Por el Departamento Editorial.
El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha acogido con satisfacción las reformas emprendidas recientemente por las autoridades de Andorra para abordar los riesgos identificados, pero ha pedido una serie de mejoras.
En un informe publicado el 14 de noviembre, MONEYVAL dice que las autoridades andorranas han adquirido una comprensión bastante amplia de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta el país. Sin embargo, exige una política clara para supervisar la implementación de los planes de acción adoptados para mitigar esos riesgos.
MONEYVAL subraya que es evidente que ha existido un compromiso político en Andorra para realizar cambios radicales en la legislación relativa tanto al blanqueo de capitales como a la financiación del terrorismo.
Andorra adoptó su Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y planes de acción para abordar los riesgos en diciembre de 2016. Es su primer ejercicio mayor para considerar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los riesgos que enfrenta.
No obstante, el informe indica que las amenazas de lavado de dinero que enfrenta el país, la actual carga de trabajo judicial y de cumplimiento de la ley a la que se está expuesto, la complejidad de los casos, ciertas deficiencias en el marco legal y los procedimientos judiciales que parecen ser excepcionalmente largos, son preocupaciones clave que requieren más reformas por parte de las autoridades.
Mientras que las autoridades utilizan sistemáticamente la información financiera proporcionada por la Unitat d’Intelligència Financera d’Andorra (UIFAND, por sus iniciales) en el desarrollo de investigaciones de casos de blanqueo de dinero, la relación entre investigaciones, enjuiciamientos y las condenas posteriores obtenidas parece ser modesta.
Sin embargo, el reporte remarca que la cooperación y comunicación entre la UIFAND y las autoridades de cumplimiento de la ley parece ser intensa y fructífera. Entre otras cosas, incluye reuniones cara a cara que permiten a los interlocutores discutir todos los aspectos de los casos y preservar la confidencialidad de la información.
Por su parte, las sanciones de encarcelamiento impuestas por los tribunales a personas físicas son proporcionadas, disuasorias y se acumulan con multas que pueden ascender hasta 3 veces el valor de los fondos blanqueados.
Las autoridades parecen aplicar un enfoque razonablemente proactivo para perseguir la confiscación de activos. Esto significa que los activos obtenidos o lavados se persiguen incluso en los casos en que el principio de doble incriminación podría evitarlo, según indica el documento.
En ese sentido, la búsqueda de propiedad obtenida criminalmente es un proceso bastante complejo. Si bien las investigaciones financieras paralelas se llevan a cabo sistemáticamente, la falta de recursos humanos y el acceso limitado a las bases de datos por parte de algunas autoridades de cumplimiento de la ley arrojan dudas sobre la efectividad para identificar los ingresos.
El informe también señala que Andorra ha promulgado un robusto marco legal para penalizar el financiamiento del terrorismo y la ausencia de enjuiciamientos por este delito parece estar en líneas generales con el perfil de riesgo del país.
Del mismo modo, un régimen regulatorio limitado para el registro y la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) no se enfoca completamente, y no parece ser proporcional al riesgo de abuso de las OSFL para fines de financiamiento del terrorismo.
Existe un sistema para congelar las propiedades y los bienes de las personas identificadas en las listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU, por sus iniciales en inglés) para la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, Andorra no está tomando medidas suficientes para abordar todos los problemas relacionados con la proliferación.
En otro sentido, el informe concluye que, si bien las grandes instituciones financieras en Andorra evalúan y comprenden ampliamente sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, parece que estos riesgos pueden ser minimizados en cierta medida. También señala que las instituciones financieras más pequeñas y las Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (como abogados y contadores) parecen ser menos conscientes de los riesgos.
El informe señala que los limitados recursos disponibles para la unidad de inteligencia financiera del país han obstaculizado su papel de supervisión. Además, enfatiza la necesidad de un mejor compromiso estratégico y coordinación de actividades entre la unidad de inteligencia financiera y otras autoridades de supervisión.
Por otra parte, el informe expresa que la ENR incluye una evaluación bastante completa de los riesgos de lavado de dinero implicados en el uso de compañías fantasmas creadas en Andorra. También considera los riesgos de financiamiento del terrorismo presentados por las OSFL.
Se han tomado medidas para evitar el mal uso de las empresas andorranas. Una combinación de: (i) controles ejercidos sobre la inversión extranjera por el Ministerio de Turismo y Comercio; (ii) uso de notarios (que están sujetos a la Ley ALD/CFT); y (iii) el requisito de que las empresas con propiedad extranjera posean una cuenta bancaria (casi siempre en Andorra) son los elementos clave de un proceso integral para mitigar el riesgo de uso indebido.
