Una gran incertidumbre se ha generado en torno al proyecto de Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales presentado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante el congreso nacional, organismo que empezó este martes las discusiones del polémico texto.
La iniciativa del gobierno responde a una estrategia de promoción e impulso de la economía argentina, mediante la repatriación de aproximadamente US$123.700 millones de dólares que se encuentran en el exterior pertenecientes a ciudadanos argentinos, según informó el Ministerio de Economía.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo indicó que “el objetivo es que quienes en su momento no confiaron en el país y depositaron sus ahorros bien ganados en el exterior, puedan traerlo a la Argentina para incentivar la producción”.
Randazzo explicó que la iniciativa del gobierno no tiene el objetivo de beneficiar a aquellos que tengan causas penales” en la cuestión de repatriación de capitales, como tampoco “proteger la corrupción, como se dijo por ahí”.
Por su parte, el titular del Trabajo, Carlos Tomada, definió el paquete como “una medida para mantener el nivel de actividad económica y de empleo frente a las amenazas de la crisis internacional”.
Revisando el proyecto de blanqueo
El Artículo 27 del proyecto que analiza el Congreso, señala que el dinero “que se destine a la construcción de nuevos inmuebles, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agro-ganaderas, industriales o de servicios…” pagará el 1% de impuestos, en las condiciones que establezca la reglamentación, la que podrá fijar un plazo en el cual no se permita su transferencia.
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta oficialista es la promoción de los bienes raíces, es por eso que en su artículo 27, apartado “c”, el proyecto señala que la “Tenencia de moneda extranjera y/o divisas en el exterior, y moneda local y/o moneda extranjera en el país, por personas físicas, que se destine a la compra en el país de viviendas nuevas, construidas o que obtengan certificado final de obra a partir de la vigencia de la presente ley” pagará el 1% de impuesto.
De igual forma, el proyecto propone una tasa impositiva reducida de 3% para quienes inviertan el dinero repatriado en títulos del Estado, pero “Si los títulos se transfieren en un período inferior a VEINTICUATRO (24) meses se deberá abonar un 5% adicional”.
El gobierno considera que los recursos repatriados deberán ser incorporados a un fondo con el cual se creará una línea especial de créditos para el sector productivo. Una vez que se venzan los plazos establecidos, los titulares podrán disponer de sus recursos.
Es importante destacar que el proyecto establece que las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) no gozarán de los beneficios de la normativa, al precisar que quienes “ejerzan o hayan ejercido la función pública en cualquiera de los Poderes del Estado” están excluidos.
Peligro de lavado de dinero
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el mantener oculto el origen del dinero repatriado mientras se destine a promover la producción en el país. Algunos consideran que esto atenta contra la Ley Antilavado de Dinero aprobada en el año 2000 y las normas internacionales definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Artículo 32 del proyecto señala que los sujetos que efectúen la normalización e ingresen el impuesto especial gozarán del beneficio de no estar “obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan, ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas”.
“La prohibición de investigar el origen de los fondos que plantea el proyecto desnaturaliza la ley de lavado de dinero”, advirtió el parlamentario opositor Federico Pinedo en una nota publicada este miércoles por el diario argentino La Nación.
Contrariamente, el diputado oficialista, Díaz Bancalari, aseveró que el proyecto bajo ninguna circunstancia promueve el lavado de dinero y sostuvo que “no hay posibilidad de incurrir en ningún delito”. No se podrá “lavar dinero” con el blanqueo ofrecido por Cristina Kirchner “salvo que se me diga que alguien utiliza indebidamente los mecanismos, pero para eso esta la Justicia”.
El sector de los bienes raíces es considerado uno de los más utilizados por el crimen organizado para la legitimación de capitales. En tal sentido, el experto antilavado Ricardo Tondo expresó que el proyecto de ley plantea “una oportunidad para lavar dinero en los bienes raíces y de ser aprobada generará un boom inmobiliario en la Argentina”.
Tondo reconoce que para la economía argentina sería beneficiosa la repatriación del capital ubicado en el exterior, al afirmar que “si bien existe el riesgo de lavado, a la vez sería la oportunidad de que Argentina se consolide en la región Sur.
Perdón para corruptos
Adicionalmente los críticos de la ley afirman que es una amnistía a quienes han cometido actos de corrupción, porque en el mismo Artículo 32 indica que “Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal -incluidas las Leyes N° 23.771 y sus modificaciones y N° 24.769-, administrativa y profesional que pudiera corresponder, los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y por transgresiones que tuvieran origen en aquéllas”.
De igual forma, la normativa libra de toda responsabilidad a quienes han cometido fraude fiscal, al señalar en su artículo 32, que quienes repatríen sus capitales “quedan liberados del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales comprendidos en la presente normalización”.
No obstante, el artículo 40 mantiene la obligación de las instituciones financieras de cumplir con las normativas antilavado de dinero: ARTÍCULO 40.- Ninguna de las disposiciones de este Título liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes especiales no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria.
Presión extranjera
El Gobierno de los EE.UU. pidió que el proyecto de ley “respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero”, según lo publicado por el diario Clarín. “Confiamos que ante una eventual repatriación de capitales, se respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero”, sostuvo el embajador de estados Unidos en Argentina. Earl Wayne.
Mara Teckas, la vocera de la embajada americana, indicó que el lavado de dinero es un tema importante para su país y precisó que Argentina y los EE.UU. son buenos socios en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.
Según fuentes diplomáticas citadas por el diario La Nación, el gobierno de Estados Unidos envió 4 funcionarios del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado a Argentina para participar en una actividad antilavado organizada por la cancillería, pero al mismo tiempo tendrán la misión de mantenerse al tanto de lo que suceda en el congreso con las discusiones de la polémica ley.
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