En España es muy común el uso de los llamados locutorios, desde los cuales se pueden realizar llamadas telefónicas nacionales e internacionales a un precio usualmente más bajo que el aplicado por los proveedores de teléfonos celulares, residenciales e incluso públicos.
Muchas veces los locutorios, conocidos en otros países como centros de comunicaciones, centros de llamadas, cabinas, entre otros, ofrecen servicios adicionales, como el de conexión a internet, fotocopias, impresiones y los más completos han incluido las remesas. Justamente este servicio agregado fue el que utilizó un grupo de criminales en España que legitimó más de € 100 millones a través de una red de locutorios.
La fachada
En junio de 2008, Jorge Luis Pujol, un inmigrante de 35 años procedente de República Dominicana, creó junto a su esposa (Minerva) la sociedad mercantil La Real de Envíos, domiciliada en la calle de Bravo Murillo de Madrid. Ambos tenían experiencia en el negocio de los locutorios, ya que desde hacía varios años estaban involucrados con este tipo de establecimiento comercial.
Además del negocio de las llamadas, Pujol, a quien también se le conoce como “El Terrible”, agregó el servicio de envío de dinero, principalmente utilizado por los inmigrantes latinoamericanos y africanos que residen en España.
Una agresiva estrategia de bajas comisiones por remesas (entre el 2% y el 3%) le permitió acaparar una buena parte del mercado rápidamente. Además, según indica su página de internet, ofrecía los pagos en República Dominicana en solo 30 minutos, mientras que los envíos de dinero realizados a Latinoamérica, Europa del Este y África en un plazo de 2 a 48 horas dependiendo del corresponsal de pago en el país de origen.
El éxito del negocio lo llevó a expandirse a la zona de Cuatro Caminos y seguidamente a Majadahonda y Alcobendas, a través de la compra de nuevos locutorios, llegando a reunir 50 centros mediante los cuales se realizaban cada mes más de 259.000 transacciones de remesas. El abrumador crecimiento registró durante varios meses la incorporación de un nuevo locutorio cada semana.
Los clientes de La Real de Envíos también podían realizar las transferencias de dinero a través de depósitos en cualquier agencia de los bancos Sabadell Atlántico, Caixa Catalunya, La Caixa y Grupo Banco Popular.
La metodología
Los locutorios son negocios que ofrecen varias ventajas para los grupos criminales interesados en legitimar dinero procedente de fuentes ilícitas, especialmente el narcotráfico. Aunque cada uno no suele mover grandes cantidades de dinero diario, cuando se juntan 50 centros en Madrid y sus alrededores se convierten en una eficiente red que permite mezclar fondos ilícitos con dinero circulante legal.
Generalmente los clientes de los locutorios pagan en efectivo por las llamadas telefónicas, golosinas, bebidas y cualquier otro producto que se venda en el local, lo que genera un gran flujo de dinero circulante de baja denominación, ideal para introducir dinero procedente de la comercio detallista de narcóticos, que usualmente se produce con billetes de poco valor.
La necesidad económica de muchos inmigrantes afectados por el desempleo en España creó el escenario ideal para que Pujol y sus cómplices encontraran a decenas de personas dispuestas a prestar sus nombres para realizar transferencias hacia Colombia y República Dominicana a cambio de una comisión.
Según informaron las autoridades policiales, la normativa actual española permite a cada ciudadano enviar € 3.000 cada trimestre al extranjero, pero normalmente los inmigrantes que viven en España envían entre € 200 y € 400 euros al mes, un margen que la banda utilizaba para hacer los envíos de dinero ilegal.
Actividades sospechosas
La efectividad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) quedó una vez más en evidencia, cuando las autoridades españolas fueron notificadas de las transacciones inusuales realizadas por clientes de La Real de Envíos. La mayoría de los ROS estaban relacionados a las remesas realizadas desde 14 locutorios ubicados en la zona Cuatro Caminos.
Los investigadores detectaron que algunos inmigrantes enviaban elevadas cantidades de dinero a sus familiares ubicados en República Dominicana y Colombia, a pesar de no contar con un trabajo fijo. “La base de este negocio estaba en que mezclaban el negocio legal con los envíos procedentes de grupos criminales organizados, sobre todo, de tráfico de droga”, explicó el inspector responsable del Grupo VII de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Judicial, que estudió la documentación relativa a las 259 mil transferencias mensuales que se realizaban desde distintas sedes de la red de remesadoras.
Un total de 28 personas fueron detenidas el 31 de enero de 2011 y se les imputa haber legitimado más de € 100 millones. Algunos familiares y empleados del negocio están siendo investigados. La policía española decomisó € 500 mil en efectivo, pasaportes falsificados y listados de remitentes y beneficiarios en los allanamientos realizados.
Voceros de la policía afirmaron que desde hace un año tenían pruebas de las actividades ilícitas de la pareja dominicana, pero le permitieron seguir operando para capturar a la red completa.
Algunas banderas rojas
- Un cliente individual realiza transacciones por montos elevados inconsistentes con el ingreso generado por su ocupación declarada.
- Un cliente comienza a cambiar frecuentemente billetes pequeños por billetes grandes, o viceversa, cuando el cliente normalmente no utiliza efectivo como forma de pago.
- Un cliente envía y recibe transferencias de dinero por montos iguales en el mismo o casi en el mismo momento.
- Un cliente recibe una cantidad de pequeñas transferencias de dinero y el mismo día, o en un plazo de varios días, inicia uno o más envíos de transferencias de dinero a una persona en otra ciudad o país por aproximadamente el mismo monto.
- Un cliente recibe o envía grandes transferencias de dinero a personas ubicadas en países extranjeros, especialmente países listados por organismos internacionales o Estados Unidos como jurisdicciones no cooperativas.
Nota Editorial: al cierre de esta edición, los detenidos estaban siendo procesados por el sistema judicial español y no se les había terminado de juzgar. Las autoridades policiales informaron que el caso permanece abierto y pueden producirse nuevas detenciones.
