa remesadora en los Estados Unidos que opera en ambos países. Mientras que el sistema de sub-agentes ayuda a las instituciones financieras a reducir los costos, también supone un “riesgo enorme” debido a que hay poca seguridad de que estos sub-agentes cumplan con las normas básicas de ALD, dijo la fuente.
Utilizar múltiples subagentes para mover grandes sumas de dinero sería una tarea relativamente fácil en México, porque muchas de las personas a menudo trabajan en la misma área, dijo la persona.
“Todos están en el mismo lugar, pero no se suman debido a que utilizan múltiples remesadoras… Esta es una gran tendencia. Aun cuando los subagentes [honestos] sepan que tienen que cumplir [procesos ALD], estos pueden ser intimidados por delincuentes que quieren lavar dinero” para que hagan la vista gorda sobre transferencias sospechosas, advirtió Ed Rodríguez, un ex agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés) de Washington, D.C.
¿Responsabilidad limitada?
Al igual que en los Estados Unidos, las lagunas en el régimen ALD de México para las remesas se ven agravadas por el hecho de que muchas remesadoras funcionan como pequeñas empresas, de acuerdo con Alberto Avila, un ex asesor de la CNBV.
“El error que México está tratando de corregir es que los subagentes [legítimos] a veces carecen de registros adecuados de las transacciones” de sus clientes. “Muchos de los pequeños negocios familiares que son sub-agentes de los bancos conocen a sus clientes muy bien y probablemente no han pasado ese conocimiento de sus cabezas al papel”, dijo Ávila.
En la mayoría de los casos, la única forma de que Western Union, MoneyGram u otras remesadoras puedan saber qué está pasando a nivel sub-agente es “aparecerse en persona e ir al negocio y ver si hay alguna persona real” implementando las regulaciones, precisó David Tilzer, ex examinador superior ALD del IRS en Nueva York.
Es “muy improbable”, sin embargo, que las remesadoras de los Estados Unidos se hayan expuesto a responsabilidad penal mediante la utilización del sistema de subagentes, considera Michael McDonald, quien también fue ex investigador criminal del IRS.
“Se trata de aplicar leyes de Estados Unidos a una entidad mexicana y eso no se puede hacer”, dijo McDonald. “Lo que la ley exige es que Western Union y MoneyGram hagan su debida diligencia sobre su pagador, que es el banco de México, esto incluye una visita in situ y la obtención de un programa escrito de ALD. Castigarlos por no conocer quién es, en esencia, el cliente del cliente de su cliente va más allá de los límites”, señaló el experto estadounidense.
La vulnerabilidad podría solucionarse si el límite actual de US$3.000 en el que las empresas de envío de dinero deben obtener identificación de sus clientes se redujera, dijo Holmes. “Ya que, en nuestro caso hipotético, tendrían que conseguir más nombres y fabricar más transacciones, y cuanto más lo haces, más te expones al análisis de patrones”.
Western Union y MoneyGram ya han establecido voluntariamente los límites de identificación a $900 y $1.000 respectivamente. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda un límite de identificación no mayor de $1.000.
Cambios en la regulación
Las empresas en ambos lados de la frontera podrían ser responsabilizadas con más severidad por escasa supervisión de los agentes en virtud de ciertas regulaciones finalizadas en septiembre por el FinCEN (Red de Control de Crímenes Financieros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La norma, que debería entrar en vigencia a finales de este mes, requiere que las entidades extranjeras que presten servicios monetarios en los Estados Unidos se registren con el FinCEN, independientemente de su ubicación.
El FinCEN, la policía y los reguladores bancarios “han dicho que van a perseguir empresas remesadoras extranjeras que no cuenten con programas de ALD” y podrían extender dicho control a los bancos de Estados Unidos y remesadoras que trabajen con esas empresas, dijo Rodríguez.
“Si alguno de estos sub-agentes se mete en un problema importante de ALD, los reguladores van a comenzar a hacer preguntas de las empresas en Estados Unidos con las que trabajan, por ejemplo: muéstreme cómo ustedes han certificado su programa de ALD y debida diligencia de los clientes”, advirtió Rodríguez.
Los subagentes han estado cada vez más en el radar de los investigadores en la región de la frontera suroeste desde finales de la década de 2000, con más investigadores sobre drogas y lavado de dinero pidiendo información y análisis de vínculos en los que participen empresas remesadoras extranjeras, agregó el experto.
En un informe anual publicado este mes, el FinCEN mencionó que estaba utilizando información de remesas de Western Union como parte del acuerdo judicial de febrero de 2010 para detectar actividad de envío ilegal y flujos de dinero entre las fronteras en colaboración con la SWBAMLA. La empresa remesadora acordó pagar US$ 94 millones en febrero de 2010, luego de que examinadores estatales descubrieran varias violaciones de cumplimiento ALD ligadas a la trata de personas y operaciones de narcotráfico.
El FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera de México también han compartido información financiera para estudiar los flujos de divisas entre las fronteras y colaboraron con los reguladores de la banca mexicana, incluyendo la CNBV, “para compartir información sobre los requisitos ALD” y “fortalecer las defensas de las entidades financieras de EE.UU. y México contra el lavado de dinero”, según el informe anual.
