Casos
Al-Arlan sobreseído
En diciembre, un jurado de Tampa, estado de la Florida, sobreseyó a Sami al-Arian, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, de los cargos que incluían provisión de apoyo material a organizaciones terroristas del Medio Oriente. El veredicto inflingió una vergonzosa derrota al gobierno estadounidense en un caso al que los funcionario habían citado a menudo como un gran ejemplo del éxito que los Departamentos de Justicia y del Tesoro estaban teniendo al desentrañar y descubrir células terroristas financieras en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ahora debe decidir si vuelve a juzgar a al-Arian por los nueve cargos sobre los que el jurado no logró acuerdo, que incluyen lavado de dinero, conspiración para apoyar materialmente a organizaciones terroristas y la realización contribuciones para beneficiar a terroristas.
El caso fue seguido de cerca para ver si los fiscales podían abrirse paso entre la evidencia financiera y las actividades terroristas y atrapar a al-Arian. Los fiscales se enfrentaron con varios desafíos. Según una fuente cercana al gobierno, una parte de las razones por las cuales el jurado no condenó a al-Arian se debió a que mucha de la mejor evidencia contra él estaba desactualizada, obtenida selectivamente de una investigación que duró una década.
El caso posiblemente también fue obstaculizado por la decisión tomada el año pasado por el Juez de Distrito Federal James Moody, respecto a que para condenar a al-Arian por la entrega de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas, el gobierno debería tener que demostrar que él conocía su apoyo y que sus co-conspiradores se beneficiarían de las acciones violentas del grupo terrorista (Título 18, USC Sec. 2339B).
Líderes de “Cali Exchange” golpeados
La Administración de Control de Drogas de EE.UU. ha dado un duro golpe al gigantesco cartel de tráfico de drogas y lavado de dinero que operaba en Estados Unidos, Colombia, Brasil, República Dominicana y las Bahamas. Los investigadores descubrieron 28 cuentas bancarias, tanto locales como internacionales, utilizadas para canalizar más de US$10,2 millones de fondos procedentes del tráfico de drogas fuera del sistema bancario, de acuerdo con un comunicado de prensa de la DEA publicado en diciembre.
Denominada por los funcionarios de cumplimiento legal “Intercambio Cali”, es la tercera de una serie de exitosas operaciones realizadas bajo la Iniciativa de Rastro de Dinero de la DEA, un programa dirigido a quebrar las operaciones financieras ligadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con la acusación de 32 cargos, el grupo internacional de traficantes utilizó una gran variedad de métodos de lavado de dinero que incluían la entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo, transferencias cablegráficas, y el sistema del mercado negro de cambio de pesos (BMPE, por sus siglas en inglés) para lavar dinero en Miami, Nueva York y Chicago. El BMPE es un método de lavado a través del cual los dólares estadounidenses provenientes de la venta de drogas son cambiados por cambistas de monedas en Sudamérica. Los traficantes de drogas reciben pesos de los cambistas, quienes luego venden dólares provenientes de la droga a otros clientes en Colombia a través del sistema bancario de EE.UU.
Además de los cargos de lavado de dinero, diez de los acusados enfrentan cargos por tráfico de drogas.
INFORMES
Incremento del número de reportes en Australia
Las instituciones financieras han duplicado el número de informes de transacciones sospechosas que citan al lavado de dinero como la razón subyacente para presentar los informes, de acuerdo con un estudio publicado recientemente.
Desde el 2004 al 2005, la cantidad de informes que mencionaban al lavado de dinero fue de 2.237, un 63% más de los presentados en el período del 2003 al 2004, de acuerdo con el informe anual del período 2004-2005, del Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés). El AUSTRAC es la unidad de inteligencia financiera de Australia y es responsable por el monitoreo y análisis de los informes de transacciones sospechosas.
Aún así, a pesar del incremento en la cantidad de reportes sobre sospechas de lavado de dinero, la evasión impositiva, la estructuración y el comportamiento sospechoso por parte de los clientes continuaron siendo los temas subyacentes de mayor preocupación mencionados en los reportes de transacciones sospechosas.
La cantidad total de informes de transacciones sospechosas también aumentó, cerca de un 50%, según el reporte. El AUSTRAC atribuyó el incremento a las campañas de educación y los cursos realizados por la agencia para incrementar el conocimiento del tema de las instituciones financieras.
INVESTIGACIONES
Ex jefe de examinadores de la OCC pasa al Banco Riggs
Un informe del Inspector General del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha eximido a Robert Ashley Lee de las acusaciones de conflicto de interés que se centraban en el hecho de que Lee había aceptado un trabajo en el Banco Riggs sólo dos meses después de haber dejado la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), donde era inspector asignado para el Riggs.
Las circunstancias de Lee, que fueron puestas bajo revisión durante las investigaciones del congreso sobre los controles deficientes de lavado de dinero del Riggs y ayudaron a incluir una disposición en la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo aprobada el año pasado, que obliga a los examinadores bancarios de más antigüedad a esperar un año antes de aceptar un trabajo en un banco al que hubieran examinado previamente.
Los legisladores de EE.UU. solicitaron la investigación de Lee durante el proceso sobre las deficiencias de cumplimiento descubiertas en el Banco Riggs. En marzo del 2004, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al Banco Riggs con una multa de US$25 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, principalmente por la omisión de presentaciones, o por presentaciones de informes de actividad sospechosa en forma incorrecta, sobre las transacciones de alto riesgo de clientes controvertidos, incluido el ex dictador de Chile Augusto Pinochet.
Lee fue inspector de la OCC desde 1998 hasta su retiro en octubre de 2002. Pocos meses después, asumió su cargo en el Riggs.
GUIAS
Próxima publicación del manual de revisión anual de EE.UU.
A partir de ahora, las agencias bancarias supervisoras federales publicarán una versión actualizada del nuevo Examen sobre la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero consolidado en forma anual, lo que ayudará a las instituciones financieras a mantenerse actualizadas con las expectativas de los examinadores.
El subcomité sobre asuntos de examinación del Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario (BSAAG, por sus siglas en inglés), formado por reguladores, representantes de agencias de cumplimiento legal y del sector privado, tomaron la decisión en una reunión realizada en Washington, D.C. en diciembre. El BSAAG fue creado en 1994 y es presidido por la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU.
El subcomité, cuya misión es guiar los procedimientos interagencias de examinación, también analizó la inclusión de modificaciones al manual sobre temas específicos, si fuere necesario. De acuerdo con un asistente que pidió no ser identificado, las agencias pueden publicar actualizaciones provisorias del manual si, por ejemplo, se publica una regulación nueva.
El manual de examinación de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero fue publicado el 30 de junio por los cinco reguladores bancarios de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros y el Consejo Federal de Examinación de Instituciones Financieras para asegurar la consistencia del proceso de examinación.
SEGUROS
Consulta de aseguradores de vida
Preparándose para el 2 de mayo de 2006, cuando será responsable de la implementación de las amplias regulaciones antilavado de dinero, la gigantesca industria del seguro de vida de EE.UU. ha comenzado a agruparse para ver cómo enfrentará el desafío que de varias y significativas formas difiere de lo que han enfrentado sus contrapartes financieras más pequeñas en los sectores de banca y valores.
Los representantes del Consejo de Aseguradores de Vida de EE.UU. se reunieron en Washington, D.C. en diciembre con abogados y las agencias de cumplimiento para analizar los desafíos únicos del sector y cómo aplicar las regulaciones finales.
Las regulaciones, publicadas el 31 de octubre, obligan a las compañías de seguros de vida que emiten o suscriben productos de “alto riesgo” de lavado de dinero o financiación del terrorismo a crear e implementar programas antilavado de dinero y reporte de actividades sospechosas. Esos productos generalmente incluyen pólizas de seguros de vida con valor de rescate en efectivo y contratos de renta anual. La industria tendrá su propio formulario (el Formulario 108 del FinCEN). Su examinador será la unidad de Pequeños Negocios/Independientes del Servicio de Rentas Anual.
Uno de los mayores temas que enfrenta la industria bajo las nuevas regulaciones es cómo entrenar a los agentes y corredores, quienes típicamente venden productos de varias compañías. Las compañías no quieren someter a los agentes a sesiones repetidas de capacitación, sino que les gustaría trabajar juntas para crear un programa básico único. Aún más, la diligencia debida podría terminar siendo un tema importante. La industria recibe un gran parte de su negocio, el 50%, de algunas compañías de seguros gigantescas, en función de las comisiones por ventas. Esa forma de compensación, dicen muchos agentes de cumplimiento legal que trabajan en casos de lavado de dinero, invita de manera abierta a la “ceguera voluntaria” sobre la fuente del dinero y la ocupación de sus clientes.
REGULACIONES
Confiscación en Canadá
El Parlamento de Canadá ha resuelto que aquellos condenados por un delito relacionado con el tráfico de drogas también deberían demostrar que sus activos no fueron adquiridos con dinero sucio.
El Congreso aprobó recientemente el Proyecto C-53 que modifica al Código Penal (ganancias de un delito) y a la Ley de de Drogas y Sustancias Controladas, para obligar a “revertir la responsabilidad”. En otras palabras, pone la carga de la prueba de que los productos no fueron obtenidos con los beneficios de un crimen sobre aquellos condenados por el crimen. El proyecto será implementado una vez que reciba el Consentimiento Real, método por el cual los proyectos se convierten en ley en Canadá.
Actualmente, es tarea del gobierno el probar más allá de una duda razonable que los fondos o productos en cuestión son el resultado de actividades ilícitas. Y para poder obtener una orden de confiscación, el gobierno canadiense debe demostrar no solamente que la propiedad es el resultado beneficioso de un delito sino que también está conectado con el crimen por el cual la persona es condenada.
La medida también convierte a la confiscación en automática. Una vez que se convierta en ley, el Proyecto C-53 obliga al tribunal a emitir la orden de confiscación de la propiedad luego de la condena del acusado, a menos que éste demuestre que la propiedad no proviene del beneficio del delito.
La implementación de la modificación resultará en más confiscaciones, dijo Garry Clement, Jefe de Policía en el Servicio de Policía de Cobourg en Ontario, Canadá. Clement tiene varios años de experiencia como investigador de casos de lavado de dinero.
