Por Matt Squire.
El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliaría la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusión de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas offshore para evitar el pago de impuestos.
Los senadores Patrick Leahy y Charles Grassley pesentaron la medida el jueves pasado para obtener recursos que permitan contratar más investigadores sobre fraude hipotecario. El proyecto también anularía un fallo de la Corte Suprema emitido el 2 de junio en el que se resolvió que sólo los fondos netos y nos los fondos brutos obtenidos o derivados de delitos estaban sujetos a las leyes de lavado de dinero.
La medida probablemente sea muy apoyada por funcionarios del Departamento de Justicia de los EE.UU., organismo que indicó que el caso United States v. Efrain Santos produjo la interrupción de cientos de juicios e investigaciones vinculadas al lavado de dinero.
Si no fuera modificada, la decisión de la Corte Suprema llevará a que los “criminales financieros escapen de ser culpables simplemente por alegar que sus fraudes y esquemas ilegales no produjeron ganancias”, señaló Leahy, en una declaración. “Esta decisión errónea debe ser corregida inmediatamente, porque ya se han rechazado muchísimos casos de lavado de dinero”.
Específicamente, el proyecto Leahy-Grassley modificaría la Sección 1956(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos –una de las principales leyes penales de lavado de dinero de los EE.UU.– para definir como “ganancias” a “cualquier propiedad derivada de u obtenida o retenida, directa o indirectamente, a través de la comisión de una actividad ilegal específica, incluidas las ganancias brutas de esa actividad ilegal específica”.
La jurisprudencia Santos
En el fallo en el caso Santos, la Corte Suprema dijo que el dinero utilizado por una organización ilegal de juego de lotería para pagar a los empleados no estaba sujeto a las leyes de lavado de dinero, porque no se había originado en las ganancias de las actividades ilegales de la organización. El caso ha sido citado desde entonces por los tribunales como fundamento para no dictar condenas por lavado de dinero.
En octubre pasado, el Departamento de Justicia presentó una propuesta al Congreso que ampliaría la definición de lavado de dinero, y revocaría los efectos de la decisión del máximo tribunal, pero el proyecto no fue aprobado antes de fin de año.
El fallo judicial en el caso Santos ha paralizado a los investigadores y los fiscales en los casos de lavado de dinero, indicó Dennis Lormel, director administrador de IPSA International, en Washington D.C. y ex agente especial del FBI.
“Los ha perjudicado enormemente. Los fiscales llevan mucho tiempo investigando casos y el lenguaje empleado en el caso Santos fue realmente problemático y definitivamente un impedimento para las autoridades de control legal”, dijo Lormel.
Evasión fiscal y lavado
Además de referirse al caso Santos, el proyecto Leahy-Grassley también convertiría en “actividad ilegal específica” del lavado de dinero el depósito de dinero en cuentas offshore con el objetivo de evadir impuestos de los EE.UU., y por ende sería posible la realización de juicios penales bajo las leyes de lavado de dinero.
“Eso es generalizar demasiado y sustancialmente incrementa las apuestas de la evasión fiscal offshore”, dijo Greg Baldwin, integrante de la firma de abogados Holland & Knight en Miami, y ex fiscal federal.
Grassley respaldó un proyecto en marzo de 2007 que hubiera ampliado la lista de 200 actividades ilegales específicas aplicables a los delitos de lavado de dinero de manera que hubiera incluido todos los delitos federales y estatales que estuvieren penados con más de un año de prisión, incluida la evasión fiscal local y offshore. El proyecto no fue analizado por el Congreso.
El proyecto Leahy-Grassley está “enfocado de manera mucho más sensible”, dijo Baldwin.
El proyecto de ley también ampliaría la definición de “institución financiera” en las leyes federales de fraude, de manera de incluir a la industria no regulada de préstamos hipotecarios y ampliaría la protección antifraude a los bancos que hubieran recibido ayuda federal bajo el Programa TARP (Troubled Asset Relief Program).
La iniciativa también asignaría la suma de US$215 millones para 2010 y 2011, respectivamente, para la contratación de más investigadores de fraude y fiscales en el Departamento de Justicia y otras agencias federales, y fija la aplicación de la Ley de Reclamos Falsos a los casos de reclamos falsos o fraudulentos de fondos o propiedad del gobierno.
La industria de préstamos hipotecarios “no tiene absolutamente ningún espacio para bloquear la medida”, afirmó Lormel, agregando que el proyecto posiblemente sea aprobado. “No creo que esas compañías tengan la habilidad de hacer lobby que tienen las instituciones financieras. Además existe tal problema generalizado de fraude hipotecario que van a ser muy escuchados en el Congreso”.
