Por Carla Valero
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El 70 por ciento de los negocios de loterías y el 65 por ciento de las notarias en Colombia no cumplen con la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), según las declaraciones de su director Mario Aranguren.
Desde el pasado mes de abril, los negocios de loterías y juegos de azar deben reportar a la UIAF operaciones sospechosas; los ganadores de premios mayores a US$10.000; los jugadores que compren fichas en un día por más de US$10.000; y luego de tres meses, presentar un informe si no se han presentado ninguna de estas operaciones.
Por su lado, desde el 1 de agosto los notarios deben reportar todos los actos jurídicos notariales que una persona natural realice en un mes por valor igual o superior a US$65.000.
Pero a pesar de estos requisitos, la Unidad ha recibido 1,276 transacciones procedentes de sólo el 30 por ciento de las loterías y juegos de azar. Y según datos de la UIAF, sólo el 35 por ciento de las 861 notarias del país enviaron la información requerida, un porcentaje “muy bajo” para las transacciones que se realizan, según Aranguren.
Esta escasez de reportes ha hecho que Aranguren pida a la Superintendencia de Salud, órgano que regula, controla y sanciona el sector de los juegos de azar, que investigue a aquellos negocios que no hayan cumplido con la normativa de reporte, es decir, que no hayan presentado informes de actividad sospechosa ni la ausencia de ellos.
Para Aranguren, investigar a estas empresas es importante ya que “el riesgo del sector recae en el alto manejo de efectivo y la dificultad de supervisión de esta actividad económica, lo cual hace que sea muy vulnerable para el lavado”.
Según Mario Mejia, superintendente de Salud, el organismo está coordinando con la UIAF la capacitación de una treintena de funcionarios de la Superintendencia “de forma que contemos con personal idóneo para llevar a cabo esta importante labor”.
Aranguren también ha solicitado a la Superintendencia de Notariado y Registro que investigue a las entidades del sector de los notarios porque hay una buena parte que tampoco ha cumplido con la obligación de reportar información a la UIAF.
La normativa de reporte para los notarios surgió en el año 2002 pero según Aranguren, “no se venía cumpliendo satisfactoriamente”, lo que hizo que la tuvieran que actualizar este año..Este sector no está exento de riesgo de lavado y que sobretodo “se utiliza la figura del testaferro para el traspaso constante de bienes a diferentes personas”, dijo.
Capacidad sancionadora para la UIAF
La UIAF se encuentra inmersa en la elaboración de un proyecto de ley a través del cual va a solicitar, entre otros aspectos, que se le otorgue la capacidad de sancionar el incumplimiento de reporte de actividad sospechosa y reportes de falta de actividad sospechosa de las personas naturales y jurídicas obligadas.
Según Aranguren, “este aspecto es fundamental para realizar las labores de detección de posibles operaciones ilícitas de los sectores reportantes, con lo cual es indispensable que en la UIAF tengamos la información oportuna y se cumplan los requisitos exigidos”.
La UIAF ha llegado a esta conclusión después de ver que algunas entidades no enviaban los reportes durante meses o los enviaban con errores y no podía sancionar esta actitud.
Además de este aspecto, el proyecto de ley también solicita ampliar la obligación del reporte de transacciones en efectivo a toda la sociedad incluyendo las personas naturales y jurídicas que realicen movimientos, transacciones u operaciones iguales o superiores a los US$5,000, remitiéndolas a la UIAF con el nombre, identificación, dirección de quien entrega y quien recibe el efectivo así como el concepto de la operación.
Aranguren dijo que este aspecto trata de un proyecto muy inicial que habría que reglamentar en el caso de su aprobación pero que lo importante es “que los ciudadanos entiendan que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo les toca directamente y es su responsabilidad combatirlo”.
