Como parte del fortalecimiento de la guerra contra el narcotráfico adelantada por los gobiernos de México y Estados Unidos, autoridades de ambos países presentaron propuestas para ampliar las acusaciones judiciales contra los narcotraficantes, mediante la aplicación de cargos por los delitos de terrorismo y lavado de dinero, entre otros.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, introdujo la semana pasada ante el Senado una propuesta de reforma legislativa que permitiría relacionar más de 40 delitos a quienes estén siendo procesados por narcotráfico o por ser miembros de una organización criminal.
La propuesta del primer mandatario busca ampliar el régimen de imputación para establecer que un miembro de una organización delictiva, como un cartel de drogas o una banda de sicarios, sea responsable por los delitos cometidos por cualquiera de los otros miembros del grupo delictivo, aunque no hayan participado directamente en los otros actos criminales.
El basamento ideológico de esta reforma es que la función que desempeña cada miembro de la banda, permite el funcionamiento de toda la organización, por lo que entonces los individuos deben ser responsables por los actos del grupo.
De ser aprobada esta reforma, un narcotraficante pudiera ser acusado al mismo tiempo de otros delitos como tráfico de armas, tráfico humano, corrupción, robo de vehículos, terrorismo y lavado de dinero, entre otras actividades realizadas por el grupo criminal.
El presidente Felipe Calderón dijo al entregar la propuesta que la “sola identificación de la pertenencia de un individuo a la delincuencia organizada o asociación delictiva genera en la sociedad intimidación y zozobra, lo que le permite una actuación soportada por la capacidad de violencia y agresión desplegada por la organización a la que pertenece”.
Esta propuesta fue presentada luego del dantesco hallazgo de una fosa común con 140 cadáveres en Tamaulipas. “Los hechos y la opinión de la sociedad en general nos muestran que aún nos falta mucho por realizar; por ello, he convocado a todas las instituciones públicas a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de todos los habitantes de nuestro país”, indicó el primer mandatario mexicano.
Narco-terroristas mexicanos
Al mismo tiempo, pero de forma independiente a la iniciativa mexicana, el congresista republicano, Michaell McCaul, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una propuesta de ley, que de ser aprobada incluiría a los sangrientos carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas.
McCaul afirma en su propuesta que los “carteles de drogas extranjeros han utilizado tácticas brutales de violencia y la amenaza contra ciudadanos de Estados Unidos para proteger y ampliar su comercio de drogas, así como sus áreas de operaciones”.
El parlamentario indicó que “los carteles de drogas mexicanos reúnen todos los criterios legales para ser designados como organizaciones terroristas bajo la Sección 219 de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (Immigration and Nationality Act – 8 U.S.C. 1189):
a) Son organizaciones extranjeras.
b) Participan en actividades terroristas (según la definición estipulada en la Ley de Nacionalidad e Inmigración y en la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores) o tiene la intención de participar en hechos terroristas.
c) Sus actividades terroristas son una amenaza para los estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos.
El senador afirma que cuando un estadounidense es atacado por un grupo extranjero, esto se convierte “en una “amenaza para la seguridad de Estados Unidos y su gente”.
De ser aprobada la ley, el Departamento de Estado estadounidense designaría como grupos terroristas a la organización de Félix Arellano, el cartel de Los Zetas, la organización de Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Documentos relacionados
-Propuesta del Senador Michaell McCaull (disponible solo en inglés)
