La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana un proyecto que comenzó en el Senado para tipificar como delito la financiación del terrorismo y ciertas conductas relacionadas.
El proceso legislativo se aceleró luego de que la semana pasada la Procuraduría General de la República anunciara que se encuentra realizando una investigación para determinar si existe una célula vinculada con el grupo islámico Hezbollá en el país, y triangulación de recursos para financiar sus actividades. Los diputados mexicanos decidieron buscar la la aprobación de esta reforma que ya había sido avalada por el Senado.
Según el proyecto de ley se castigará con penas de hasta 40 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y prevé adecuar la legislación financiera para establecer sanciones más severas.
La nueva propuesta también reforma diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales. Crea el tipo penal de financiación del terrorismo y se incluyen los conceptos de amenaza y encubrimiento. También se agrega un capítulo sobre terrorismo internacional y se lo tipifica junto con su financiación.
Con las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, el procurador general de la República –o autoridad judicial correspondiente – tendrá la autoridad para solicitar información a la agencia de rentas del país, Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Reformas extendidas
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la reforma a diversas leyes podrá enriquecerse con los planteamientos de los legisladores, aunque señaló que “existe el consenso de los grupos parlamentarios para avanzar con el tema”.
“Los diputados analizarán la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamientos legales, para combatir el financiamiento al terrorismo”, agregó.
La reforma encaja en el marco de 12 acuerdos internacionales suscritos por México en esa materia, entre ellos la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ese decreto prohíbe a sus integrantes la financiación para actos terroristas y que cualquier persona provea fondos a quienes cometan o intenten realizar este tipo de ataques.
La nueva legislación también modificará las Leyes contra la Delincuencia Organizada, de Instituciones de Crédito, de Ahorro y Crédito Popular, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Sociedades de Inversión, del Mercado de Valores, la Federal de Instituciones de Fianzas, la General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
