A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita en México, los legisladores estadounidenses evalúan la opción de aumentar la cantidad de recursos financieros que aportan a su vecino del sur como parte de la Iniciativa Mérida.
En una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Exteriores, el subsecretario de Estado William Brownfield afirmó que “teniendo en cuenta las nuevas responsabilidades de la Unidad de Inteligencia Financiera en virtud de la nueva legislación contra el lavado de dinero aprobada a finales de 2012, se puede necesitar apoyo adicional para proporcionar actualizaciones y ampliar su centro de datos”.
La Iniciativa Mérida es un plan iniciado en 2008 por Estados Unidos para ayudar a México en la lucha contra los cárteles de la droga, combatir el lavado de dinero, reforzar la seguridad fronteriza, reformar el sistema judicial del país y fortalecer a los organismos de investigaciones.
Estados Unidos han utilizado el dinero de la iniciativa en el financiamiento de “cursos de formación especializada para mejorar a los cuerpos de policía, la recolección y análisis de inteligencia y la capacidad de lucha contra el lavado de dinero, así como la construcción de mando regional y los centros de control”, según un informe del Departamento de Estado.
A través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ya ha financiado la capacitación del personal de la UIF y actualizado el software y el hardware de la unidad, Brownfield dijo en la audiencia que se realizó a finales de mayo.
Con la nueva Ley antilavado –que entrará en vigencia el venidero 17 de julio-, México amplió el alcance de sus normas contra el lavado de dinero pasando de controlar solo al sector bancario a establecer obligaciones para el sector financiero no tradicional, no muy diferente de lo que hacemos en Estados Unidos, sólo que ahora estará más avanzado que nosotros, afirmó Jim Freis, el ex director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, quien agregó que la UIF mexicana ha recibido formación y ayuda financiera durante los últimos cinco años.
El reporte del Wilson Center
Las conversaciones en Estados Unidos coinciden con la publicación del reporte por parte del Wilson Center en el que se afirma que solo el 1% de los recursos que cruzan la frontera en entre ambas naciones es detectado por las autoridades, según indica el Reporte del Estado de la Frontera México-Estados Unidos, elaborado por investigadores de ambos países y publicado por el Wilson Center.
El informe indica que la frontera entre México y Estados Unidos requiere de más agentes aduaneros y no de más patrullas fronterizas. Además, el 69% de las armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas fueron compradas originalmente en Texas, California y Arizona.
Los autores del informe, Eric Olson y Erik Lee, consideran que ambos gobiernos se deben centrar en combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas a través del intercambio de inteligencia, y no tanto en las inspecciones que se hacen de los vehículos al azar en la frontera, ni en las detenciones que hace la Patrulla Fronteriza.
El estudio precisa que el desafío es tratar de “restringir las operaciones de los grupos del crimen organizado que utilizan la frontera para el tráfico de narcóticos ilegales, armas y dinero y participan en la trata de personas, así como otros grupos extrahemisféricos que podrían tomar ventaja de estas rutas de contrabando existentes para cometer actos terroristas”.
El reporte reconoce los esfuerzos binacionales, al indicar que “el intercambio de información entre los gobiernos de México y los Estados Unidos sobre los movimientos de las organizaciones criminales ha llevado a varios arrestos de alto perfil y la fragmentación de algunos grupos, y la cooperación día a día entre los oficiales de policía de primera línea y los fiscales de estados fronterizos también está aumentando a la par con los esfuerzos nacionales”.
