En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Unión Europea obligará a los viajantes que entren o salgan de la Unión Europa con más de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaración de aduanas.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron esta medida –que fue propuesta por la Comisión Europea en junio de 2002—en una reunión en Bruselas de esta semana. La medida debe ahora ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.
Frits Bolkestein, comisionado de Aduanas e Impuestos de la Unión Europea, dio la bienvenida a la iniciativa que busca prevenir que dinero lavado llegue a manos de los criminales y terroristas.
Un informe de 2001 de la Comisión sobre movimiento de fondos entre países encontró que en un período de seis meses, entre septiembre de 1999 y febrero de 2000, 1.350 millones de euros (US$2.500 millones) en efectivo ingresaron y salieron de la Unión Europea. La Comisión no pudo determinar en qué grado los movimientos de efectivos son utilizados para lavar dinero. Sin embargo, concluyó que el gran volumen de efectivo que cruza las fronteras europeas representa un gran riesgo para los intereses de la Unión Europea.
Varios estados miembros de la Unión Europea cuentan con controles para monitorear el movimiento de efectivo en sus fronteras, pero sus reglas varían considerablemente. Además, los controles existentes no distinguen entre el efectivo que ingresa de los países miembros de la Unión Europea y el que ingresa de otros países, según la Comisión. La nueva medida fija una “política más europea” para controlar el movimiento de efectivo.
La medida:
–Obligaría a los viajantes a declarar si están llevando más de 10.000 euros en efectivo, su equivalente en otras monedas, o instrumentos monetarios tales como cheques o cheques de viajeros.
–Permitiría que agentes de Aduanas congelen efectivo que no haya sido declarado.
–Obligaría a los países a iniciar procedimientos contra la gente que no declare dinero en efectivo o instrumentos monetarios por encima del umbral de 10.000 euros.
–Obligaría a los países a informar a las autoridades relevantes si existe sospecha de que el efectivo era transportado con el propósito de lavar dinero.
–Permitiría que los estados miembros provean información a las autoridades de los países que no son miembros de la Unión Europea cuando se sospechen vínculos con terrorismo.
