Por Carla Valero
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Según un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2006, Panamá quedó en la última posición entre los países de América Latina. En el listado, que encabeza Finlandia como país menos corrupto, Panamá ocupa el lugar 88 de entre los 101 estados que aparecen en la lista.
Pero aunque del estudio se deduce que Panamá aun tiene mucho por hacer, el país ha intentado avanzar en el último año en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Uno de los ejemplos más claros es la “Operación Ley Patriótica”, un caso de lavado sin precedentes en el país, donde se descubrió un falso negocio de servicio de autobuses y taxis como fachada para esconder el dinero proveniente del narcotráfico.
Flota de lavado
Tres grupos de delincuentes formaban parte de una banda dedicada a lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de empresas de servicio de transporte público.
El grupo administraba una flota de autobuses del sistema urbano de pasajeros por la barriada Don Bosco, en las afueras de la capital panameña.
Los delincuentes compraban las licencias que permiten a los individuos en Panamá prestar el servicio de transporte público a sus actuales dueños. De esa manera, se penetraban en la prestación del servicio de transporte colectivo por medio de autobuses o taxis.
Mas que crear una empresa física, los delincuentes compraban con dinero sucio, a diferentes personas el certificado de operación, una concesión otorgada por el Ministerio de Justicia del gobierno de Panamá sin costo, y que en la práctica se intercambia en un mercado secundario por miles de dólares. Una vez en posesión del certificado, el delincuente por intermedio de un conductor prestaba el servicio, reunía el ingreso correspondiente y lo hacía circular en el circuito financiero.
En noviembre, a través de la “Operación Ley Patriótica”, llamada así por ser el mes de la patria en Panamá, se destapó la trama de lavado. La operación se saldó con cuatro detenidos y dos personas muertas además de la incautación y cancelación de los permisos de operaciones a los propietarios de los vehículos la semana pasada.
Entre los vehículos decomisados se encontraron además de 16 autobuses y 30 taxis, coches de gran valor, documentos sobre varias propiedades como apartamentos y casas.
Las normas de prevención de lavado de dinero de Panamá establecen una rigurosa inspección de las sociedades anónimas cuyas operaciones no tengan un fin operativo o legal justificable, algo similar a la Ley USA Patriot de EE.UU.
Según Ricardo Alba, experto y autor sobre la prevención del lavado de dinero, “en el caso de la “Operación Ley Patriótica” los delincuentes usaban esas sociedades para encubrir operaciones contrarias a la ley, como es el caso de blanqueo de capitales, o para operaciones de elusión fiscal”.
Plan de Seguridad Integral incluye lavado
La “Operación Ley Patriótica”, forma parte del Plan de Seguridad Integral, un plan ideado por el presidente panameño Martín Torrijos en septiembre de 2005 con el objetivo de optimizar el manejo de los recursos políticos y financieros e integrar las diferentes entidades del estado, la fuerza pública y la social. El plan tiene un presupuesto de US$10 millones.
“Con el plan de seguridad, en el último año se han llevado a cabo varias operaciones especiales todas ellas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero” dijo Noris Vega, del departamento de comunicación de la policía de Panamá.
En Panamá, los casos de lavado de dinero están regulados a través de la Ley No.51 de 15 de julio de 1998, por la cual se aprueba el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Concretamente los delitos procedentes del blanqueo de capitales se encuentran tipificados en el artículo 389 del Código Penal que dice que quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera bienes, dineros, títulos valores, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, extorsión y precisamente robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito, será sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión.
