México y Argentina, dos países que han recibido severas observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus tímidas políticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden también en estar sólo a un paso para aprobar propuestas jurídicas que regulen la materia de manera amplia.
En el país azteca, el pasado 28 de abril el Senado aprobó por unanimidad y en solo 30 minutos de sesión la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento del Terrorismo.
Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos dieron el visto bueno, en lo general, a la propuesta presentada el 26 de agosto de 2010 por el Ejecutivo Federal mexicano. Se espera que en los próximos días la Cámara de Diputados haga lo propio.
Este recurso jurídico, surge en un momento clave en el cual fuerzas políticas nacionales e internacionales han puesto en el blanco la discusión ante la creciente influencia del narcotráfico y la violencia en territorio mexicano.
La exposición de motivos de la iniciativa legal hace énfasis en que el gobierno trata de imponerse ante el hecho de que “la delincuencia organizada financia violencia y corrupción”.
La propuesta en resumen
A grosso modo la ley aprobada en primera instancia crea la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera como organismo público descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se plantea poner límites al ingreso de dinero ilícito a México, partiendo del uso de información de inteligencia al supervisar operaciones específicas de transacciones internacionales.
Doce actividades estarán rigurosamente supervisadas como: concursos, sorteos y juegos; emisión de tarjetas de crédito, casa de empeño, actividades inmobiliarias y la comercialización de joyas y piedras preciosas.
Además la propuesta incluye obligaciones y regulaciones a quienes se dediquen al blindaje de vehículos, venta de medios de transporte, obras de arte, traslado y custodia de dinero y valores.
Los profesionales en materia contable, gestores y fedatarios públicos serán impactados por la regulación.
Las regulaciones con carácter de ley, que entrarían en vigencia este mismo año, buscan limitar y supervisar las operaciones financieras que superen los 100 mil pesos (US$ 8.200).
Argentina: Propuesta destrabada
Desde inicios del 2011, la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina aprobó más de veinte regulaciones para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ahora el poder ejecutivo del país sureño hace esfuerzos para que el parlamento dé el visto bueno a un nuevo marco legal, propuesto desde junio de 2010, que permita que el lavado de dinero pase a ser un delito autónomo en el Código Penal.
El pasado 4 de mayo de 2011, con 182 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta que entre otros aspectos incluye prisión y multas a quienes pongan en circulación en el mercado de bienes dinero proveniente de actividades ilícitas.
El titular de la UIF, de acuerdo con las últimas discusiones, deberá ser seleccionado por un “procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de sus candidatos”.
Previa a esta primera sanción, se registraron pugnas y grandes trabas entre la oposición y el oficialismo, alrededor del contenido de la ley. Algunas voces sugerían que era necesario una modificación del Código Penal antes de aprobar una ley antilavado.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y otros voceros gubernamentales han exhortado a la bancada opositora en el parlamento para que con celeridad aprueben la ley antilavado para que ese país evite sanciones y condenas por parte del GAFI.
El presidente de la UIF, José Stabella, aseguró a la prensa que esta legislación, “ayudará a la Argentina a posicionarse ante el mundo y, sobre todo, ante el G-20”.
En una entrevista exclusiva concedida a Lavadodinero.com el pasado mes de marzo, el mismo Sbatella destacó la necesidad de que la Ley fuese aprobada antes del mes de junio para evitar sanciones del GAFI: “Nosotros creemos que la tipología del delito de lavado como figura independiente no tendrá problema en ser aprobada. Sí hay algún problema en otros aspectos de la ley que toca las atribuciones de la UIF”.
