Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta México en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción realizaron el Seminario Internacional Sobre Corrupción y Lavado de Dinero.
El evento, que se realizó entre el 9 y 10 de febrero en Ciudad de México, sirvió para que reconocidos expertos analizaran los problemas y plantearan soluciones, justo cuando el Congreso de la Unión analiza un proyecto de ley antilavado propuesto por el gobierno nacional el año pasado.
El modelo español
Durante el seminario los expertos españoles explicaron ciertos modelos que aplica la nación ibérica para enfrentar el lavado de dinero. Javier Fernández Teruelo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo expuso que con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que entró en vigor el año pasado en España, se endurecieron las regulaciones a las instituciones financieras.
Este mecanismo jurídico hace énfasis en los procesos para detectar operaciones sospechosas, de allí la aparición de órganos internos y nuevos procedimientos para impedir el blanqueo de capitales a través de la banca.
El académico insistió que las actividades del crimen organizado no necesariamente tienen que ver con movimientos financieros irregulares, por eso hay que trabajar con los bancos para que la calidad de los reportes sea útil para detectarlos.
En resumen, se amplió el número de sujetos obligados, destacando la inclusión de las personas que comercien profesionalmente y reciban fondos en metálico o medios de pago al portador, por importe superior a € 15.000.
Si cumplen con los requisitos que convierten a una operación sospechosa de lavado de dinero, son remitidas directamente a un organismo del Estado, descentralizado de hacienda pública, que tiene exclusivamente la función de analizar los casos.
La ley de España exige además a las entidades establecer en sus filiales en el extranjero procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales, explicó Fernández.
Calificó como imperativo que en México se logren acuerdos urgentes, pues los que se dedican al lavado de dinero están en la cúspide de la delincuencia criminal, la cual posee recursos prácticamente ilimitados para no ser detectados.
Por su parte, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Jorge Malem, sugirió que dentro de la ley antilavado de dinero se inserten mecanismos para que la autoridad pueda identificar las fuentes de financiamiento irregular en la política.
“La relación entre el dinero y política se asemeja a una relación amorosa, terminan formando un matrimonio insoluble”, concluyó.
Métodos a la mexicana
Mientras expertos ibéricos hacían énfasis en el control riguroso del sistema financiero, otros advertían que un gran número de organizaciones criminales mexicanas desestiman utilizar la banca para legitimar capitales.
El transporte transfronterizo de dinero en efectivo es considerada como la figura más recurrente de este delito, de acuerdo con el análisis de funcionarios del país azteca participantes en este seminario.
Jesús Alberto Fernández Wilburn, director general de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Secretaría de Seguridad Pública Federal mexicana, expresó a los medios que “una de las modalidades que el crimen organizado utilizará para trasladar recursos, a raíz de las restricciones de transacciones en dólares, será el comercio exterior”.
Avizoró que las bandas organizadas en lugar de pasar los dólares en efectivo pasarán productos comercializados en el mercado formal o informal, por esta vía logran el objetivo de trasladar el recurso producto de la venta de la droga al extranjero.
El funcionario azteca llamó a “ser conscientes de que las capacidades no son para poder recoger 52 mil casos; tenemos que escoger los 20 o 40 mejores para poder ser más eficientes y certeros”.
Informó que actualmente la Policía Federal tiene en curso 30 investigaciones. “Es un monto pequeño, pero hay que tomar en cuenta que cada investigación implica una gran cantidad de recursos humanos y materiales, y generalmente son investigaciones de mediano y largo plazo, con duración de entre 8 y 10 meses”, dijo Fernández.
México y Estados Unidos trabajan de manera bilateral 15 casos de redes de lavado de dinero, algunos con hasta un año y medio de seguimiento exhaustivo. Allí se intercambia información de movimientos financieros sospechosos de ambos países.
“Una investigación, en promedio, se lleva entre 50 y 60 revistas y no se diga de investigadores de campo, que están en el día a día en la operativa de las personas, operando como infiltrados o agentes encubiertos u operando solamente con seguimiento”, destacó Fernández.
En el momento de su exposición el senador de la bancada perredista, Carlos Navarrete expresó que las operaciones para lavar el dinero requieren que las ganancias ilícitas entren a un circuito cada vez más sofisticado.
“Ya no son principiantes o novatos quienes realizan la tarea, sino despachos, contadores, son especialistas en temas hacendarios, y esto explica por qué en los últimos 15 años, según las cifras de la Procuraduría General de la República, sean miles y miles de millones de dólares, producto de las actividades ilícitas, que se inyectan a la economía formal del país”, refirió.
En números
Navarrete hizo algunos inventarios y balances sobre la realidad del lavado de dinero y la acción de las autoridades mexicanas:
· La Policía Federal no cuenta con capacidad para investigar los aproximadamente 52 mil casos de sospecha de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibe al año de parte de la banca y las instituciones financieras.
· Durante el 2010 se detuvieron a 15 personas y se confiscaron entre US$ 8 ó 9 millones; mientras que el blanqueo fue de US$ 10 mil millones.
· En los últimos 15 años se incrementó la actividad delictiva de cárteles del crimen organizado en más de la mitad del territorio mexicano.
· En 2009 fueron reportados 52 mil 958 operaciones inusuales, y hasta septiembre de 2010 el registro llevaba 34 mil 445. Estas investigaciones no culminan con grandes golpes que desmantelen bandas, redes o equipos profesionales.
UIF y sus reportes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), José Alberto Balbuena, coincidió que México ha generado en los últimos años 52 mil reportes de operaciones inusuales, comparado con Brasil (56 mil) o Canadá (67 mil), en el mismo periodo.
De igual forma se contabilizaron cuatro millones 300 mil operaciones relevantes, que se refieren a transacciones superiores a los US$10 mil. En Brasil se reportaron 1,7 millones; en Chile dos mil; en Colombia 277 mil, en Estados Unidos 14 millones y en Canadá seis millones.
Balbuena insistió que para consolidar sus acciones, la Unidad que dirige requiere que los bancos investiguen a los cuentahabientes para conocer sus fuentes de financiamiento y evitar que se les pueda ligar con actividades ilícitas por depósitos bancarios -por ejemplo- tras la venta de sus casas, vehículos o cualquier bien inmueble.
Recordó que los contadores públics, notarios, corredores y abogados, deberán informar sobre sus clientes y el origen de sus recursos como lo indica la Ley sobre Lavado de Dinero, para cumplir con los estándares y compromisos internacionales que tiene el país.
En detalle
· Diversos analistas han calificado la propuesta de iniciativa de Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, que el presidente Felipe Calderón presentó el año pasado ante el Congreso de la Unión, poco viable por no adaptarse a la realidad del país.
· Organizaciones de la sociedad civil, universitarios y empresarios exigieron al Congreso acelerar la aprobación de leyes en materia de reestructuración policial, derechos humanos y contra el lavado de dinero.
· México está en el centro de una serie de críticas por parte de diversos sectores nacionales y en la mira de organismos internacionales que califican sus políticas como muy débiles ante el crecimiento de las actividades de la delincuencia organizada.
