El régimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovación, según un informe publicado a mediados de abril.
El informe, preparado por el presidente de la recientemente creada Agencia para el Crimen Organizado Serio (por sus siglas en inglés, SOCA), Sir Stephen Lander, incluye serias críticas al actual sistema de IAS y ofrece 24 recomendaciones para mejorarlo.
SOCA, que fue creada el 3 de abril, reúne al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, el Escuadrón del Crimen Organizado, investigadores de activos ilícitos y tráfico de drogas de Impuestos y Aduanas, y a investigadores del Servicio de Inmigración Nacional especializados en delitos organizados relacionados con la inmigración.
Esta nueva agencia, según su funcionario de prensa, coloca a las agencias de inteligencia y operativas bajo un único paragüas a fin de racionalizar la lucha del país contra el crimen organizado y el delito de lavado de dinero asociado al mismo.
Nueva agencia, nuevas responsabilidades
Creada bajo la Ley de Delito Serio y Organizado y Policía del 2005, SOCA es la unidad de inteligencia financiera del Reino Unido y tiene la responsabilidad de contar con una base de datos de Informes de Actividad Sospechosa (IAS).
Entre sus prioridades está el “régimen IAS mejorado que entrega mejor información a las agencias de cumplimiento legal y un mejor servicio al sector de reporte” de acuerdo con el plan de la agencia para el presente año.
Sir Stephen comenzó analizando el actual sistema de reporte en julio del 2005, casi un año antes de que la agencia se volviera operativa.
Historia de puntos débiles
El régimen IAS del país, que también será evaluado este año por el Grupo de Acción Financiera, no tiene buenos antecedentes. Por ejemplo, un informe del 2003 preparado por la firma consultora KPMG, concluyó que los IASs no eran lo suficientemente útiles para las agencias de cumplimiento legal.
Un informe académico publicado más recientemente, preparado por Matt Fleming para el University College de Londres, y solicitado por la Asociación de Jefes de Policía, encontró que muchos de los problemas referidos por KPMG permanecen sin solución. En particular, Fleming indicó que la información obtenida de los IAS, era limitada y que había falta de comunicación entre aquellos que presentan informes de actividad sospechosa y los usuarios finales de sus informes.
Esa falta de diálogo es mencionada en el nuevo informe de SOCA, que también identifica otras falencias como una inadecuada tecnología de información e incumplimientos en la confidencialidad de los IAS.
Industria demanda respuesta
La falta de respuesta es aparentemente una de las mayores decepciones en la industria financiera. Terry Douglas, consultor senior de CCL Partnership LLP, una firma consultora antilavado de dinero. Dice que aunque las entidades financieras del Reino Unido se consideran a sí mismas bajo una gran presión para reportar, raramente saben si sus reportes tienen algún efecto práctico.
La nueva agencia ha prometido que la industria obtendrá mayor información sobre el destino de los IAS que presentan las compañías, dijo Douglas.
De hecho, la Recomendación 6 de la nueva revisión de SOCA indica que la agencia, en su facultad de unidad de inteligencia financiera, debería reportar de manera cotidiana sobre las operaciones del sistema IAS como un todo. Esos informes deberían incluir información como las tendencias de reporte, las evaluaciones de inteligencia y las tipologías, el predominio del lavado de dinero y los riesgos asociados, y la evidencia de “beneficios tangibles a los sectores que presentan reportes”.
Otras recomendaciones mencionadas en el informe incluyen el mejorar al ELMER, la base de datos que almacena los IASs, los esfuerzos en nombre de SOCA para incrementar la calidad de los informes presentados, y la publicación de guías sobre el manejo de los informes.
Las mejoras deben ser realizadas para octubre del 2007, según el informe. La fecha límite puede estar relacionada con el cronograma establecido bajo la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea, que requiere que algunas de sus recomendaciones “incluida la necesidad de brindar a la industria una respuesta detallada” entren en vigencia en diciembre del 2007.
