Desde el primero de marzo, todos los negocios en Gran Bretaña que tratan con grandes cantidades de efectivo están sujetos a regulaciones antilavado que obligan a reportar actividades sospechosas bajo la ley de Proceeds of Crime (ganancias originadas en actos criminales) de 2002. Previamente, la carga de cumplir con regulaciones antilavado recaía solamente sobre los hombros de aquellas entidades reguladas dentro de la industria de servicios financieros.
Evocando las quejas de las instituciones estadounidenses, muchas industrias británicas ahora no tienen muy claro lo que constituye “actividad sospechosa”. Y debido a que las penalidades por no presentar estos informes de actividad sospechosa conllevan pesadas multas y hasta posibles condenas en la prisión, muchos están preocupados.
Esta inseguridad es muy posible que se transforme, al corto plazo por lo menos, en una ola de presentaciones “defensivas” que podría atorar un ya recargado Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera de Gran Bretaña, responsable de diseminar informes a las autoridades policíacas del país.
Una auditoría de KPMG de 2003 reveló que el brazo de crímenes económicos de NCIS cuenta con 58.000 informes de actividad sospechosa sin ser procesados. En 2003, se presentaron un total de 100.000 informes, más de cinco veces los 18.000 que se presentaron en el año 2000. Este año, el NCIS estima que el número se duplicará.
La decisión de Gran Bretaña de incluir instituciones financieras no bancarias dentro de la lucha contra el lavado de dinero concuerda con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que determina “las mejores prácticas” en este campo. También concuerda con la segunda directiva sobre lavado de dinero de la Unión Europea, que busca incluir a los abogados, contadores y otros potenciales profesionales que puedan facilitar el lavado dentro del grupo de entidades que deben presentar informes.
Si bien todos los negocios que negocian grandes cantidades de efectivo deben presentar informes, entre los que seguramente se verán afectados se incluye a:
- Abogados
- Contadores
- Vendedores de antigüedades
- Casas de remates
- Concesionarios de automóviles
- Casinos
- Joyeros y negociantes de piedras preciosas
- Agentes de bienes raíces
