Por Verónica Moyano.
Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades deben enfrentar en relación con el crimen organizado y las actividades ilegales.
Al margen de constituir delito en sí misma, la minería ilegal concentra otros crímenes graves como el lavado de dinero, la trata de personas y daño al medio ambiente, así como efectos económicos y sociales negativos. Por tal razón, los gobiernos buscan avanzar en políticas que les permitan optimizar los mecanismos para erradicar este flagelo que representa una amenaza que va en aumento.
Métodos informales / ilegales
La minería ilegal se presenta de distintas formas, por lo que podemos decir que existen varios tipos:
• Explotación Artesanal: extracción de minerales realizada por mineros artesanales, sin permisos ni licencias para realizarla.
• Explotación Formal: minero o empresa que cuenta con los permisos y licencias para la explotación de determinado sector con un tope fijado para sus volúmenes de producción, que extrae y produce volúmenes muy por encima de lo permitido.
• Explotación Semiformal: mineros autorizados que venden su producción en el mercado negro o se abastecen de suministros a través de fuentes no autorizadas
Sea cual fuere la metodología utilizada, lo cierto es que el crimen organizado se ha filtrado en la explotación minera, a través de la cual ha encontrado una importante fuente de ganancias que utiliza para lavar el dinero sucio generado por esta y otras actividades delictivas. Incluye dentro de su proceder otros delitos como trata de personas, ya que generalmente se vale de los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes utiliza tanto para la extracción y procesamiento de minerales, como también, en muchos casos, para hacerlos figurar como responsables legales de sus actividades.
En algunas ocasiones, estas explotaciones mineras informales se constituyen como una significativa fuente de sustento para poblaciones enteras, dificultando el accionar de las autoridades en su intento por frenar el avance criminal.
Otro aspecto a tener en cuenta en la minería ilegal es el que vincula esta actividad con la violencia, el tráfico de armas y la financiación de grupos rebeldes. Al respecto se refirió el politólogo colombiano y docente universitario en Ecuador, Camilo Cruz, cuyas reflexiones fueron recogidas por el diario Los Andes de Perú en su edición del martes 19 de noviembre de 2013:
“Además, lamentablemente hay una conexión entre el lugar donde están los recursos minerales con los lugares donde están los grupos armados, porque los recursos minerales tienden a estar en las zonas más pobres de nuestros países, donde hay poca presencia del Estado. Entonces es fácil que estas actividades caigan en ámbitos ilegales, porque no hay una fuerte presencia del Estado”.
Ejemplo del extremo al que ha llegado la situación lo representa el enfrentamiento armado que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en la amazonia ecuatoriana entre militares y mineros ilegales del cual resultó fallecido un ciudadano de la etnia amazónica Shuar. Según se informa, tal situación de violencia se produjo en medio de una emboscada llevada a cabo por mineros ilegales en momentos que se realizaba un operativo por parte de la fuerza militar para desbaratar las actividades mineras ilegales y dar con sus responsables, ya que se contaba con información precisa que daba cuenta de que la región estaba “tomada” por las organizaciones criminales.
En el mismo sentido, en la última semana se dio a conocer la preocupación del gobierno colombiano por la intromisión de narcotraficantes en el negocio de las esmeraldas a través del cual estarían lavando el dinero producto del tráfico de drogas en la zona de Boyacá, donde además se temen posibles enfrentamientos armados, tomando como antecedente un conflicto de origen similar ocurrido hace más de veinte años en la misma zona del país.
En Perú, en la zona minera de Juliaca, al sospechar las autoridades la posibilidad de que organizaciones criminales estén actuando en la explotación y comercialización del oro es que se les ha advertido a los acopiadores y vendedores del metal precioso que serán investigados por lavado de activos. Así lo expresó el alto comisionado en Asuntos de Formalización Minera e Interdicción, Daniel Urresti: “Para las casas de compra y venta de oro, estamos sacando otra norma, también vamos a aplicar el lavado de activos, es decir, va a existir un control en las boletas sobre el origen del oro”.
Situaciones de este estilo se repiten a diario en distintas regiones de Latinoamérica, donde se hace necesaria una inmediata acción de las autoridades que trabajan a contrarreloj para dar con un programa integral que pueda terminar con este flagelo.
“Ventajas” que ofrece la minería al crimen organizado
Según consideran algunos especialistas, la principal ventaja que ofrece la minería ilegal a los delincuentes es que, la trata de personas y el producto resultante de la explotación (oro, piedras preciosas, etc.) suponen mayores posibilidades de ganancia pudiendo “colocarse” en el mercado más de una vez, distinto a lo que ocurre con la droga, por ejemplo. Esto se explica por el hecho de que en muchas oportunidades se ha advertido, por ejemplo, que cierta cantidad de oro que se extrae de un determinado país, es vendida a empresas creadas en otros países con el propósito de ser fundido y transformado, para luego volver a ingresarlo por canales subterráneos al país de origen, generando un círculo criminal que deja singulares ganancias y que se presenta de difícil detección para las autoridades de control.
Otro punto atractivo para los delincuentes es que el producto de la explotación minera es en sí mismo lícito, a diferencia de lo que ocurre con la droga. Si una organización criminal realiza una minuciosa labor para ocultar y disfrazar sus actividades de “producción”, luego la comercialización del producto que introducen en el mercado no supone indefectiblemente un delito como ocurre con el caso del narcotráfico.
Consideraciones del GAFI
En observancia del avance de las organizaciones criminales sobre la minería, distintos países de la región han ubicado al problema en el centro de las preocupaciones en relación a delitos como el lavado de dinero, buscando aplicar al sector todas aquellas medidas con las que sus países cuentan en materia de prevención del lavado de dinero.
A mediados de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional publicó una guía para adoptar un enfoque basado en el riesgo para los comerciantes y otros individuos involucrados en la comercialización y explotación de los metales y piedras preciosas.
Según la guía del GAFI, los metales preciosos cuentan con la ventaja de que se puede transportar mucho valor monetario en cantidades muy pequeñas y muy fáciles de trasladar. La comercialización de los metales preciosos es muy heterogénea en esencia, varía de modernas transacciones internacionales que se realizan a través de sistemas financieros a mercados informales muy locales; además los comerciantes de metales preciosos son muy variados, desde individuos muy pobres en las áreas más remotas y problemáticas de muchos países hasta algunos de los individuos más acaudalados y algunas de las compañías multinacionales con presencia en los principales centros financieros internacionales. También los métodos para realizar transacciones son muy amplios, van desde intercambios anónimos y pequeños de piedras en efectivo a negocios que se realizan en mercados bursátiles regulados por los gobiernos.
Según el GAFI, los comerciantes en piedras preciosas acostumbran realizar evaluaciones basadas en el riesgo debido al riesgo de robo o fraude, aunque debería agregarse un programa más amplio, formal y estructurado. Algunos de los elementos que el GAFI recomienda que se deben aplicar para que funcione un enfoque basado en el riesgo para prevenir y combatir el lavado de dinero a nivel nacional en la industria son:
• Tanto los comerciantes, como las autoridades competentes y los organismos autorregulados deben contar con acceso a información confiable y factible sobre las amenazas.
• Se debe poner énfasis en una cooperación sólida entre los legisladores, autoridades de ley, reguladores y el sector privado.
• Las autoridades deben reconocer que un enfoque basado en el riesgo no erradicará todos los elementos de riesgo.
• Las autoridades tienen la responsabilidad de crear una atmósfera en donde los corredores de piedras preciosas no teman ser sancionados cuando hayan actuado responsablemente y hayan implementado adecuados sistemas y controles internos.
Algunos de los factores que se deben tener en cuenta para determinar si un país puede o no representar un mayor riesgo en relación con una transacción de metales preciosos incluyen:
• Si existe una importante industria de la minería o comercialización de los productos—diamantes, joyas o metales preciosos—en el país donde se origina una transacción.
• Si se puede anticipar que un país será considerado una fuente de grandes cantidades existentes de diamantes, joyas o metales preciosos, con base en su riqueza nacional, prácticas comerciales y cultura, o si no se puede anticipar (por ejemplo grandes cantidades de joyas con oro en países pobres). Se debe tener en cuenta que el oro y la plata tienen un significado económico y cultural en muchos países en vía de desarrollo, y gente de pocos recursos pueden contar con estos metales y participar en el proceso de compra y venta.
• El nivel de supervisión del gobierno sobre los negocios y las leyes laborales en la minería y áreas de comercialización.
• Cuánto dinero en efectivo se utiliza en un país
• El nivel de regulación de la actividad.
• Si existen sistemas informales de banca en un país.
• Si operan organizaciones terroristas o criminales en un país, especialmente en pequeñas zonas mineras.
• Si existe acceso de un país a mercados competitivos u operaciones de procesamiento, por ejemplo el oro en Africa por lo general es refinado en Sudáfrica, Medio Oriente o Europa en lugar de EEUU, y una propuesta para refinar el oro africano en EEUU sería inusual y de mayor riesgo.
• Si las leyes, regulaciones y otras medidas antilavado de dinero son aplicadas y cumplidas en un país.
• Si se han impuesto sanciones, embargos o medidas similares contra el país.
