Por Vanya Dragmanovich.
Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura resistencia por parte del sector bancario, advirtieron algunas fuentes consultadas.
A finales de agosto, el Comité para el Desarrollo Internacional del congreso del Reino Unido propuso una versión británica de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA por sus iniciales en inglés), una ley que permitirá a Estados Unidos retener hasta el 30% anual en las transacciones de los bancos que no firmen un acuerdo con las autoridades fiscales estadounidenses.
El Comité informó que la ley debe exigir a las autoridades fiscales de otras jurisdicciones el intercambio automático de los datos relativos a las entidades e individuos británicos. Es más, el Reino Unido debe utilizar su influencia con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, conocida como la OCDE, para persuadir a otras naciones a implementar también sus propias versiones de FATCA, dijeron los legisladores.
Los miembros del Comité aún tienen que dar más detalles sobre la propuesta y definir un marco de tiempo para su implementación.
Bajo los acuerdos FATCA firmados entre Estados Unidos y Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido, la información sobre saldos de cuentas, los depósitos y retiros brutos realizados por ciudadanos estadounidenses en el extranjero se intercambiarán automáticamente y no sólo bajo petición.
Las reacciones
“Dada la considerable dificultad que FATCA ha supuesto para la industria de servicios financieros, es evidente que para que esta propuesta sea aprobada requerirá una gran cantidad de esfuerzo político” en el parlamento británico, dijo John Christian, socio de Pinsent Mansons LLP (Londres).
Los legisladores británicos tendrán que responder el 22 de octubre a las recomendaciones hechas al proyecto de ley, de acuerdo con Nicholas Davies, el portavoz de la Cámara de los Comunes.
Por su parte, Nick Matthews, un miembro de la consultora londinense Kinetic Partners, aseguró que “habrá un montón de push-back de los bancos. Ellos ya tienen una larga lista de asuntos regulatorios que tratar, incluyendo FATCA” [de EE.UU.], y agregó que la propuesta es una buena idea que, no obstante, “requiere una gran cantidad de pensamiento normativo”.
Nicola Palios, consultor de MP Corporate Solutions, dijo que “en los tiempos que corren no creo que los bancos u otras instituciones financieras quieren estar apoyando a los evasores de impuestos”, pero el problema es que la propuesta pasa los costos de la presentación de reportes del pagador de impuestos (los individuos) a los negocios que el contribuyente utiliza (los bancos).
Una versión británica de FATCA puede ser “un instrumento contundente” que disminuiría la inversión en el Reino Unido, señaló Matthews. “Si, por ejemplo, tomamos un ciudadano del Reino Unido que viven en Nueva Zelandia y tiene ganas de invertir en acciones en el Reino Unido, este requisito adicional puede significar que el flujo de inversión extranjera se detenga”.
Sin embargo, según considera Christian, si la propuesta recibe la luz verde del gobierno, el primer escalón para su aplicación ya estará listo con el acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y el Reino Unido sobre FATCA. Según este acuerdo firmado en julio, los bancos del Reino Unido presentarán un informe sobre los clientes estadounidenses a HM Revenue and Customs (la agencia fiscal británica).
“Habrá un acuerdo de reciprocidad para que el IRS reporte información similar a la agencia inglesa”, dijo Christian, quien agregó que si el Reino Unido decide extender el intercambio automático de información fiscal con otros países, ya se han hecho las bases en los cuatro países principales de la UE. Hasta el momento, Alemania, Francia, Italia y España no han impulsado un proyecto similar para sus propios ciudadanos.
Adoptada en marzo de 2010 en Estados Unidos, FATCA requiere la participación de instituciones financieras extranjeras para informar los nombres, números de identificación fiscal, número de cuenta y los saldos de sus clientes estadounidenses que tengan por lo menos US$ 50.000. Para las grandes cuentas, los bancos participantes deben evaluar si sus clientes podrían ser ciudadanos de Estados Unidos mediante la revisión de las órdenes de transferencia y las relaciones, entre otros indicios. Las instituciones financieras no participantes estarán obligados a pagar un impuesto de retención del 30% en todos los pagos que pasan a través de los Estados Unidos.
