Por: Fernando Martínez
El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional se demuestra nuevamente con un caso que involucra a otra entidad suiza que venía siendo investigada desde hace 7 años.
Analistas consultados por Lavadodinero.com estiman que al paso del tiempo las autoridades de EE.UU afinan múltiples estrategias para detectar mecanismos financieros de evasión fiscal en el mundo entero, lo cual debe ser un alerta para las entidades financieras latinoamericanas.
“Errores y debilidades en el área de ALD cometidos en el pasado, pueden costar muy caro en el futuro a una entidad financiera”, coinciden expertos.
Recientemente el banco privado suizo Julius Baer aceptó pagar una multa de US$ 547 millones logrando así el diferimiento del juicio en tribunales estadounidenses, tras admitir que realizaba operaciones con clientes para evadir impuestos y esconder miles de millones de dólares en cuentas fuera del país norteamericano.
Detalles del caso
Este proceso se inició en 2009 cuando la entidad empezó a colaborar con las autoridades para buscar un acuerdo.
Dos asesores del banco, Daniela Casadei y Fabio Frazzetto se presentaron voluntariamente ante las autoridades estadounidenses para admitir que asesoraban a clientes norteamericanos para ocultar fondos mediante la apertura de cuentas con titulares registrados solo con un código, uso de terceras personas, compañías Shell y otros mecanismos financieros.
Según datos derivados de la investigación, hacia 2007 ese banco llegó a tener un total de US$ 4.700 millones en activos depositados en más de 2.500 cuentas abiertas a contribuyentes estadounidenses.
Los dos asesores de la entidad suiza en operaciones que se registraron entre 1990 y 2009 aseguraban a sus clientes estadounidenses que sus cuentas en Julius Baer no serían descubiertas o investigadas, ya que al contrario de UBS AG, el banco carecía de presencia física en ese país, después de haber cerrado su oficina de gestión en Nueva York.
“El banco no sólo se hizo la vista gorda con los evasores de impuestos, sino que en realidad conspiró con ellos para violar la ley”, afirmó el fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.
“Continuaremos procesando a las instituciones financieras a individuos que facilitan la evasión fiscal”, agregó.
El acuerdo de enjuiciamiento diferido con Julius Baer es el último de una serie de acuerdos entre los fiscales federales y los prestamistas suizos que han sido acusados de facilitar la evasión de impuestos.
En febrero de 2009, UBS AG acordó pagar $780 millones y revelar la identidad de miles de sus titulares de cuentas de Estados Unidos en los esfuerzos por resolver un caso similar.
Cinco años más tarde, Credit Suisse AG dijo que pagaría US$ 1.8 mil millones para el Departamento de Justicia y al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés), además de US$ 100 millones a la Reserva Federal, después de declararse culpable de ayudar a clientes ricos a evadir los impuestos y acceder a sus fondos en el extranjero con tarjetas de crédito y débito emitidas por los bancos.
Pagar multas: Un daño menor
Durante los últimos 8 años los 20 bancos más grandes del mundo han pagado a las autoridades de Estados Unidos por diversos tipos de violaciones de regulaciones más de US$ 235.000 millones, el equivalente a la economía anual de países como Portugal y Grecia, según informó en mayo de 2015 la agencia Reuters.
Manipulación de mercados, comercialización de hipotecas fraudulentas, violaciones de las sanciones económicas y, por supuesto, deficiencias en el cumplimiento antilavado son algunas de las principales causas de multimillonarias multas que han alcanzado hasta los US$ 8.900 millones, como fue el caso del banco francés BNP-Paribas.
Gran cantidad de estas multas se han impuesto gracias a una de las herramientas administrativas más poderosas que existe en el mundo de los reguladores: los Acuerdos de Diferimiento de Juicio (DPA por las iniciales de Deferred Prosecution Agreement). En la práctica, esta figura descansa sobre el mismo concepto del Non-Prosecution Agreement (NPA) -Acuerdo de No Enjuiciamiento-, que es evitar un proceso judicial mediante la firma de un acuerdo punitivo entre las autoridades y al entidad investigada.
HSBC (US$ 1.900 millones) y Standard Chartered Bank (US$ 327 millones) han pagado multas enormes, pero muchas otras instituciones como el Mercantil Bank (Schweiz) -filial del Banco Mercantil de Venezuela- han logrado acuerdos por montos menores (US$ 1.172.000- 14/04/2015), ya que las cantidades se acuerdan tomando en cuenta el nivel de las violaciones cometidas.
Muchas instituciones prefieren firmar un DPA antes que enfrentar a las autoridades en una corte federal estadounidense, lo que además de un mayor impacto económico, pudiera generar un mayor daño reputacional a la institución y hasta la pérdida de la licencia para operar en cualquier jurisdicción de EE.UU.
