El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado que le brinda a los fiscales mayores herramientas para trabajar, aunque las posibilidades y recursos para implementarla siguen siendo un interrogante.
La ley aprobada el 21 de julio, estipula herramientas para las autoridades para combatir el narcotráfico, lavado de dinero, financiación del terrorismo, secuestros, asesinatos, y también delitos de corrupción como fraude, peculado y concusión.
“En la nueva ley aparecen tres figuras importantes como los agentes encubiertos, las entregas vigiladas de droga y las escuchas telefónicas que son de gran ayuda a los esfuerzos de la ley”, dijo Celvin Galindo, ex fiscal anticorrupción de Guatemala.
La nueva ley permitirá a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía permitir el uso de agentes encubiertos entre grupos criminales y la entrega vigilada de droga sin la autorización de un juez, lo que algunos diputaros objetaron. La ley también crea la figura legal del delito de la conspiración para cometer delitos, antes inexistente en la legislación guatemalteca.
Un mal común: la falta de implementación
A pesar de que la nueva ley es bien recibida por las autoridades, uno de los mayores problemas que enfrenta es la falta de estructura y recursos para poder implementarla.
“El problema es que son tres figuras importantes dentro de la ley, pero también controversiales porque debe haber un buen mecanismo de procedimiento para poderlas aplicar. En principio debe haber una capacitación eficaz para los que van a ser agentes encubiertos, si no, va a haber problemas”, según Galindo.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, señaló que “es un buen punto de partida para fortalecer el combate al crimen organizado… ya teníamos dos años de estar diciendo que era algo realmente urgente”.
La policía guatemalteca estima que la ley va, a servir para cualquier fiscal si existen los recursos, si está bien aplicada y si se crea un buen reglamento de funcionamiento. “Eso es importante y que esté toda la infraestructura ya establecida. Así va a funcionar perfectamente. Pero ahora no hay presupuesto para la infraestructura o sea que, igual, no se la va a poder aplicar”, dijo Galindo.
Presión internacional
La aprobación de la ley había sido solicitada por la embajada estadounidense en Guatemala como una herramienta para combatir mejor los grupos de narcotraficantes que operan en el país.
Guatemala es uno de los principales puntos de paso de la cocaína que viaja de Sudamérica hacia Estados Unidos. Según datos de la embajada estadounidense en el país, más del 50 por ciento de la droga que llega a los consumidores estadounidenses pasa por ese país.
