Por Brian Orsak
En los círculos antilavado de dinero, el nombre Augusto Pinochet sigue siendo una advertencia. El otrora poderoso dictador chileno fue acusado por fraude impositivo en noviembre de 2006, un mes antes de su muerte, después de que los investigadores presentaran evidencia de que él y sus asociados lavaron al menos US$100 millones a través de más de 125 cuentas bancarias en EE.UU.
Para algunas instituciones financieras, la difusión de esa información fue devastadora.
El Banco Riggs, que tenía su sede en Washington, D.C., por ejemplo, fue sancionado con una multa civil de US$25 millones por infracciones a la Ley de Secreto Bancario y se vio obligado venderse en julio de 2004 por las pérdidas financieras consecuencia del caso. Pinochet se convirtió en el parangón póstumo de la clase de figura política extranjera que se esperaba que las instituciones financieras monitorearan de cerca para detectar lavado de dinero y los riesgos por fraude.
Pero el mayor escrutinio sobre figuras como Pinochet puede cambiar en las naciones de la Unión Europea bajo una directiva ALD de 2004, que debe ser implementada en todos los países miembros de la UE este año, según los analistas.
Dado que la tercera directiva de la Unión Europea requiere que las instituciones financieras realicen un monitoreo más estricto de sus clientes públicamente prominentes sólo hasta un año después de que esos clientes hayan dejado sus puestos públicos, se establece una obligación mínima para esa diligencia debida. Es así como algunas instituciones financieras puede dejar de monitorear a políticos que hayan dejado de ejercer funciones públicas desde más tiempo atrás.
Como resultado de ello, puede ser que no detecten a algunos lavadores de dinero que sigan conectados políticamente, según Teresa Pesce, jefa de servicio ALD de KPMG LLP para América.
“Un año no siempre se aplica para toda la gente expuesta políticamente”, dijo Pesce, agregando que Pinochet había dejado su cargo 16 años antes de que se presentara la acusación contra él. “Pinochet estaba políticamente expuesto aún en la muerte, y todavía hoy seguimos buscando sus cuentas”.
Sin ser visto, ¿olvidado?
Las figuras políticas podrían dejar su cargo y mantener fuertes vínculos fuera de la mirada pública, dijo, señalando que ex políticos, como muchos ex presidentes, continúan teniendo influencia pública a pesar de no tener ningún rol formal en el gobierno.
Las instituciones financieras pueden elegir entre rastrear las transacciones de estas denominadas personas expuestas políticamente (PEPs) durante un plazo mayor a un año, como una mejor práctica bajo las guías emitidas.
Pero, el fijar un plazo para analizar cuidadosamente el monitoreo de las PEPs crea el riesgo de que las instituciones opten por ahorrar costos y esfuerzos cumpliendo con los requisitos mínimos, de acuerdo con Martin Owen, vicepresidente de desarrollo en la compañía de softwares y plataformas ALD Haydrian Corp., de Seattle.
“Esto es realmente administrar el riesgo de cumplimiento de las instituciones financieras y no su riesgo de lavado de dinero”, dijo Owen. “Existe un riesgo de que las instituciones dejen sus políticas de verificación de nombres que coincidan con los de cualquier individuo que haya sido una persona expuesta políticamente, más de un año en retrospectiva”.
Y las instituciones financieras podrían aplicar un plazo límite rígido “en forma mecánica”, sin considerar las conexiones que la ex figura política podría mantener después de dejar su cargo público, dijo Owen.
Hasta ahora, el Reino Unido, el único que publicó sus nuevas regulaciones ALD en julio, es la única nación europea que emitió regulaciones oficiales referidas al plazo durante el cual debe monitorearse a las PEPs. Pero otros miembros de la UE seguirán esta línea en lugar de ceder lo que podría percibirse como una ventaja comercial injusta al sector financiero del Reino Unido, dijo Owen.
Los estándares del Reino Unido, que fueron publicados en julio y entrarán en vigencia el 15 de diciembre, son parte de los esfuerzos del país por cumplir con los estándares de la UE, e incluyen disposiciones sobre los negocios de servicios monetarios y agentes de constitución de compañías.
Si bien aproximadamente el 98 por ciento de todas las instituciones financieras de América del Norte tienen procedimientos específicos vigentes para identificar y monitorear a las PEPs, el promedio internacional es menor, con los porcentajes europeos y de Asia/Australia en alrededor del 65 por ciento y el 42 por ciento respectivamente, de acuerdo con una encuesta sobre esfuerzos ALD globales realizada por KPMG en julio de 2007.
Reduciendo costos
Dado que las instituciones financieras internacionales no europeas considerarán al estándar de la UE como una forma de ahorrar dinero, ellos solicitarán a sus jurisdicciones que implementen un estándar similar, dijo Ross Delston, jefe de GlobalAML.com, consultora de cumplimiento con sede en Washington, D.C.
“Esto se convertirá en tema de debate fuera de la Unión Europea”, dijo Owen.
Aunque los costos reales que los bancos deban soportar no son claros, las instituciones financieras se han quejado durante largo tiempo de que deben pagar un costo demasiado alto por el cumplimiento ALD, en parte porque la definición de PEP todavía no es clara.
En marzo pasado, en una conferencia antilavado de dinero realizada en Nueva York, el ex director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) William Fox, pidió que los reguladores bancarios intercambien información con el sector privado sobre quién debería ser considerada una PEP, bromeando sobre el hecho de que él ya no sabía “qué demonios” era una PEP.
Bajo las reglas que implementan la Sección 312 de la Ley Patriot, las instituciones financieras estadounidenses están obligadas a realizar un monitoreo reforzado de las cuentas de las figuras políticas extranjeras senior y las de sus asociados. La regulación está limitada a las figuras políticas extranjeras con cuentas de banca privada que totalicen US$1 millón o más.
Dado que se espera que las instituciones financieras y sus proveedores analicen exhaustivamente las transacciones de los asociados y de los familiares de las figuras públicas, las instituciones financieras dijeron que es difícil saber dónde esperan los reguladores que ellas fijen el límite.
WorldCompliance, proveedor de soluciones ALD de Miami, mantiene una base de datos de 420.000 perfiles de políticos, sus familiares y asociados cercanos, y agrega 25.000 perfiles nuevos cada mes, de acuerdo con el sitio de Internet de la compañía.
Accuity, compañía ubicada en Skokie, estado de Illinois que vende productos de cumplimiento, dijo que mantiene una base de datos de 600.000 PEPs.
“Hay mucha gente expuesta políticamente allí afuera”, dijo Pesce. “Es muy oneroso para las instituciones mantener el nivel de diligencia debida y de escrutinio que se requiere”.
La directiva de la UE y las regulaciones del Reino Unido tienen como objetivo resolver esos problemas, según Delston.
“El enfoque del Reino Unido es una gran ayuda para las instituciones financieras”, dijo Delston, agregando que menos PEPs para monitorear no solamente significarán menores costos y menos recursos humanos dedicados al proceso, sino también una verificación de mayor calidad.
De acuerdo con el estudio de KPMG, las instituciones financieras citaron como principales dificultades para el establecimiento de un programa de monitoreo de PEPs la identificación de asociados y familiares de las PEPs, la identificación de situaciones donde clientes ya existentes pueden convertirse en PEP porque se modifique su condición, y la aplicación de los estándares PEP en países con estructuras políticas poco claras.
