El pasado 19 de mayo la ONG mexicana Enlace Civil A.C. recibió una notificación del banco BBVA Bancomer donde le informaban que en no más de 31 días sus ocho cuentas bancarias en la institución serían cerradas.
Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es el brazo civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recibe y coordina los apoyos a las comunidades indígenas en el sur de México. Según la directora de la ONG Paulina Fernández la medida fue adoptada por BBVA Bancomer –firma financiera mexicana controlada por el banco español BBVA—para protegerse de lavado de dinero.
En un comunicado Fernández dijo que “cuando se les pidió una explicación, el gerente se negó, y sólo respondió que el banco debía protegerse del lavado de dinero y que él solamente recibía indicaciones de lo que debía hacer”.
Sin embargo, BBVA Bancomer niega que haya sospechas de que la ONG esté involucrada en lavado de dinero. “En ningún momento se dijo o se sugirió que la Enlace Civil o sus benefactores llevaran a cabo algún tipo de actividad financiera ilícita”, señaló Oscar Kaufman, director de comunicaciones de la entidad bancaria.
Si el banco hubiera detectado algún tipo de actividad ilícita, tendría que haberla reportado ante las autoridades, cosa que no hizo porque nunca se sugirió que existieran actividades ilícitas, agregó Kafuman.
El banco tampoco puede informar cuál fue el motivo para el cierre de las cuentas: “Existe en México una legislación muy estricta sobre temas de secreto bancario y no podemos compartir información referente a las cuentas de ninguno de nuestros clientes”.
Un mes antes el mismo banco también ordenó la cancelación de cuentas de otra ONG, Organización por la Salud Indígena Maya del Estado de Chiapas, la OSIMECH, una organización civil que se encarga de la formación de promotores de salud en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas.
Enlace Civil es una organización sin fines de lucro que apoya proyectos –productivos, educativos y de salud—de las comunidades indígenas en el sur de México. Entre sus donantes se encuentra el gobierno vasco, la embajada de Finlandia, municipios italianos y ayuntamientos catalanes, así como cientos de pequeñas organizaciones solidarias.
