Por Gonzalo Vila
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El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica reconoció que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero advirtió que el país “es especialmente vulnerable” a este tipo de delito y recomendó una serie de acciones para reforzar la estructura antilavado.
Según la organización, el primer factor de vulnerabilidad es el papel de Uruguay como paraíso fiscal. El país es un centro financiero offshore y corre riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente el proveniente de operaciones internacionales y de no residentes.
“Uruguay tiene un sector financiero diverso con un importante componente offshore, que atiende principalmente los mercados de América Latina… Su sector financiero se caracteriza por una concentración considerable de clientes no residentes y una economía altamente dolarizada. Las instituciones financieras uruguayas actúan intensamente en operaciones internacionales como depositarias y/o intermediarias para acceder a e invertir en los mercados internacionales”, señaló el informe.
En Uruguay creen que desde la última evaluación del GAFISUD en el año 2002, el país avanzó mucho en políticas y controles antilavado. “Si se compara evaluación con evaluación y se miran las observaciones de la evaluación anterior, Uruguay levantó mucho. Lo que pasa es que también este tema ha ido evolucionando y las exigencias son cada vez más”, dijo Andrea Testa, socia del estudio ABCT Asesores en Uruguay, y ex integrante de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. “Hay instituciones en Uruguay que son muy conscientes del tema antilavado y están controlando muy bien esos riesgos, tenemos la sensación que hay sujetos obligados en el país que están un paso más delante de las obligaciones”.
Faltan penas y recursos
Las fuerzas de ley y las fiscalías no cuentan con los recursos adecuados, lo que ayuda a una acumulación de casos penales atrasados, y los jueces o fiscales no han sido suficientemente capacitados para encargarse de casos de legitimación de capitales y financiación del terrorismo.
La ley y el registro de sociedades no proveen una adecuada titularidad y el control de las personas jurídicas, lo que facilita la utilización de cuentas bancarias con fines ilícitos en paraísos fiscales. “Dado que la ley y el registro de sociedades no proveen una adecuada transparencia sobre la titularidad y control de las personas jurídicas, una inquietud fundamental atañe al posible uso de sociedades de acciones al portador (especialmente las sociedades uruguayas offshore conocidas como SAFIs) para fines ilícitos”, señaló el informe.
Uruguay no prohibió las corporaciones SAFI, pero un proyecto de reforma tributaria que está en el parlamento propone anular las SAFIs, otorgándoles un período para que se transformen en sociedades anónimas o en otro tipo social.
Entre las recomendaciones que propone GAFISUD, se encuentra la de intensificar las inspecciones in situ de los agentes y corredores de bolsa y otras instituciones no bancarias que mantienen actividad internacional e incluso en los bancos que brindan esos servicios.
El organismo también sugirió fortalecer los controles en todos los sectores, en especial en las transferencias a cuentas en paraísos fiscales.
El informe reconoce que Uruguay adoptó en los últimos años medidas importantes para subsanar algunos de los puntos débiles del régimen antilavado. En 2004 y 2005, por ejemplo, se aprobaron dos leyes importantes (la Ley No. 17.835/2004 y el Decreto No. 86/2005) que, entre otros aspectos, introdujeron medidas contra la financiación del terrorismo y reforzaron la función de la unidad de inteligencia financiera.
“Tras la evaluación del GAFISUD en 2002, Uruguay creó una ley que entendemos es una de las mejores de Latinoamérica, y ahora el país se encuentra reglamentando el tema de las remesas transfronterizas. De repente faltan completar asuntos de implementación pero creemos que Uruguay ha avanzado mucho en los controles antilavado”, dijo Testa.
El informe fue emitido a fines de julio, cuando se celebró en Brasilia una reunión del GAFISUD, organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
